La subida del salario mínimo aprobada por el Gobierno unilateralmente para 2024 supone un elemento añadido de dificultad para la contratación, especialmente, para los trabajadores de baja cualificación y los jóvenes. De nuevo la medida recae, mayoritariamente, sobre las empresas 4.500 millones de euros anuales que ya no estarán para contratar y para invertir en crecimiento futuro.
Además, el salario mínimo se ha mostrado ineficaz para luchar contra la desigualdad y la pobreza. Sirva como ejemplo que los cuatro países de la Unión Europea que no tienen salario mínimo, entre ellos Dinamarca y Suecia, tienen mejores niveles de desigualdad y pobreza que España, y sirva como ejemplo, que las reiteradas subidas desde el año 2018, hasta un aumento del 54%, no han servido para mejorar los niveles de desigualdad y pobreza en España que siguen siendo de los más altos de la Unión Europea.
Además, el salario mínimo es una herramienta poco inteligente, tiene poco sentido que distintas Comunidades Autónomas y Provincias con salarios medios tan dispares tengan el mismo salario mínimo. Tampoco tiene sentido que distintos sectores económicos, con necesidades tan diversas, tengan el mismo salario mínimo, o que trabajadores con distintos niveles de empleabilidad tengan el mismo salario. Y, además, existen alternativas a la subida del salario mínimo aprobada por el Gobierno.
Podríamos haber bonificado el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social con cargo al empleado y de esa forma los perceptores del salario mínimo podrían haber obtenido una remuneración mayor a la aprobada por el Gobierno, sin perjudicar las contrataciones por parte de las empresas. En definitiva, existen argumentos de peso para oponerse a la subida del salario mínimo y los problemas complejos del mercado laboral en España requieren algo más que soluciones simplistas para abordarlos.
Miguel Marín es CEO de AEI y responsable del área económica de FAES
