Nota editorial de ‘Cuadernos FAES de Pensamiento Político’

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La anomalía política que vive España queda retratada en la situación de su Gobierno cuya fuerza radica simplemente en su debilidad. A falta de un proyecto integrador, a falta de liderazgo responsable frente a la pandemia, carente de la más mínima proyección exterior, con una expectativa que se reduce a seguir emitiendo deuda y que nos la compre el Banco Central Europeo, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez se mantiene porque sus socios secesionistas y de la extrema izquierda populista creen que todavía pueden extraer más de este filón. Por eso Sánchez es el candidato preferido sin rival de todo lo marginal, desleal y destructivo que ha generado la política española hasta la fecha y que el PSOE, como un siniestro camión escoba, ha recogido para asegurar la permanencia en el poder de Pedro Sánchez como único objetivo reconocible de esta insólita coalición. En los últimos días del año, se incorporaba al Gobierno en calidad de ministro de Universidades Joan Subirats, quien desplegó su afiliación independentista sin ningún recato votando en el falso referéndum del 1 de octubre de 2017. Casi al mismo tiempo, Sortu, partido sucesor de Batasuna y socio de la mayoría de gobierno como integrante de Bildu, anunciaba la incorporación de David Plá, el último jefe de ETA en tareas ni más ni menos que de estrategia.

El Gobierno no tiene más horizonte que esperar a que el rescate blando proporcionado a España por la Unión Europea se mantenga hasta el final de la legislatura y lo haga en condiciones tan benévolas como las actuales, de modo que le permitan seguir actuando sin someterse a disciplina alguna que ponga en peligro la piñata con la que disfrutan sus socios y mantiene el andamiaje de la coalición Frankenstein. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y el acuerdo sobre una “reforma de la reforma” laboral de mínimos encubren esa debilidad estructural de un Gobierno que solo se basa en las oportunidades extractivas que ofrece a sus socios, gentes, por otro lado, no solo descomprometidas con el bienestar y el progreso de España, sino abiertamente hostiles al interés nacional.

En la pandemia, Sánchez se ha instalado en la inconstitucionalidad, ha huido de su responsabilidad, parasitando, eso sí, los éxitos de las comunidades autónomas en la gestión de la vacunación y ha dañado las instituciones de la democracia representativa eludiéndolas hasta llegar a cancelar el régimen de control parlamentario propio de aquellas, según ha declarado el Tribunal Constitucional en uno de los reproches más graves –si no el que más– que se pueden hacer a un Gobierno en un sistema democrático. La política exterior simplemente no existe, con nuestro país desplazado de los foros de decisión y diálogo –también en la nueva relación de fuerzas que se está gestando en Europa–, y con un servicio exterior en el que se extiende el malestar. Y si miramos a la política territorial, son muchos más los factores de centrifugación y confrontación que los de integración y acuerdo. Los elementos que definen la salud del Estado y su propio perfil hacia dentro y hacia fuera, se difuminan y debilitan en un proceso cuyo impacto más dañino está siendo amortiguado por la acción europea, que no hace sino confirmar la precariedad de la situación en España.

Mientras se dedica atención desmesurada a cualquiera de las simplezas de un ministro o se elabora en columnas y tertulias sobre las triquiñuelas contables y presupuestarias, parece ser un asunto de menor cuantía que el déficit estructural se vaya a 60.000 millones o que España se encuentre en caída acelerada en los indicadores de renta de la Unión Europea, por poner solo algunos ejemplos.

En estas circunstancias, el papel de la oposición adquiere una extraordinaria importancia en la medida en que, además de oposición, sea alternativa y se ofrezca de manera creíble como el cambio necesario y razonable a un Gobierno que daña las instituciones, enfrenta a los españoles y deteriora sus derechos, devalúa la posición internacional de España y utiliza la propia cohesión nacional como partida de negociación para permanecer en el poder. Una alternativa que tiene que crecer desarrollando su componente propositivo, sostenido sobre los buenos modelos de gobierno territorial a los que hay que añadir la propuesta de conjunto para todos los españoles. Una alternativa que centre su proyecto en una propuesta nacional y que desmienta a los que creen que en la fragmentación política o territorial se encuentran ahora las oportunidades. Las nuevas versiones de esta fragmentación, que quieren experimentarse hasta el nivel provincial, van a situar a la sociedad española ante una decisión capital para los próximos años porque se tratará de elegir entre agravar el actual modelo, disfuncional, extractivo e injusto, o recuperar las instituciones democráticas para el interés general.