Moncloa no vale este aquelarre

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El pasado diciembre se conocían las enmiendas que los grupos parlamentarios presentaron al proyecto de Ley de Memoria Democrática. EH Bildu planteaba, entre otras cuestiones, la derogación de dos apartados del artículo segundo de la Ley de Amnistía, referidos a delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, “con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley”. Quedarían intactos los apartados de la Ley que permitieron entonces la excarcelación de presos terroristas con delitos de sangre: “Quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de 1976” (art.1). Incluidos los actos de la misma naturaleza realizados entre el 15 de diciembre de 1976 y el 15 de junio de 1977, “cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España”. Esta era la redacción de una ley que, ahora, buena parte de la izquierda calumnia como cicatera y emparentada con las de ‘punto final’ de distintas dictaduras sudamericanas.

La amnistía era en 1977 una reivindicación fundamentalmente de la izquierda y los nacionalistas, aceptada, tras sucesivas ampliaciones, por el Gobierno de la UCD. ETA había dejado clara su respuesta una semana antes de la aprobación de la ley con el triple asesinato del presidente de la Diputación de Vizcaya y sus dos escoltas. No alcanzaría el ‘pico’ de su actividad criminal hasta 1980: noventa y tres asesinatos ese año. Desde entonces, y hasta su final, cada asesinato buscaba justificarse con la coartada del “déficit democrático español”, la supuesta prolongación vicaria del franquismo en “el régimen del 78”. Como dijo la portavoz Aizpurúa anunciando el acuerdo: “todo el mundo sabe que el franquismo no acabó en 1978”.

El compromiso del Gobierno con los testaferros políticos del terrorismo inicia una ofensiva revisionista que propone una amnistía mutilada y una memoria mendaz. Postula la voladura de los cimientos en que se asentó el orden constitucional vigente. Y lo hace aceptando el marco conceptual de quienes reivindican para sí el legado histórico y político de ETA y buscan amortizar, hoy, la mayor amenaza a la convivencia democrática y en paz de los españoles desde la recuperación de las libertades.

El Gobierno ha rubricado un acuerdo que, sin derogar explícitamente los apartados a los que apuntaba Bildu, promueve que la Ley declare improcedente –de forma selectiva– amnistiar desconociendo normas de Derecho Internacional que no tuvieron vigencia en España hasta, precisamente, ese mismo año 1977, cuando se suscribe el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, extiende hasta 1983 la posibilidad de reconocer o reparar vulneraciones de derechos fundamentales imputables al “franquismo”. Según la exposición de motivos de la enmienda bildutarra, “la conquista y consolidación de la democracia en España es un objetivo inacabado… la Constitución de 1978 no consuma la aspiración de democracia”.

No debería sorprender nada de esto. Pablo Iglesias nunca ocultó su lectura de la Transición y el pacto constitucional: trampa lampedusiana, “candado del 78”, turnismo corrupto cuyo pilar izquierdo no dudó en usar “cal viva” contra quienes “se habían dado cuenta los primeros” del “fraude” que se estaba perpetrando (según Iglesias, en gira por herriko-tabernas, esos visionarios precursores fueron, literalmente, “la izquierda vasca y ETA”). Nada de esto impidió al PSOE elegir a Podemos como socio de Gobierno. Ni a Iglesias vicepresidirlo.

No debe sorprendernos; pero tampoco dejar de escandalizarnos. Es conocida la vinculación de la dirección bildutarra con la historia de ETA y con la de su propaganda legitimadora. Desde las condenas por pertenencia a banda armada y secuestro recaídas en la figura de su coordinador general, hasta la reciente incorporación a la dirección de Sortu –como responsable de “orientación estratégica”– de David Pla, último jefe de ETA, esos vínculos han pasado del disimulo a la exhibición, sin pudor alguno.

