Fernando Grande-Marlaska, en el Senado, ha reclamado a Marimar Blanco que “vuelva” al Espíritu de Ermua y al Pacto de Ajuria-Enea. La réplica de Marlaska quería contestar a la interpelación de la senadora Blanco, sobre el acuerdo de investidura con Bildu y su contraprestación penitenciaria en materia de presos etarras.
Medallero de un ministro juez y parte
La intimación suma otro récord infamante a un registro repleto. El ministro del Interior más longevo en el cargo exhibe un palmarés que ni Calomarde. Sin pretensión de exhaustividad, aquí van las ocasiones en que este plusmarquista de la indignidad ha hecho podio:
Falsea un informe policial y lo utiliza para ocultar la coacción sufrida por cuadros del partido Ciudadanos en la marcha del Día del Orgullo. Nombra una directora de la Guardia Civil, de quien luego trascendió un caso de corrupción familiar. Cesa al encargado de riesgos laborales de la Policía Nacional, cuando este pidió antes de la pandemia aumentar las reservas de mascarillas y guantes para el cuerpo. Destituye al coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos por negarse a facilitar información bajo secreto sumarial. Ordena al general Santiago que vigile y recopile información de noticias y redes sociales críticas con el Gobierno durante el estado de alarma. Niega que haya habido traslados de inmigrantes ilegales de Canarias a la Península, y después rectifica confirmando el hecho. Pacta un acuerdo con Bildu para dar trato de favor a los presos etarras y consiente enjuagues vergonzosos desde Instituciones Penitenciarias. Es reprobado en el Congreso por los fallecimientos de inmigrantes en suelo español en la frontera de Melilla. El Tribunal Supremo dictamina la violación de los Derechos Humanos por la repatriación ilegal de 45 menores a Marruecos. Desarticula la unidad OCON-Sur y precariza los equipos de lucha contra el narco de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar.
Y ahora, esto: decirle a la hermana de la víctima que simbolizó y propició la mayor reacción ciudadana contra ETA y sus cómplices que “vuelva” al espíritu de Ermua. Y, de paso, al Pacto de Ajuria-Enea. No, señor ministro, ni procede esa yuxtaposición –Ermua, Ajuria-Enea– ni pueden exigir a nadie bajar al valle los que hace mucho se subieron al monte. Ocurre que, si Sánchez se desdobla como candidato y presidente para “cambiar de opinión”, el ejemplo cunde en su gabinete cuando de lo que se trata es de cambiar de chaqueta. Por eso entre Marlaska-juez y Marlaska-ministro media un abismo que no salvan sus declaraciones de 2019: “El pasado día 4 de julio dije que era un técnico en un Gobierno socialista y la vida parlamentaria me ha enseñado que soy un político que cree en el proyecto de este gobierno, un proyecto socialista que debe ejercerse en las instituciones públicas con educación, con respeto y con valores”.
El juez del caso Faisán, el instructor que ampliaba cargos contra dirigentes de Batasuna después que uno de ellos advirtiera que “no habría paz” si entraban en prisión –mientras Patxi López se reunía con esos mismos jefes de un partido ilegal y disuelto–, ahora increpa a Marimar Blanco como si no fuera el PSOE en que hoy milita entusiasta el partido que mandó al limbo el espíritu de Ermua y ahora lo insulta invocándolo en vano.
La encarnación del espíritu de Ermua: el Pacto Antiterrorista
Conviene recordar para precisar. La materialización política de “Ermua”, la ‘carne’ de ese espíritu, no fue el Pacto de Ajuria-Enea, sino el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo (2000). Cuando se trastocan las fechas, los términos se confunden. Ajuria-Enea contemplaba el “final dialogado” del terrorismo; el Acuerdo por las Libertades, no. De fondo, lo que había era la existencia de dos modelos de final de ETA: uno postulando la derrota visible como objetivo y otro que remitía al diálogo y a la compañía de los nacionalistas vascos en una “solución política” que finalizase el “conflicto” propiciando el fin de ETA. Para el primer modelo, el segundo suponía el pago de un precio político como contraprestación al final del terrorismo. Zapatero en el Gobierno (2004) apostó por el segundo modelo al anunciar una “agenda progresista en la lucha antiterrorista” que reconocía “tácticas divergentes en la práctica” entre PP y PSOE. El modelo popular quería incluir en la derrota de ETA a los que la sostenían política, social y materialmente.
