Resulta llamativo que una buena parte de la opinión publicada –y parece que todo el Gobierno– asuma sin más que le corresponde a Marruecos decidir cuándo abre y cuándo cierra una crisis en su relación con España. Que para Marruecos toca promover la entrada masiva de sus nacionales, menores incluidos, para desestabilizar Ceuta, la crisis se abre. Que ya no conviene a los intereses marroquíes y a su relación con la Unión Europea la utilización de menores para irrumpir en una frontera comunitaria, el monarca marroquí da por cerrada la crisis. Pero las cosas no son así.
No se puede minusvalorar la importancia de la relación de España con Marruecos. Tanto que muchas veces parece que es España la que da mucha más importancia a esta relación que la que le atribuyen nuestros vecinos. Son dos países llamados a cooperar, necesitados mutuamente de esa cooperación, vinculados por un tupido entramado de intereses comunes, pero, al mismo tiempo, afectados en su relación bilateral por sombras de desconfianza que deberían despejarse. De eso se trata. La normalización de las relaciones bilaterales después de la grave crisis sufrida, no depende solo de declaraciones del monarca marroquí o del voluntarismo por parte española, sino de elementos objetivos de confianza que permitan restablecer el diálogo y la cooperación. Por esta razón, es muy difícil aceptar como un gesto de recuperación de esa confianza lo que se informa como la vuelta inminente a Madrid de la embajadora de Marruecos, Karima Benyaich, que se distinguió durante la crisis en Ceuta por sus declaraciones agresivas y amenazantes contra nuestro país y el Gobierno, en tono y contenido absolutamente incompatibles con su misión. No se puede pasar por alto que, con la frialdad que le caracteriza en la pura utilización egoísta de sus colaboradores, Pedro Sánchez ofreció la cabeza de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González-Laya, como prenda de reconciliación con Rabat, haciendo recaer sobre ella y su equipo del ministerio la responsabilidad de traer a España al líder del Frente Polisario para ser tratado de COVID. El director del gabinete de la exministra -un funcionario de notable trayectoria- se encuentra en el centro de la investigación judicial y se ha visto privado de la embajada en Moscú para la que ya había sido pedido el plácet. Lo cierto es que es absolutamente inverosímil que la exministra, y mucho menos su director de gabinete, tomara la decisión de traer al líder polisario sin la decisión de la Presidencia del Gobierno, que ahora elude su responsabilidad.
La relación con Marruecos debe ser objeto del máximo esfuerzo diplomático y político, pero es necesario establecer un marco suficientemente claro en el que situarla. No es una cuestión de voluntarismo sino de respeto; en este caso de respeto a la integridad territorial de España y a la integridad de sus fronteras que son, a la vez, fronteras de la Unión Europea. Es preciso prevenir que las prisas del Gobierno Sánchez por cerrar un capítulo tan poco edificante de su gestión de los intereses nacionales tenga como precio normalizar no tanto la relación con Marruecos, sino la inclusión en la agenda bilateral del tema de la soberanía sobre Ceuta y Melilla. Otra mesa de negociación en la que se someta a discusión la soberanía y la integridad territorial de España, simplemente no.
