El Gobierno de España ha actualizado finalmente las previsiones macroeconómicas de su Programa de Estabilidad 2020-2021, en las que certifica la imposibilidad de una recuperación en “V”. Imposibilidad que por otra parte ya se venía anticipando a medida que se conocía el detalle de las iniciativas de política económica y de gestión de la crisis sanitaria durante estas últimas semanas. El colofón lo puso el presidente del Gobierno en su comparecencia del 28 de abril, en la que dio cuenta de un borroso plan de desescalada en cuatro fases que, por inconcreto e incoherente, no vino más que a añadir incertidumbre a las frágiles expectativas de reconstrucción de los agentes económicos.
Se trata de un programa incierto, de geometría elástica y gaseosa, que pone de manifiesto la incapacidad de cálculo del Gobierno y, lo que es peor, de aportar certezas seguramente por una combinación de conveniencias políticas y disensos ideológicos en el seno del Gobierno ajenos al interés general de los ciudadanos. Por ello, carece de hitos temporales concretos, acompasados y de fechas ciertas de reapertura económica plena, que es precisamente lo contrario a la certidumbre que los agentes necesitan para poder formar sus expectativas y tomar decisiones de inversión y riesgo. Es además incompleto e incongruente de cara al diseño de planes de reactivación de sectores críticos de nuestra economía. Al sector hotelero se le autoriza a una reapertura limitada, pero sin movilidad interprovincial e internacional. Se limitan los aforos en la hostelería por debajo de los umbrales de cobertura de costes fijos, al igual que a los espectáculos y las actividades culturales. Desatención absoluta y silencio como respuesta a la debacle del transporte y sus sectores asociados. No se ha realizado el mínimo cálculo del impacto que representa la vigencia de las restricciones a la movilidad sobre el pequeño comercio, al que además se le permite una apertura con aforo limitado que resultará inviable, cuando no letal, en la mayoría de los casos. Son, entre otras, evidencias anecdóticas que manifiestan la ausencia de miras en la planificación de soluciones efectivas para la salida de la crisis sanitaria, como lo muestra el clamor proveniente de todos los sectores de actividad.
La ministra Calviño, seguramente uno de los miembros con un mayor índice de credibilidad dentro de nuestro colorido gabinete de veintidós carteras, anuncia una recuperación en “V” asimétrica. Como la “V” ha sido siempre una figura simétrica, tendremos que pensar que se trata, una vez más, de una añagaza retórica para irnos preparando para lo que ya nos temíamos, que es que será algo más parecido a recuperación lenta y tortuosa en forma de “L” o “U”. El anuncio certifica la pérdida de la oportunidad para haber mitigado los daños a largo plazo que un choque exógeno como la pandemia, que podría haber sido temporal, infligirá sobre la demanda, el empleo y la capacidad productiva de nuestra economía.
En cualquiera de las proyecciones solventes realizadas hasta ahora sobre el impacto económico de la pandemia, se señalan factores críticos comunes en todas ellas sobre los cuales nuestro Gobierno se ha mostrado ineficaz. Tanto el FMI en su actualización de Perspectivas Económicas Globales de abril como el Banco de España en el Boletín Económico del mismo mes, establecen escenarios alternativos de recuperación que pivotan sobre la duración de las medidas de interrupción de la actividad económica. En el caso del Banco de España, se dibujan tres escenarios posibles. El más benigno contempla una concentración del impacto sanitario en un periodo de ocho semanas que, por su duración y resolución, podría estar seguido de una rápida recuperación posterior que sí podría tener forma de “V”. Esta empezaría a materializarse ya durante el verano y traería una caída asociada del PIB del 6,8% para el conjunto del año, pero ya con una fuerte recuperación en el tercer y cuarto trimestres. El escenario más adverso plantea una prolongación de la inactividad durante doce semanas, que es hacia donde parece que nos encaminamos, y en consecuencia una normalización todavía incompleta en el cuarto trimestre seguida de una recuperación en forma de “L” a lo largo de 2021 y una caída del PIB del 12,4% con una tasa de paro estimada cercana al 20% al finalizar 2020 que se mantendría a lo largo de una gran parte de 2021.
El incierto calendario anunciado de prolongación de la inactividad hasta al menos el fin del segundo trimestre, aunque eso aun no se sabe, nos aleja definitivamente del primer escenario y por tanto de la recuperación en “V”, de la misma manera que si no se despliegan medidas concretas de reactivación inmediata, el daño temporal terminará por convertirse en estructural con elevado riesgo de recesión adentrándose en los primeros meses de 2021. En ese caso, el crecimiento en 2021 estaría muy lejos de compensar las caídas del conjunto 2020-2021 en relación con los crecimientos precrisis estimados para ese mismo periodo en el mes de diciembre de 2019.
La razón estribaría en los factores que cronificarían un choque temporal convirtiéndolo en estructural y sobre los que el FMI alerta: destrucción irreversible de la base de capital fijo, pérdidas permanentes de productividad, contracción de la tasa de crecimiento potencial, contagio del choque de demanda al sector financiero y bancario, y deterioro de la solvencia del riesgo soberano. Un panorama no muy distinto al que vivimos en 2008.
Un argumento sencillo para justificar el limbo de plazos y medidas económicas concretas en el que nos mantiene el Gobierno sería el de la obligación de privilegiar el fin último de la salud pública por encima de cualquier otra prioridad. Sin duda, eso ha de ser así. Pero es en la resolución de ese dilema en donde se pone de manifiesto la ineficacia del Gobierno en la gestión de la pandemia que, a base de medidas tardías, contradicciones permanentes, ineficacia en la coordinación entre organismos, confusión y manipulación de los datos, terminará por sumir a España en la recesión más profunda y quizá más larga de su historia contemporánea.
