A lo largo de los últimos veinte años los costes de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas se han reducido drásticamente, hasta el punto de que ya no son necesarias subvenciones para competir en costes con las tecnologías tradicionales de generación de electricidad, basadas en gas o carbón.
Este abaratamiento en los costes, junto con nuestros abundantes recursos de viento y sol, sitúan a España en una posición privilegiada para atraer industrias interesadas en una energía limpia y barata, con la consiguiente creación de PIB y empleo de calidad.
No obstante, muchos de estos potenciales inversores se encuentran con que no se les permite conectarse a la red eléctrica. De los 18 600 MW de conexión solicitados en 2024 por consumidores industriales (sin contar centros de datos), se concedieron menos de 2000 MW (poco más de un 10%) y se rechazaron 11 700, gran parte de ellos por falta de capacidad en las redes. Los casi 6000 restantes siguen en proceso de tramitación.
Una parte del problema tiene su origen en el año 2014, cuando el Gobierno impuso un tope a las inversiones anuales en las redes eléctricas (igual a un 0,13% del PIB en las de distribución y a un 0,065% en las de transporte) con el objetivo de aliviar el grave problema que entonces existía de déficit eléctrico.
El tope tuvo sentido en ese contexto, pero en la actualidad la falta de capacidad de las redes es un obstáculo a la conexión de nuevos consumidores, lo cual supone un freno al crecimiento económico (porque se paraliza la inversión de consumidores industriales en nuevas instalaciones atraídas por la competitividad del precio de la electricidad) e incrementa las facturas de los clientes (porque los costes del sistema se reparten entre menos consumidores). Por ello, ese tope es un anacronismo y debería eliminarse o, al menos, incrementarse o flexibilizarse.
Otro problema que frena la electrificación es que la regulación española no permite a las empresas distribuidoras de electricidad acometer inversiones hasta que no haya un consumidor industrial que formalmente solicite la conexión. Pero como los tiempos necesarios para ampliar las redes de distribución pueden ser de varios años, los consumidores no pueden esperar. En el mejor de los casos, se ven obligados a acometer inversiones en sus procesos productivos que les obligan a seguir consumiendo gas durante años o décadas, aunque hubiesen preferido usar electricidad para reducir sus costes y sus emisiones. Y, en el peor de los casos, la falta de infraestructuras eléctricas puede llevarlos a deslocalizarse hacia otros países en los que el Gobierno no restringe artificialmente las inversiones en las redes y la conexión de nuevos consumidores. Dada la inevitable electrificación de la demanda de energía para reducir las emisiones de CO2, la Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros que adapten su normativa para ampliar la capacidad de conexión eléctrica disponible para la demanda, anticipándose en la medida de lo posible a la solicitud de conexión de consumidores concretos.
Pero incluso si se resuelven estos problemas, ello no asegura que las empresas distribuidoras vayan a acometer las inversiones que se necesitan para conectar a esos consumidores. El motivo es que la metodología de la CNMC para determinar el tipo de interés (conocido como tasa de retribución financiera) con el que se retribuyen las inversiones en las redes arroja un valor sesgado a la baja que subestima el coste real de financiación de las empresas.
Un primer problema es que la CNMC no calcula qué rentabilidad tendrán que ofrecer las empresas distribuidoras a los proveedores de capital para que les den financiación cuando acometan esas inversiones. Lo que calcula es qué rentabilidad tendrían que haber ofrecido en el pasado. Así, para las inversiones que las empresas acometan entre 2026 y 2031, la metodología de la CNMC parte de la rentabilidad ofrecida por el bono del Estado entre 2018 y 2023. Sin embargo, el coste de financiar inversiones que se acometan en el año 2031 no tiene nada que ver con el coste de financiación en el año 2018 (casi una década y media antes). Más concretamente, la metodología de la CNMC arroja un valor de rentabilidad de los bonos del Estado de 1,43%, cuando en la actualidad su rentabilidad se encuentra en 3,2% y la previsión para el periodo 2026-2031 es que se sitúe en un valor medio en el entorno del 4%.
Un segundo problema es que la CNMC no sólo fija la tasa de retribución financiera del sector eléctrico de manera arbitraria y caprichosa, sino que además lo hace de forma consciente a un nivel artificialmente bajo. ¿Cómo, si no, se explica que la CNMC use para el sector eléctrico una metodología distinta a la que usa para todos los demás sectores (aeroportuario, ferroviario y comunicaciones) cuya tasa de retribución también es de su responsabilidad? ¿Cómo se explica que la CNMC use un enfoque distinto para estimar la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo del mercado, a pesar de que el valor de este parámetro es único y común para todas las actividades? Se trata de una arbitrariedad impropia de un organismo que debe abordar la regulación desde un punto de vista técnico y no político.
La solución a estos problemas pasa por que la CNMC adopte una metodología prospectiva (que busque estimar los costes de financiación que tendrán las empresas cuando acometan las inversiones) y que use los mismos criterios para todos los sectores (apoyados en la aplicación de la teoría financiera).
Como se ha señalado, España tiene una oportunidad histórica para industrializarse gracias a su ventaja comparativa en electricidad renovable, limpia y barata. Una oportunidad de crecer en PIB y en empleo de calidad que además redundaría en una reducción del coste para los consumidores. Además, el crecimiento de la demanda de electricidad permitiría una mayor penetración de renovables y una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, además de reducir las facturas de los consumidores porque, al conectarse más demanda, se reparten los costes fijos entre más consumidores. Sería una lástima que, por culpa de la desidia o miopía regulatoria y de decisiones arbitrarias de la CNMC, se obstaculicen las inversiones en redes eléctricas y se desaproveche esta ocasión.
