Rafael Arias-Salgado es diputado constituyente y exsecretario general de UCD
En principio, todos los pactos son, en política, singulares. Obedecen a una circunstancia irrepetible. Los Pactos de la Moncloa, también. No se hicieron para respaldar a un gobierno sino para proteger un proyecto constituyente nada fácil. Tuvieron en efecto su circunstancia irrepetible.
LA CIRCUNSTANCIA ECONÓMICA
El problema radicaba en la situación económica de España en 1977. La muerte de Franco y el acceso de don Juan Carlos a la Jefatura del Estado impidieron, en 1975-76, realizar un plan de ajuste económico para encauzar los efectos demoledores en la economía española del primer gran shock petrolífero. Se decidió entonces embalsar sus consecuencias por aquellas razones de alcance político e institucional.
Celebradas las elecciones de junio de 1977, la realidad económica –ensombrecida por las necesidades políticas– resurgió en toda su crudeza. El paro crecía y la inflación estaba desbocada (en junio de 1977 alcanzó el 30%). Enrique Fuentes Quintana, vicepresidente económico del Gobierno Suárez advirtió de las insuperables dificultades que la coyuntura económica plantearía a la construcción de la democracia a menos que se arbitrase un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas y sociales. Fernando Abril Martorell, ministro en aquel gobierno y hombre de confianza de Suárez, tomó las riendas del proceso político.
LA CIRCUNSTANCIA PARLAMENTARIA
La Unión de Centro Democrático, coalición encabezada por Suárez, había ganado las elecciones constituyentes de junio de 1977, con una holgada mayoría (166 diputados de 350), pero sin mayoría absoluta (176 escaños). Aunque tenía pues capacidad y legitimad para gobernar, como así lo hizo, no podía –tampoco quería– con los escaños obtenidos tomar decisiones de alcance constituyente y, en lo económico, de ajuste duro.
El propósito inicial de Suárez era remitir a las Cortes un proyecto técnico de texto constitucional breve y poco ideológico, a imagen y semejanza de la Constitución canovista de 1868, que institucionalizase una democracia parlamentaria moderna. El PSOE, por boca de Felipe González, solicitó –y obtuvo– que el proyecto constitucional fuese iniciativa del propio Congreso de los Diputados. A renglón seguido se formó la ponencia que pasaría a nuestra historia política.
El problema era entonces cómo proteger –o aislar– el trabajo de los ponentes, de búsqueda de acuerdos, de la confrontación política y económica inherente al régimen parlamentario y al pluralismo de partidos. En suma, cómo salvaguardar las deliberaciones de la ponencia del inevitable debate ante una situación económica en acelerado deterioro.
LA CIRCUNSTANCIA FUNCIONAL
Se tomaron dos decisiones. De una parte, la ponencia constitucional declaró secretas sus deliberaciones. De otro lado, Fuentes Quintana y Abril pusieron en marcha los mecanismos que harían posible los Pactos de la Moncloa.
1) Formaron un equipo de economistas de alta calificación, encabezado por José Luis Leal, director general de Política Económica con Fuentes Quintana y luego secretario de Estado de Economía con Fernando Abril.
2) José Luis Leal elaboró el primer informe que serviría de base para iniciar las conversaciones y tanto él como Abril tuvieron largas –larguísimas– conversaciones con los sindicatos y las organizaciones empresariales para convencerles de la necesidad de un duro plan de ajuste. No fue fácil, puedo dar fe, pero lo consiguieron[1].
3) Las negociaciones fueron largas y prolijas pero concluyeron en un excepcional acuerdo entre Gobierno, partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.
4) Simultáneamente, tanto Suárez como Abril mantuvieron, llamémoslas, conversaciones tácticas frecuentes con Santiago Carrillo y el PCE para superar momentos de dificultad o bloqueo. El PSOE era renuente a firmar ningún tipo de acuerdo socioeconómico con el Gobierno de Suárez. La conformidad de Santiago Carrillo a la iniciativa del Gobierno permitió no solo desbloquear el comienzo de las negociones, sino también posteriormente situaciones de impasse.
5) El PSOE exigió que los acuerdos no fueran solo de contenido socioeconómico, sino también político. Así se aceptó y ello aceleró la tramitación de algunas leyes reguladoras de derechos y libertades fundamentales, ya vigentes pero necesitadas de una mejor y más precisa regulación democrática y garantista (expresión, asociación, reunión, derogación de preceptos penales restrictivos de derechos políticos fundamentales).
6) Para asegurar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados se creó una Comisión de Seguimiento a propuesta del PCE, que aspiraba a un imposible gobierno de concentración nacional. Funcionó más como apariencia que como realidad.
CONCLUSIÓN
Los Pactos de la Moncloa cumplieron los objetivos que los habían inspirado:
1) Canalizar la confrontación política en términos globalmente pacíficos y constructivos. Las pocas salidas de tono que tuvieron lugar fueron fácilmente digeridas y no alteraron el proceso político.
2) Facilitar el trabajo de la Ponencia Constitucional que quedó eficazmente protegido, al abrigo de la pugna político-parlamentaria. Se pudo elaborar así un primer borrador con diversas opciones en los puntos más conflictivos. El consenso constitucional efectivo llegó después en una larga noche en el restaurante “José Luis”[2]. Pero esta es otra historia que asimismo habla bien de los pactos.
3) Encauzar la situación socioeconómica con medidas impopulares y restrictivas hasta mayo de 1979, en que se produjo el segundo gran choque petrolífero y descompuso nuevamente la marcha de una economía en un 90% dependiente del petróleo.
4) Permitir la adopción de medidas, sin discusión, de resarcimiento y reintegración de los derechos de los diversos cuerpos de funcionarios de la II República, con un significativo coste económico.
COLOFÓN
Como se podrá apreciar, los Pactos de la Moncloa, en su espíritu y en su letra, son irrepetibles. Hoy falta TODO lo que les singulariza en la Historia de España.
[1] Al haber dimitido Ignacio Camuñas como Miembro para las Relaciones con las Cortes –él me había nombrado Secretario General del Departamento– quedé funcionalmente adscrito a Fernando Abril, en un despacho vecino al suyo. Desde entonces trabajé con él y canalicé hacía las Cortes las iniciativas complementarias de los Pactos de la Moncloa y hacia el Gobierno las diversas iniciativas parlamentarias de los grupos políticos.
[2] En aquella cena se cerraron cerca de cincuenta artículos. Asistieron por UCD: Fernando Abril, José Pedro Pérez-Llorca, Gabriel Cisneros y Rafael Arias-Salgado. Por el PSOE: Alfonso Guerra, Gregorio Peces-Barba, Luis Gómez Llorente y Enrique Múgica. Los acuerdos se negociaron también con el resto de los grupos parlamentarios pero desde el acuerdo UCD-PSOE.
