Legalidad y propaganda

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El artículo 1 de la Ley 11/2002 reguladora del CNI define el centro y fija sus deberes:

“El Centro Nacional de Inteligencia es el Organismo público responsable de facilitar al Presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones.”

Por su parte, el artículo único de la Ley Orgánica 2/2002 de la misma fecha establece el control judicial previo del CNI en los siguientes términos:

“1. El Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia deberá solicitar al Magistrado del Tribunal Supremo competente, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, autorización para la adopción de medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, siempre que tales medidas resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas al Centro.
2. La solicitud de autorización se formulará mediante escrito que contendrá los siguientes extremos:
a) Especificación de las medidas que se solicitan.
b) Hechos en que se apoya la solicitud, fines que la motivan y razones que aconsejan la adopción de las medidas solicitadas.
c) Identificación de la persona o personas afectadas por las medidas, si fueren conocidas, y designación del lugar donde hayan de practicarse.
d) Duración de las medidas solicitadas, que no podrá exceder de veinticuatro horas en el caso de afección a la inviolabilidad del domicilio y tres meses para la intervención o interceptación de las comunicaciones postales, telegráficas, telefónicas o de cualquier otra índole, ambos plazos prorrogables por sucesivos períodos iguales en caso de necesidad.
…./…
4. El Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia ordenará la inmediata destrucción del material relativo a todas aquellas informaciones que, obtenidas mediante la autorización prevista en este artículo, no guarden relación con el objeto o fines de la misma.”

Lo anterior tiene que completarse con el carácter secreto de todo lo referido a la actividad del CNI.

De la simple lectura de estos preceptos surge la pregunta: ¿para qué ha ido a Barcelona el ministro de la Presidencia? Y la respuesta no es otra que la de pagar nuevamente el tributo político que los independentistas de su coalición exigen para mantener a Pedro Sánchez en el poder. Solo que esta vez el independentismo cree haber hecho presa en un componente esencial de la seguridad del Estado como es el servicio de inteligencia, y reclama dictar las cabezas que tienen que rodar y hasta dónde tienen que llegar las investigaciones por el presunto espionaje mediante el software “Pegasus”.

Si no conociéramos la ilimitada capacidad de este Gobierno para producir el deterioro institucional más profundo, la imagen del ministro haciéndose perdonar por el independentismo sería simplemente ridícula. En las actuales circunstancias y dada la trayectoria de este Gobierno, esa imagen es, además de ridícula, extremadamente peligrosa porque subordina la estabilidad institucional y las exigencias elementales de defensa del Estado a los intereses estrictamente partidistas de preservación de una alianza política disfuncional y dañina para España.

El Gobierno da por bueno que el CNI es responsable de escuchas y que estas necesitan una investigación interna, externa y parlamentaria, con desclasificación de documentos incluida. Da por bueno, sin análisis forense alternativo que lo ratifique, que se han producido escuchas con “Pegasus” y que se han dirigido a todo ese número de personas; y da por buena la atribución al CNI, aunque niegue que se haya hecho ilegalmente, según ha difundido CitizenLab, en una operación que ha buscado el momento para generar la resonancia más escandalosa, precisamente cuando el Parlamento Europeo constituía la comisión especial para tratar las alegaciones de utilización indebida del ya famoso programa.

Las concluyentes afirmaciones del Gobierno en defensa de la legalidad de las actuaciones del CNI quedan contradichas con esta estrategia de apaciguamiento de la impostada indignación secesionista. Y de este modo, el CNI queda situado en el centro de una turbulencia cuyo núcleo es político más que jurídico, y busca el aprovechamiento que los secesionistas puedan hacer con sus exigencias de esclarecimiento de lo ocurrido.

No se puede poner razonablemente en cuestión que el proceso de sedición puesto en marcha por el independentismo catalán entra de lleno en las responsabilidades del CNI, según las detalla su ley reguladora. Y tampoco hay duda sobre la capacidad del CNI de pedir autorización judicial para la interceptación de las comunicaciones, con los límites subjetivos y temporales que la propia ley establece. El CNI tiene, por tanto, el derecho y la obligación de contar con la habilitación judicial necesaria para el desarrollo de su actividad cuando esta requiere de afectación de esos derechos fundamentales –inviolabilidad de domicilio y secreto de las comunicaciones–. Para este fin se estableció un sistema de control judicial previo que no puede ni debe eludirse. Sobre este punto, que es el esencial, no debe haber ninguna sombra.

Pero el Gobierno no hace sino alimentar la utilización política de este asunto por el secesionismo al asumir su escenificación indignada. Al actuar así, el Gobierno ofrece una lamentable imagen de debilidad y confirma dramáticamente su tóxica dependencia de unos socios que han demostrado –y siguen demostrando– su más descarnada deslealtad. Que un partido como ERC –cuyo líder se encuentra condenado en firme por sedición– pida que rueden cabezas por estas acusaciones, entra en el más oscuro surrealismo. Y lo mismo cabe de decir de sus socios de Junts. Sí; también a ellos como a cualquier ciudadano les alcanzan las garantías de nuestro sistema constitucional. Lo que no pueden reclamar es que nos creamos su celo por el Estado de derecho que han querido destruir, ni su buena fe al pedir investigación y responsabilidades. El Gobierno ha asegurado que se ha actuado siempre dentro de la legalidad. Y no hay por qué dudar de lo que dice. Pero si es así, lo que cabe exigirle es que mantenga esa posición en vez de dar alas con viajes de apagafuegos a la propaganda secesionista.