Una semana después de que en la vida pública española se registraran como notas más salientes de su actualidad:
- El anuncio del Ministerio de Trabajo sobre la evolución del paro en España: de nuevo, vuelve a superar los 4 millones de desempleados. En febrero, 44.436 personas se apuntan a las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo Estatal; el peor dato de febrero desde 2013, superando la media histórica, mientras el número total de parados en España toca máximos desde abril de 2016, última ocasión en la que el paro estuvo por encima de los 4 millones de personas. Todavía hay 900.000 trabajadores incluidos en un ERTE.
- La publicación del dictamen del Consejo de Estado, ocultado por el Gobierno, sobre el decreto ley que regula la gestión y ejecución de los fondos europeos, en que muestra su “preocupación” por la “manifiesta insuficiencia” de la memoria de impacto normativo que acompañaba al proyecto, dado que “adolece de graves insuficiencias en su contenido”. El Consejo advierte que, si el decreto fuera impugnado, “sin duda el Tribunal Constitucional admitiría la reclamación” basándose en las carencias que cita. Añade la mención de que no se han incorporado al expediente los informes emitidos por la Intervención Delegada en el Ministerio proponente y por la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa.
- El Gobierno mantiene un estado de alarma aprobado para un periodo de seis meses con mando único, que no ejerce, limitándose a comparecer cada dos, mientras las sesiones de control semanales se convierten en escenarios de controversias enlatadas.
- Prosigue el abuso del decreto ley y la marginación del Consejo de Estado en diversos proyectos de ley –LOMLOE, eutanasia–, en que es preceptiva su intervención.
- Persiste la amenaza del Gobierno de impulsar una reforma para liquidar cualquier atisbo de despolitización de la justicia, y rebajar las mayorías en la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial, garantizándose así los nombramientos más afines y se anuncia la limitación de competencias del Consejo cuando se encuentra en funciones.
- Se planea enmendar al Tribunal Supremo concediendo el indulto a los responsables del golpe en Cataluña, contra el criterio de la Fiscalía del Alto Tribunal.
- Una ola de violencia vandálica arrasa Barcelona durante más de una semana, sin mayor reacción en el gobierno central que la emisión de breves tautologías proferidas en tono conciliador.
Pues bien, una semana después del estado de situación descrito, decimos, el Congreso de los Diputados debate una Proposición no de ley presentada por Unidas Podemos, Bildu, ERC, Junts, PDeCAT y la CUP que pretende acabar con la “imposición legal del castellano” en España. Para ello, reclaman extender el uso de las lenguas cooficiales reconocidas, permitir que figuren en el etiquetado de productos y reconocer otras nuevas, como el asturiano.
A los partidos proponentes se suman el PNV, Más País, Compromís y el BNG para justificar la presentación de la iniciativa, aduciendo la necesidad de que “España cumpla con los acuerdos internacionales que ha ratificado” porque “un Estado debe ser excluyente con todas las discriminaciones, sea cual sea su razón, también la lingüística”.
No compartiendo el criterio de oportunidad que la iniciativa revela, creemos sin embargo deber inexcusable nuestro participar en los debates que se promueven en las instituciones, por extemporáneos y desenfocados que podamos juzgarlos. Conscientes, además, del interés que suscitan nuestros trabajos en algunas de las formaciones que impulsan la iniciativa, proponemos a su consideración una serie de materiales para el debate que enriquezcan su trabajo parlamentario.
El material documental que referimos a continuación puede encontrarse, con toda seguridad, en la nutrida biblioteca del Congreso, de cuya existencia y ubicación podrá informar a Sus Señorías el amable personal que trabaja a su servicio en la Cámara.
Teniendo en cuenta el perfil ideológico de los grupos proponentes, se han seleccionado materiales afines a los intereses de su acción política más reciente; y se han recabado testimonios de protagonistas a los que esos mismos proponentes conceden autoridad. Nuestro propósito no es la polémica, insistimos, sino enriquecer la conversación democrática.
