Ha caído sobre Madrid, en forma de estado de alarma, la pataleta autoritaria de un narcisista, irritado por un fallo judicial que el jueves pasado dejó en evidencia la insólita chapuza jurídica del Gobierno que preside y cegado por su obsesiva animosidad contra esta Comunidad Autónoma y su capital, que es la de España.
El vacío jurídico, la confusión de los ciudadanos, el estupor de tantos pequeños empresarios y trabajadores en estos días, solo tienen un único origen: la ilegal pretensión del Gobierno de imponer restricciones que afectan a derechos fundamentales en virtud de una “recomendación” del Consejo Interterritorial de Sanidad, aprobada por mayoría, no por consenso, y que el Ministerio de Sanidad publicó en el Boletín Oficial del Estado para que la Comunidad Autónoma simplemente aplicara al pie de la letra lo que el Ministerio de Salvador Illa había dictado, el confinamiento perimetral de la capital y de las ciudades de la Comunidad de más de 100.000 habitantes. Sometidas esas medidas al Tribunal Superior de Justica de Madrid (TSJM), este resolvió declarando la nulidad de aquellas por falta de habilitación legal. Es decir, para este Gobierno, da lo mismo una “recomendación” sin fuerza normativa alguna o un estado de alarma para confinar Madrid y restringir los derechos fundamentales de millones de ciudadanos. Y aunque sea muy tentador repartir responsabilidades a un lado y a otro, el que erró fue el Gobierno de Sánchez y eso es lo que el TSJM ha confirmado. El Tribunal Superior de Aragón acaba de declarar nulo el confinamiento de otra población –La Almunia de Doña Godina– por una orden comunicada del gobierno regional, insistiendo en que también aquí sería necesario el estado de alarma para un confinamiento general de la población sana y enferma.
El estado de alarma es a lo que ha recurrido el Gobierno para tapar con escándalo su mayúsculo error, uno más en la gestión de la pandemia. No se ha decretado porque las autoridades madrileñas no estuvieran haciendo nada contra la pandemia, sino porque el Gobierno de Sánchez cometió un grosero error jurídico y político, esos errores a los que suele conducir la arrogancia.
Ahora sabemos que el Gobierno de Sánchez tuvo en cuenta datos epidemiológicos atrasados, del 4 de octubre, para decretar el estado de alarma. Seguramente esos eran los datos que favorecían su discurso sobre Madrid. Lo cierto es que el confinamiento selectivo de diversas zonas y las restricciones a la actividad adoptados por la Comunidad venían dando resultado desde su introducción y los siguen dando; y, si además de los datos epidemiológicos, se tienen en cuenta los asistenciales, la evolución de la pandemia, dentro de una situación muy complicada, se estaba tratando adecuadamente sin asfixiar la actividad económica.
El confinamiento perimetral de Madrid ha suscitado dudas más que fundadas en muchos expertos que ponen en cuestión la posibilidad misma de su aplicación práctica. Es difícil hablar de confinamiento perimetral cuando millones de trabajadores y estudiantes entran y salen de Madrid todos los días para llevar a cabo su actividad –autorizada– bien en la capital, bien en otras ciudades, también teóricamente confinadas. No es lo mismo una ciudad como Madrid que una población pequeña de escasa población, con actividad económica y laboral mínima y concentrada.
Cuando España no anda sobrada de imagen en el exterior, el Gobierno de Sánchez ha entrado como un elefante en una cacharrería, estigmatizando a la capital, levantando el temor en el resto de España hacia Madrid y rodeándola de una sombra apocalíptica que daña a toda la nación y es injusta para la Comunidad y sus ciudadanos.
Los juristas podrán encontrar motivos de duda bien fundada sobre la necesidad y proporcionalidad de un estado de alarma que exige para ser adoptado que se trate de una situación que no pueda ser afrontada con los poderes ordinarios del Estado. Cuando se han dictado restricciones, limitaciones de aforo, obligaciones de higiene y prevención que han respondido a los rebrotes de la pandemia y son jurídicamente pacíficas, la decisión del estado de alarma no solo es errónea y desviada en sus propósitos, sino es posible que sea también inconstitucional. Y si bien para este Gobierno la inconstitucionalidad no parece que sea un motivo de gran preocupación, habrá que recordar que el Estado de derecho existe, aunque algunos lo vean como un engorro prescindible.
