Cuando a finales de enero un conjunto de ciudadanos americanos fue repatriado desde China tras haber contraído el coronavirus e ingresados en unas instalaciones de la Marina en el estado de California, pocos fueron los que sintieron alarma ante un incidente que parecía localizado y sin ulteriores peligros. Apenas un mes después, el presidente Trump convocaba en la Casa Blanca una rueda de prensa para confirmar la creación de un equipo, dirigido por el vicepresidente Pence, para tomar las medidas oportunas ante la confirmación del peligro sanitario. En su intervención, Trump minimizó los riesgos de la epidemia, como había hecho anteriormente, y mantuvo que la vacuna contra el invasor estaría lista en pocos meses. Minutos después, en la misma ocasión, ante el mismo presidente, el inmunólogo Anthony Fausci, conocido experto en la materia, miembro del Center for Disease Control, mantenía que con suerte la vacuna estaría lista en un año, si no más.
El Senado y la Cámara de Representantes acaban de aprobar un paquete urgente de medidas para combatir la epidemia por valor de 300.000 millones de dólares y el propio Trump ha anunciado su intención de hacer llegar a todos los americanos que lo necesiten un cheque por valor de 2.000 dólares para hacer frente a las primeras necesidades. Mientras tanto, el secretario de Tesoro Steven Mnuchin se ha mostrado pesimista sobre las consecuencias económicas de la pandemia, cifrando en un 20% el posible nivel de desempleo al que la calamidad podría conducir. Las últimas cifras disponibles situaban el paro en la irrelevante y puramente técnica cantidad del 3,5%. No faltan voces que comparan la situación con la vivida en los finales de los años veinte del siglo pasado, cuando la conocida como ‘Gran Depresión’ sumió a los Estados Unidos en un caos económico y social.
El país se enfrenta a las insuficiencias sanitarias derivadas de la escasa cobertura pública que los ciudadanos reciben. Muchos de ellos hacen llegar a los medios de comunicación la imposibilidad en que se encuentran para satisfacer los 2.800 dólares que cuestan los sistemas para comprobar la existencia de infección. Trump, siempre atento a sus intereses electorales, ha dejado caer que ello se debe a los recortes que su predecesor Obama introdujo en los sistemas de atención. En realidad se puede argumentar lo contrario: son las limitaciones impuestas por la Administración Trump en el conocido por Obamacare las que han limitado el acceso ciudadano a las prestaciones médicas y en consecuencia dificultado la posibilidad de atención generalizada que el tema exige.
Venciendo las vacilaciones iniciales, Trump acaba de declarar la “emergencia nacional” por la epidemia, recomendando la práctica generalizada del “aislamiento social”, que debería ser aplicado a todo tipo de instituciones y negocios públicos y privados, desde los educativos hasta los comercios detallistas, pasando por asociaciones civiles, religiosas o mercantiles. En la práctica, ya habían sido la mayoría de los gobernadores de los estados, y muchos de ellos en contra del parecer presidencial, los que se habían apresurado a tomar las medidas que ahora sugiere el Gobierno federal. En las universidades, por ejemplo, las medidas son drásticas: desaparecen las clases presenciales, todas ellas convertidas en sistemas on-line, los alumnos residentes en los campus universitarios son forzosamente invitados a retornar a sus lugares de origen y las ceremonias previstas para los finales de curso o de grado, tan importantes para la vida escolar del pais, son aplazadas sine die.
La gestión de la crisis, por otra parte, se resiente de alguna falta de claridad en las líneas de responsabilidad. Frente a la que Pence dirige, e integrada por responsables expertos y técnicos en la materia, ha surgido la encabezada por el yerno del presidente, Jared Kushner, a lo que parece empeñado en convocar a los sectores privados de las industrias médicas para concitar, según el mismo dice, la adecuada respuesta ante la situación. Alguna duda surge ante la posibilidad de que la familia presidencial pretenda con ello obtener ganancia en los beneficios derivados de la materia.
Y es evidente que la pandemia está golpeando a los Estados Unidos en pleno año electoral y, sobre todo para Trump, resulta difícil, sino imposible, evitar el dato. La posibilidad de que el país llegue al 4 de noviembre en una situación de penuria económica preocupa harto en una Administracion cuya línea principal de presentación ha consistido en explicar que nunca antes en la historia de los Estados Unidos los ciudadanos habían conocido tal bonanza material. Y es un tema ya presente en las posiciones demócratas –hoy en gran parte reforzadas ante la creciente posibilidad de la candidatura del exvicepresidente Joe Biden–, siempre estas, con diversos acentos, preocupadas por ampliar los beneficios de la sanidad pública a un mayor número de ciudadanos. Al menos y por el momento, Congreso y Casa Blanca parecen compartir unas mismas reglas básicas de preocupación y de actuación. La ciudadanía espera en que, más allá de la confrontación partidista, esta sintonía dure lo que la epidemia exija para su terminación.