Por eso hemos elegido un precedente histórico a la medida de sus impulsores: el debate constituyente republicano de 1931 y una figura respetada por la mayoría de ellos: don Miguel de Unamuno. Debemos recordar que la figura del ilustre rector fue invocada tres veces en el debate de investidura de Pedro Sánchez en julio de 2019. Gabriel Rufián parafraseó entonces el “venceréis pero no convenceréis” pidiendo “moderación” a “las derechas” porque “no estamos en el 36”; y sostuvo que ese día don Miguel, “conservador, pero justo”, le hubiese dado la razón. Pablo Iglesias, visitando el Papa Francisco el Parlamento Europeo en Estrasburgo, quiso obsequiar a Su Santidad regalándole un ejemplar de San Manuel Bueno, mártir. Carles Puigdemont, por su parte, tuiteaba el 7 de octubre de 2019: “Molt interessant. Unamuno en La Sexta Noche”. Ignoramos si ha visto la película de Amenábar. Incluso Santi Vila quiso titular el libro sobre sus experiencias en el banquillo de los acusados Vencer y convencer, a cuya presentación, por cierto, acompañó el propio Amenábar.
Facilitamos la lectura del material dividiéndolo en unidades didácticas. Los subrayados son nuestros.
Unidad didáctica nº1: Constitución Española de 1978 (monárquica), artículo 3:
“1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.
Unidad didáctica nº2: Constitución Española de 1931 (republicana), artículo 4:
“El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones.
Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional”.
Unidad didáctica nº3: Nicolás Pérez Serrano, La Constitución Española (9 de diciembre de 1931). Antecedentes, texto y comentarios, Madrid, 1932. (página 71):
“Siendo capital en la materia el principio de que a nadie se violente imponiéndole idioma distinto del nacional, parecía lógico que hubiera prevalecido la enmienda Unamuno, en que tal principio se recogía; pero la presión de los elementos anticastellanistas hizo que la Comisión y la Cámara cedieran, quedando concebido el texto constitucional en la forma poco satisfactoria y nada explícita que arriba consta. En resumen, podrá exigirse el conocimiento y el uso de una lengua regional (no provincial) cuando una Ley especial lo ordene así; pero esas Leyes especiales no deberán olvidar que en puridad no hay en toda España sino un idioma oficial: el español. Sería injusto, sin embargo, desconocer que los funcionarios públicos de una región donde se hable usualmente otra lengua, deberán hallarse en situación de entenderla y emplearla. Este fue el motivo, razonable, que los representantes catalanes adujeron: no sería lícito que se desvirtuara torpemente su sentido”.
Unidad didáctica nº4: Diario de Sesiones, 18 de septiembre de 1931:
“El Sr. Unamuno:
Señores diputados, el texto del proyecto de Constitución hecho por la Comisión dice: «El castellano es el idioma oficial de la República, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconocen a las diferentes provincias o regiones». Yo debo confesar que no me di cuenta de qué perjuicio podía haber en que fuera el castellano el idioma oficial de la República (acaso esto es traducción del alemán), e hice una primitiva enmienda, que no era exactamente la que después, al acomodarme al juicio de otros, he firmado. En mi primitiva enmienda decía: «El castellano es el idioma oficial de la República. Todo ciudadano español tendrá el derecho y el deber de conocerlo, sin que se le pueda imponer ni prohibir el uso de ningún otro». Pero por una porción de razones vinimos a convenir en la redacción que últimamente se dio a la enmienda, y que es ésta: «El español es el idioma oficial de la República. Todo ciudadano español tiene el deber de saberlo y el derecho de hablarlo. En cada región se podrá declarar cooficial la Lengua de la mayoría de sus habitantes. A nadie se podrá imponer, sin embargo, el uso de ninguna Lengua regional». Entre estas dos cosas puede haber en la práctica alguna contradicción. Yo confieso que no veo muy claro lo de la cooficialidad, pero hay que transigir. Cooficialidad es tan complejo como cosoberanía; hay «cos» de éstos que son muy peligrosos. Pero al decir «A nadie se podrá imponer, sin embargo, el uso de ninguna Lengua regional», se modifica el texto oficial, porque eso quiere decir que ninguna región podrá imponer, no a los de otras regiones, sino a los mismos de ella, el uso de aquella misma Lengua. Mejor dicho, que si se encuentra un paisano mío, un gallego o un catalán que no quiera que se le imponga el uso de su propia Lengua, tiene derecho a que no se le imponga”.
Unidad didáctica nº5: Diario de Sesiones, 22 de octubre de 1931:
“—El Sr. Unamuno: Pido la palabra
—El Sr. Presidente: La tiene S.S.
—El Sr. Unamuno:
La enmienda dice así:«A LAS CORTES CONSTITUYENTES. Los Diputados que suscriben tienen el honor de proponer la siguiente enmienda al dictamen de la Comisión de Constitución, en el art. 48:
Art. 48. Es obligatorio el estudio de la Lengua castellana, que deberá emplearse como instrumento de enseñanza en todos los Centros de España.
