Resulta que la sedición no es lo suficientemente europea. La malversación es europea –los tribunales alemanes acordaron la entrega de Puigdemont por este delito– pero no es justa porque, según sentenció Margarita Robles, no es lo mismo llevarse el dinero público al bolsillo que hacer que se lo lleven otros ya sea imprimiendo papeletas para un referéndum ilegal o difundiendo patrañas sobre España y Cataluña, ya sea desviando más de 600 millones de euros de dinero público para organizar una escandalosa –y delictiva– rebatiña a cuenta de los ERE en Andalucía para comprar voluntades y mantener fidelidades electorales. La ley del “sí es sí”, dicen, es estupenda, es decir, justa y europea, pero son los jueces machistas y los abogados que se empeñan en hacer efectivo el derecho de defensa de los acusados los que están haciendo que ocurra lo que los jueces y otros expertos del mundo del derecho anticiparon que iba a ocurrir, esto es, que la ley rebajaría las penas a violadores porque la legislación penal más favorable hay que aplicarla a todos y en todas las circunstancias y no solo a los sediciosos del procés cuando se suprima el tipo penal por el que estos fueron condenados.
La mentira, la insolvencia y el desprecio a principios de convivencia democrática explican que este furor legislativo de la coalición PSOE-Podemos-ERC se haya instalado en el despropósito y que su estrategia jurídica avance hacia la consolidación de un derecho penal de autor como han dejado meridianamente claro las palabras de Gabriel Rufián sobre una reforma “quirúrgica” de la malversación que la deje aplicable solo a sus enemigos políticos –ellos no tienen adversarios– y las insólitas declaraciones de Victoria Rosell y la propia ministra de Igualdad dictando a los jueces lo que tienen que decidir, porque al margen de lo que digan la ley y la Constitución, es culpable quienes ellas dicen que es culpable.
La mentira fluye en todo el argumentario gubernamental, adaptado a las circunstancias, pero seguido en su fondo por esos barones presuntamente díscolos que se han convertido en una colorista atracción que anima la escenificación de cada disparate gubernamental, al modo del entretenimiento en los descansos de los partidos de baloncesto.
No hay nada de verdad en que la sedición no sea un delito “alineado” con los tipos europeos. Ni los tribunales alemanes ni los belgas han negado la entrega porque el delito de sedición tuviera penas supuestamente altas. Han alegado, en el caso belga, riesgo para los derechos fundamentales de los acusados de ser juzgados en España y la falta de competencia del Tribunal Supremo para ese enjuiciamiento y la emisión de la euroorden. La justicia alemana entró indebidamente en el fondo de la cuestión cuando negó la entrega por el delito de rebelión por el que en aquel momento el prófugo Puigdemont fue reclamado, sin hacer ninguna consideración en absoluto sobre la pena asociada a la rebelión, mientras aceptaba la malversación como motivo de entrega, sin poner en cuestión tampoco la pena de este delito.
Atenuar la malversación, por su parte, no es mejorar la “justicia” del tipo penal sino manosear arbitrariamente el Código para ventaja política partidista. Solo le falta al Gobierno y a sus socios crear un tipo de “malversación por interés social” para enterrar la responsabilidad de los ERE y otro de “malversación patriótica solo para secesionistas” para que quede claro que esto solo va de impunidad, de amnistía en fraude de Constitución, de enésimo ataque a la independencia de los tribunales y a sus resoluciones. Por cierto, que rebajar la pena a la malversación es lo menos europeo que puede hacerse como es muy probable que descubran los autores del despropósito si persisten en su intento.
Hitos tan destacados en este despropósito antidemocrático se continúan con la inaceptable descalificación a los jueces que han revisado las condenas por violación para aplicar los efectos de la ley del “sí es sí”. Acusados de machistas y prevaricadores y, en el mejor de los casos, de ignorantes, la ministra de Igualdad salía con una atrabiliaria argumentación sobre las advertencias “de la ONU” frente a jueces decididos a hacer fracasar una legislación tan bien redactada, mientras anticipaba una verdadera oleada de reeducación –que a los comunistas siempre les ha gustado aplicar a los demás– para asegurar que los jueces hacen exactamente lo que quieran las autoridades políticas. Que se hable ya de modificar la ley, sin reparar en que los efectos de esta no se van a modificar por una ley que, ahora, agrave las penas y que por eso ya no sería aplicable retroactivamente, produce estupor. El Consejo General de Poder Judicial considera que estas descalificaciones son intolerables. Hay que saber ahora si de esa afirmación se va a seguir alguna consecuencia.