El nacionalismo vasco se mostró siempre favorable a la tesis del final dialogado. Tenía buenas razones para hacerlo, porque esperó siempre beneficiarse del resultado de ese diálogo, necesariamente político. En el entorno temporal de la firma del Acuerdo antiterrorista entre PP y PSOE se puso de relieve la comunidad de fines entre el nacionalismo vasco y ETA. El 13 de noviembre de 2000 Arzalluz realizaba unas declaraciones casi confesionales al Der Spiegel refiriéndose al tratamiento que tendría la población leal a España en una Euskadi “nacionalmente emancipada” comparándola con la de “alemanes en Mallorca” (trato amable y exclusión de ciudadanía) y sostenía que su partido “al igual que ETA” quiere el reconocimiento nacional del País Vasco y el “derecho a decidir por sí mismo”. El pacto de Estella entre ETA y todo el nacionalismo había convertido al PNV en parte del problema y no podía obviarse esa realidad.
El fundamento político del Acuerdo por las Libertades estaba en su preámbulo, que denunciaba el pacto de Estella y pedía a los nacionalistas su abandono de la convergencia con ETA-Batasuna para reincorporarse al marco de la lucha democrática contra el terrorismo, en torno a la Constitución y el Estatuto.
Antes de firmarse ese Acuerdo entre PP y PSOE, el Gobierno del presidente Aznar había cortado los contactos con ETA (“tomas de temperatura”) que sus antecesores pretendían que heredara. Resistió el brutal chantaje que significó el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, promoviendo la movilización social y el reconocimiento de las víctimas mediante el apoyo y la solidaridad ciudadana. No se dio a ETA la satisfacción de ofrecerle la negociación de una tregua. Al contrario, fue ETA la que tuvo que declararla sin condiciones frente al Estado. ETA sufrió un notable debilitamiento operativo y comprobó el fracaso de su intento de doblegar la política antiterrorista con el asesinato sistemático de concejales del PP. Y, confrontada con la realidad, tuvo que archivar su pretensión de negociar con el Estado y cambiar de táctica, integrándose en el frente nacionalista de Estella como única alternativa a su acelerado debilitamiento y rechazo social.
La tregua, indisociable de la ofensiva nacionalista de Estella, tuvo respuesta en una posición inequívoca de rechazo a las pretensiones de ruptura constitucional con las que el conjunto del nacionalismo –ETA incluida– desafiaba al Estado. A este principio respondió el único encuentro con la dirección de ETA –único en ese periodo y en las dos legislaturas del PP– celebrado en Suiza en mayo de 1999, tras nueve meses de tregua y con un mandato estrictamente circunscrito a acreditar la autenticidad del anuncio de ETA de cara al cese definitivo de su actividad terrorista. El resultado sirvió para dar adecuada dimensión a las expectativas que había suscitado una tregua formulada por ETA en términos hasta entonces inéditos. El 29 de noviembre de 1999 ETA remataba su respuesta ordenando a sus pistoleros volver a matar.
Abandonar Ermua y acabar en Estella
El Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, suscrito como respuesta a la ruptura de la tregua y al frente de Estella, supuso asumir el compromiso de llegar a la derrota de la banda. Excluir la política antiterrorista de la confrontación no era un voto de silencio exigido a la oposición, representada entonces por el PSOE, sino una consecuencia lógica del acuerdo previo y del correcto funcionamiento de los mecanismos de seguimiento previstos en el propio Acuerdo. Su aplicación, como compromiso con la derrota del terrorismo, fue por parte del PP fiel a sus objetivos y eficaz en la consecución de los mismos, incluida la ilegalización de Batasuna como paso crucial para el desmantelamiento de la estructura terrorista. “Volver a Ermua” sería, para el PSOE, desandar el camino que comenzó a transitar muy poco después de comprometer un Acuerdo al que fue desleal casi a renglón seguido de firmarlo.
Señor ministro, para “regresar a Ermua”, comience primero por denunciar al partido que, ayuno de “valores” y “respeto”, pasó –por puro cálculo– de postular el aislamiento de los cómplices del terror –sus legatarios políticos hoy–, a asociarse con ellos hasta la subordinación más humillante. Señor Marlaska, quien abandonó Ermua hace mucho, no es el partido de Marimar Blanco. Es el suyo.
