Ignacio Danvila del Valle es profesor de Dirección de Recursos Humanos de la UCM
El pasado 14 de marzo el Gobierno decretó el estado de alarma. Desde esta fecha, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha ido tomando diferentes medidas que merecen un análisis sereno y riguroso.
Un primer rasgo destacable parece ser la improvisación de estas medidas, lo que causa preocupación y desasosiego en los centros educativos, el profesorado, las familias y los propios alumnos. Debido a la importancia de la materia, sería deseable actuar con más prudencia.
Hace un mes, la ministra Celaá anunció que solo la mitad de los alumnos volvería a las aulas en septiembre si para entonces no hay vacuna. Estas declaraciones alarmaron a los centros docentes, al profesorado y a las familias. Se sugirió transformar gimnasios, salones o comedores en aulas y cubrir con lonas los patios para instalar en estas zonas mesas y sillas. Numerosos centros educativos que han visto truncado el curso 2019-2020 y obligados, en un tiempo récord, a pasar de una enseñanza presencial a una telemática (en muchos casos, sin los conocimientos ni los medios necesarios para cumplir eficazmente este nuevo cometido), se vieron inmersos en la búsqueda de material adecuado para la nueva situación.
Asimismo, los padres mostraron su inquietud y preocupación ante la posibilidad de que sus hijos solo acudieran al colegio la mitad de los días. ¿Dónde los dejaban? ¿Los llevaban al trabajo? ¿Dejaban el trabajo para cuidar de sus hijos? Ha quedado claro que en tiempos de confinamiento “los hijos sí pertenecen a los padres”. Además, debemos subrayar que esta medida afectaría negativamente a la calidad educativa y a la transmisión de conocimientos.
Un mes después, la ministra cambia de criterio y plantea que en septiembre todos los alumnos acudan presencialmente a las aulas. Seguidamente, se señalan unas pautas para el desarrollo del nuevo curso académico: grupos de hasta 20 alumnos por aula, la mascarilla no es obligatoria hasta los diez años, se prioriza la utilización de espacios al aire libre y se aconseja mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible. De estas medidas se deduce que el Ministerio apuesta por un otoño-invierno suave. Además, se dejan sin respuesta algunas cuestiones. Si el máximo de alumnos por aula es 20 (y el ideal es 15), será necesario aumentar los grupos para que todos los alumnos tengan clase. Sin embargo, se rechaza la posibilidad de desdoblar grupos por el coste económico que conlleva. Asimismo, muchos colegios e institutos no dispondrían de más espacio físico para cumplir estas medidas, a no ser que se modifiquen los horarios y se comience más pronto y se acabe más tarde (con el consiguiente quebranto que esta medida supondría para familias y docentes).
Por todo lo anterior, debemos insistir en que dado lo sensible de la materia se deben evitar ocurrencias y pensar detenidamente las medidas que se toman.
Un segundo aspecto muy preocupante viene dado por algunas medidas que rebajan la exigencia y la calidad de la enseñanza. Así, se propone un certificado que se obtenga independientemente del número de suspensos, sustituya al título de la ESO y permita continuar los estudios.
Igualmente, se permite a las comunidades autónomas la modificación de los criterios de evaluación y “flexibilizar, de manera excepcional durante el curso 2019/2020, los criterios de promoción en todos los cursos, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de áreas pendientes”. Es decir, se quita el límite de suspensos que fijaba la LOMCE para pasar de curso y obtener el título de la ESO y de Bachillerato.
Con esta nueva normativa, en este curso académico 2019-2020, los alumnos deben cumplir requisitos diferentes para pasar de curso o conseguir un título, según la comunidad autónoma en la que realizan sus estudios. De esta forma, alumnos de once comunidades autónomas pueden presentarse a la EBAU con asignaturas suspensas; mientras que en las seis autonomías restantes se exige haber aprobado todas las materias. Con toda razón, los estudiantes han mostrado su preocupación por la desigualdad que existirá entre unos alumnos y otros, al no haberse establecido un criterio único e igual en todo el territorio nacional.
A mi juicio, lo más preocupante de esta normativa es el acceso de estudiantes a un nivel de estudios sin los conocimientos mínimos requeridos, lo que les podrá causar frustración y desánimo si pasado el tiempo se ven incapaces de concluirlos. Confiemos en que la solución no sea rebajar el nivel de exigencia para facilitarles la obtención del correspondiente título. De nuevo, estamos ante una medida que disminuye la calidad educativa.
Por último, en pleno estado de alarma y sin estar consensuada con la comunidad educativa, se tramita una nueva ley de Educación (LOMLOE). Esta ley (conocida popularmente como ley Celaá) permite la distribución del alumnado por la administración educativa sin tener en cuenta el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que prefieren para sus hijos, limita la autonomía de los centros, posterga la enseñanza de la religión que deja de ser evaluable, ataca a la educación diferenciada al relegarla a subsidiaria de la pública y pone en duda la supervivencia de los centros específicos de Educación Especial. Una ley decepcionante que nace sin consenso, con una fuerte carga ideológica y con el objetivo de derogar la LOMCE.
Y como remate, el gobierno socialista-comunista quiere ahora excluir a los centros de educación concertada de los fondos de ayuda de reconstrucción postcoronavirus dedicados a la enseñanza. Esta medida afecta a uno de cada cuatro estudiantes no universitarios y parece responder a una estrategia urdida para arrinconar y asfixiar a los centros que no comulgan con el ideario del Gobierno. De llevarse a cabo, se trataría de una decisión más propia de dictaduras partidarias del pensamiento único y socavaría de forma indirecta el derecho de los padres a elegir el centro escolar más acorde a sus convicciones, reconocido en el art. 27 de nuestra Constitución.