Las regiones autónomas podrán, sin embargo, organizar enseñanzas en su Lenguas respectivas. Pero en este caso el Estado mantendrá también en dichas regiones las Instituciones de enseñanza de todos los grados en el idioma oficial de la República.
Palacio de las Cortes a 21 de octubre de 1931.- Miguel de Unamuno- Miguel Maura- Roberto Novoa Santos- Fernando Rey- Emilio González- Felipe Sánchez Román- Antonio Sacristán».
Y ahora, Sres. Diputados, debo confesar que me levanto en muy especial estado de ánimo, no muy placentero ciertamente. Apenas convaleciente de un cierto arrechucho, vengo con el ánimo profundamente entristecido y contristado y no sé si podré poner la debida sordina a mis palabras y contenerme en los límites debidos, porque no tengo costumbre ninguna de ese forcejeo de partidos políticos ni de cambalaches ni de transacciones. (…) La lengua, en muchos casos –y lo decía muy bien el Sr. De Francisco–, en mi tierra nativa se toma como un instrumento de nacionalismo regional y de algo peor y es allí, además, una lengua que no existe, que se está inventando ahora (…) lo que se trataba con la lengua es de establecer lo que la Biblia llama un shibboleth para distinguir a unos de otros y que pasara el que pronunciara una cosa bien y no pasara el que pronunciara otra mal. Yo he visto cosas, como decir que para poder aspirar a ser secretario de un Ayuntamiento era menester conocer el vascuence en un pueblo donde el vascuence no se habla.
Quiero abreviar, porque ya digo que no estoy en ánimo muy propicio. Se ha venido hablando continuamente de cultura (oímos esta palabra allá en los principios de la guerra mundial): cultura con c de la pequeña, latina, o con k alemana, con cuatro puntas como un caballo de Frisia; pero hay otra cosa que parece más modesta que la cultura y que, sin embargo, a mí me preocupa mucho más, que es la civilización: la cosa civil. Pablo de Tarso, el apóstol de los gentiles, cuando se dirigía a sus paisanos, a los hebreos, les hablaba en hebreo –lo cuenta el libro de Los hechos de los Apóstoles–, pero dictaba su cristianismo en lengua griega, que era la lengua ecuménica del Imperio romano; cuando se presentaba ante el pretor, contestaba: «Soy ciudadano romano». La civilización es de ciudadanía y es romana. (…) Aquí se hablaba el otro día de minorías étnicas. ¿Qué es eso de minorías étnicas? ¿Dónde están las minorías étnicas? ¿Minorías en qué sentido? ¿Contada toda España o contada una sola región? Yo me acuerdo que, hace años, un alcalde de Barcelona se dirigió al entonces rey D. Alfonso XIII, en nombre, decía, de los naturales de Barcelona. Yo me creí obligado a protestar. Un alcalde de Barcelona no puede dirigirse en nombre de los naturales, sino de los vecinos, sean naturales o no; ni se puede establecer una diferencia entre vecinos y naturales. No hay, ni puede haber, dos ciudadanías. (…) Pero dejando estas consideraciones, porque si me dejase llevar de ellas llegaría a cosas muy amargas, vengo al texto concreto. «Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, que deberá emplearse como instrumento de enseñanza en todos los Centros docentes de España». Yo hubiera preferido que se dijera: «es obligatorio enseñar en castellano. Las regiones autónomas podrán, sin embargo, organizar enseñanzas en sus lenguas respectivas (naturalmente, los comunistas podrán organizarlas en esperanto o en ruso); pero en este caso, el Estado mantendrá también en dichas regiones las instituciones de enseñanza de todos los grados en el idioma oficial de la nación». En este caso, y en cualquier caso, «mantendrá». La cosa está bien clara; no tiene más que seguir manteniendo. (…) Además, yo que no entiendo mucho, ni quiero entender, de ciertas distinciones jurídicas, veo que hay una cosa, que nunca comprendo bien, cuando se habla de catalanes y no catalanes. Para mí todo ciudadano español radicado en Cataluña, donde trabaja, donde vive, donde cría su familia, es no sólo ciudadano español, sino ciudadano catalán, tan catalán como los otros. No hay dos ciudadanías, no puede haber dos ciudadanías”.