Mertxe Aizpurúa, portavoz parlamentaria de EH Bildu en el Congreso y muñidora del acuerdo con el Gobierno, no tiene ya por qué disimular su talento como rapsoda de sucesos sangrientos. El empeño en dilatar la vigencia de la ley hasta 1983 brinda la oportunidad de recordar su editorial de ese año en la revista Punto y Hora, que dirigía entonces, tras su adquisición por ETA en 1978. Titulado “Por los gudaris de ayer y los de hoy”, le supuso una condena de un año de prisión por enaltecimiento del terrorismo. Exaltaba allí la “voluntariedad” de los “gudaris de hoy” –de 1983– frente a la conscripción obligatoria de los que tomaron parte en la guerra civil. Puede leerse como “interpretación auténtica” de la voluntad del legislador en la presente circunstancia: “Hay quienes dicen que están con los gudaris de ayer; no con los de hoy. Allá ellos. Levantar un monumento a los gudaris de ayer es una de las formas de no ser gudari nunca. Pero hay también quienes, sintiendo en su sangre la de aquellos de entonces, aportan su sangre a los gudaris de hoy. La sangre y el corazón, que son los elementos que sostienen la guerra. (…) La guerra está ahí, pero el ser gudari no es obligatorio. Por eso los gudaris de hoy son mucho más gudaris”. Los gudaris de Aizpurúa habían asesinado en 1983 a cuarenta y cuatro inocentes. Vendrían muchos más. Entre los de antes y después, once militantes socialistas: Germán González López, Enrique Casas, Vicente Gajate, Fernando Múgica, Fernando Buesa, Juan María Jáuregui, Ernest Lluch, Froilán Elespe, Juan Priede, Joseba Pagazaurtundua e Isaías Carrasco. Hoy Mertxe Aizpurúa, porque así lo quiere un Gobierno socialista, orienta la “memoria oficial” del Estado.

La opinión publicada abunda en juicios de intenciones sobre el propósito de esta transacción gubernamental: apuntalar la mayoría parlamentaria en momentos de debilidad política; bascular hacia la izquierda tras haber exhibido imagen institucional con motivo de la cumbre de la OTAN; compensar –sin moverse– la frialdad parlamentaria de ERC por el ‘asunto Pegasus’; espolear la irritación de ‘la derecha’ para insistir en su caricatura denigrante… Para muchos, en fin, un “movimiento táctico”.

Pero no para todo el mundo estamos ante “una cortina de humo”. Para los herederos políticos del terror se está ante una ocasión única de impunidad histórica. Ante la oportunidad de parangonar la guerra civil de hace casi un siglo y el terrorismo etarra de los últimos cincuenta años. La narrativa terrorista siempre persiguió presentar su actividad criminal como una suerte de prolongación de la guerra civil ante la supuesta continuidad franquista solapada en una democracia deficitaria y continuista. Por desgracia, la impugnación de la Transición y el revisionismo histórico han actuado como fundente entre el entorno ‘abertzale’, el neo-socialismo zapaterista, y el populismo podemita. Para ese conglomerado, nuestra democracia nació como maquillaje reformista tutelado por los “poderes fácticos”. De hecho, los “cónclaves madrileños de hombres fumando puros” mientras conspiran contra un gobierno que –por fin– amenaza sus intereses, es el último recurso narrativo –serie B– de Moncloa.

Ahora está en juego para los legatarios de ETA transformar el final de la banda en la conclusión de una guerra de cuyas víctimas se comparta la responsabilidad con el Estado. Los terroristas quedarían así convertidos, ante la historia, en combatientes (gudaris) y las víctimas del terrorismo en una clase más de víctimas, no en las víctimas referenciales de la democracia española. Detrás de la frondosidad del “memorialismo democrático” se está verificando una operación fraudulenta, el escamoteo de nuestra verdadera historia reciente, y esto debe ser motivo real de preocupación para cualquiera que no padezca de atrofia cívica.

Puede que lo que unos disciernan como oportunidad para satisfacer su ambición histórica sea para otros –por desgracia, el Gobierno– un mero ejercicio de “geometría variable”, el penúltimo regate parlamentario a que obliga una supervivencia política sin honor. No hace falta empeñarse en juicios de intenciones, aquí basta deducir el pertinente juicio de valor. Nerón pegó fuego a Roma solo por ambientar sus trenos. Pero la historia no le reprocha su mala voz. Su responsabilidad la miden las cenizas de la capital arrasada, no la cortina de humo levantada por las llamas. Los fundamentos históricos de nuestra democracia, la responsabilidad histórica de quienes buscaron su destrucción violenta, la memoria de las víctimas asesinadas como víctimas referenciales de nuestra convivencia, no pueden ser objeto de cálculos mezquinos. Ningún aprendiz de brujo puede arriesgar su volatilización en cenizas. Moncloa no vale semejante aquelarre.