El pasado jueves 1 de octubre el diario El País informaba en su portada de que el Gobierno estaba considerando cambiar la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial con el fin de eliminar la mayoría de 3/5 del Congreso y el Senado para la elección de sus 20 vocales y requerir solo la mayoría absoluta para elegir a las 12 vocalías reservadas a jueces y magistrados.
El día anterior el Consejo, todavía en funciones, había nombrado a los presidentes de las Salas Tercera, Cuarta y Quinta del Tribunal Supremo y a tres magistrados de la Sala Segunda (de lo Penal). Entre las designaciones se encontraba la de la magistrada María Luisa Segoviano para presidir la Sala Cuarta (de lo Social), lo que le convertía en la primera mujer en la historia en ocupar esta responsabilidad. Además de este nombramiento –que no ha merecido el interés ni el reconocimiento del feminismo oficial– se dio la circunstancia de que los nombramientos se acordaron por una abrumadora mayoría de 19 votos sobre 21 –excepto la presidencia de la Sala Tercera que recibió 18 votos a favor–, o lo que es lo mismo: en ese acuerdo, y contra la explícita oposición del Gobierno, confluyeron “conservadores” y “progresistas”. En blanco votó el vocal Álvaro Cuesta, exportavoz de Justicia del Partido Socialista cuya contribución al pensamiento jurídico nacional consta en el Diario de Sesiones del Congreso (21 de abril de 2005) cuando rechazó de manera destemplada la proposición del PP para restablecer el delito de convocatoria ilegal de referéndum. Cuesta justificó la eliminación de ese delito porque se trataba, según él, de un delito “inverosímil”, y se preguntaba: “¿quién es la autoridad o funcionario público que puede convocar unas elecciones generales, autonómicas, locales o un referéndum de manera ilegal?”. El actual vocal del Consejo remató su faena parlamentaria tachando la propuesta del PP de “derecho penal simbólico”, “esperpento”, “delito político” y “mala técnica jurídica” debida al emotivismo político”.
Pero volvamos a la posible reforma del órgano de gobierno de los jueces. Después de la habitual atribución al PP de toda la responsabilidad en la falta de acuerdo sobre la renovación del Consejo, explicaba El País que la iniciativa de la modificación de la ley había partido de Unidas Podemos y que las designaciones realizadas la víspera habían hecho ganar terreno a esta iniciativa. “Ayer era el día –detallaba en su información el diario–, y según la interpretación de destacados representantes de este sector ha quedado demostrado que no existe tal bloque progresista dentro del Poder Judicial: no actúa unido ni en el sentido que les gustaría al PSOE, a Unidas Podemos y al Gobierno. Solo dos de los supuestos nueve vocales progresistas, se negaron ayer a votar los nuevos nombramientos”. Hay más. “Este resultado –terminaba explicando la información– demuestra que el Gobierno de Sánchez no tiene ninguna influencia real sobre el Consejo General del Poder Judicial que obedece a otro momento y otra mayoría”.
La verdad es que hay que agradecer al diario El País esta información. Pocas veces se ha explicado con tanto detalle la desfachatez antidemocrática de un Gobierno, su voluntad de no pararse en barras para asegurar que el Consejo del Poder Judicial haga lo que el Gobierno quiere y acabar con eso de que conservadores y progresistas se pongan de acuerdo en la designación de candidatos. El desprecio al mínimo respeto a las instituciones y, por supuesto, a lo que representa la independencia judicial es una de las características de este Gobierno en el que los papeles se encuentran bien repartidos: mientras los socialistas exigen a las instituciones el sometimiento, Unidos Podemos ejerce de partida de la porra amenazando a aquellas con su destrucción.
El respeto de este Gobierno por la legalidad es más que descriptible, con el agravante de su persistente utilización del engaño en sus juegos con el ordenamiento jurídico. No hace mucho que el presidente del Gobierno aseguraba que, si no se mantenía el estado de alarma, los ERTE no podrían mantenerse. Hace menos aún, el Gobierno aseguraba que habría que cambiar la Constitución para que los ayuntamientos pudieran disponer de sus remanentes, hasta que con una norma puramente reglamentaria ha hecho saltar todos esos límites que antes consideraba infranqueables. No había más remedio que decretar el estado de alarma para limitar la movilidad, hasta que apareció una “recomendación” del consejo interterritorial de Sanidad para que se impusiera y se habilitara el cierre de Madrid.
Todo en Sánchez es impostura. Actúa a sus anchas en un ecosistema político tóxico. Por eso, dar pábulo a sus apelaciones a la unidad no es más que entrar en un juego estéril que solo beneficia a sus intereses de intoxicación propagandística y siembra la división. Cada uno de esos llamamientos está sobradamente desmentido por sus hechos. Sánchez es un político divisivo que busca la polarización sencillamente porque cree que la polarización de la sociedad española es la condición de su permanencia en el poder. Y así intenta hacernos creer que tendremos un Consejo General del Poder Judicial ejemplar si este órgano es elegido por la mayoría parlamentaria en la que figuran un partido dirigido por un sedicioso convicto y otro, Bildu, cuyos mentores siempre pensaron que la mejor manera de renovar a los jueces era asesinarlos.
