En el momento de escribirse estas líneas la mayoría que sostiene al Gobierno en el Congreso acaba de dar otra vuelta de tuerca al deterioro institucional en que vive sumida nuestra democracia. Embutida en la Ley de Paridad, una enmienda altera la competencia del Senado para vetar el techo de gasto; al día siguiente, por vía similar, se reforma la Ley de Enjuiciamiento al dictado de Puigdemont para remover inconvenientes legales al regreso inmediato del prófugo.
La desfachatez con que una mayoría ajustadísima en el Congreso dispone a su antojo de equilibrios constitucionales, leyes básicas y hasta del futuro político de la nación es un rasgo con poquísimos precedentes; la prolongación de esta legislatura –hasta donde consienta la alianza contra natura que la alumbró– hará de ese descaro piedra angular porque su rumbo es, antes que de marcha, de huida. En estas mismas páginas dijimos que, tras los pactos de investidura, el timón del país lo gobernaba el secesionismo y las negociaciones poselectorales en Cataluña lo han corroborado inapelablemente. En su huida hacia adelante, los socialistas asumen la posibilidad de una financiación “singular” para Cataluña sin despejar el equívoco que supone el que tal expresión, en boca de su beneficiario, significa soberanía fiscal y ruptura del modelo constitucional de financiación autonómica. Una vez más, los socialistas supeditan la coherencia a la conveniencia; sin ni siquiera garantía suficiente de contrapartida real.
El sanchismo lo fía todo al acuerdo con fuerzas abiertamente separatistas y para eso necesita hacer de la insolidaridad todo un programa. El debate sobre un nuevo modelo de financiación autonómica es pertinente hace mucho, no desde que le conviene al PSOE. Pero los términos de ese debate, en un Estado nacional que quiera seguir siéndolo, son claros: cuánto y cómo contribuyen los que más tienen para sufragar los servicios públicos de quienes más los necesitan, con independencia de dónde vivan. Concentrar en un territorio el rendimiento de un sistema fiscal progresivo es conceder la existencia de una realidad plurinacional en España.
Los límites del ideario socialista sobre solidaridad y justicia fiscal se hacen muy visibles en cuanto toca engrasar el consorcio que mantiene al PSOE en el poder. Llegado el caso, se revisan los conceptos de justicia social y redistribución de la riqueza para dar al rico secesionista lo arrebatado al desmedrado leal, en nombre, eso sí, del progreso y los valores de izquierda.
Llevamos seis años asistiendo al progresivo desmontaje del ordenamiento jurídico. Arbitrariedad tras arbitrariedad, el Gobierno va completando una obra demoledora en provecho propio y de sus socios. Pretextando reformas, se deforman códigos y leyes para ir vaciando de contenido constitucional la vida de las instituciones. Ayer el Código Penal, hoy el Senado, y siempre la Fiscalía General, nuestro sistema de checks and balances ha estado permanentemente en el punto de mira del apetito gubernamental. Las urgencias de un Ejecutivo en manos de enemigos del Estado han propiciado una interpretación aberrante del juego democrático. De pura raigambre populista, esta lectura de la democracia prescinde de cautelas liberales, órganos contramayoritarios y garantías constitucionales para proclamar el derecho irrestricto de la mitad más uno a imponer su criterio como manifestación soberana de voluntad popular.
No obstante, con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Partido Popular ha conseguido atemperar este proceso de descomposición institucional. Por un lado, frustrando la transparente intención del ‘bloque de investidura’ de usar su precaria ventaja en el Congreso para rebajar la mayoría preceptiva en el nombramiento de vocales y propiciar así la captura partidista del Tribunal Supremo; por otro, visibilizando ante la Comisión Europea la negativa socialista a asumir los estándares europeos en materia de elección y composición de consejos judiciales. En este sentido, la pretensión de rebajar a una mera “toma en consideración” la propuesta de reforma del procedimiento de elección de vocales que tiene que elevar el nuevo Consejo a las Cámaras –para garantizar la “participación directa” de jueces y magistrados–, incurrirá necesariamente en fiscalización europea; esta deberá ser exigente y reflejarse en los informes periódicos de la Comisión sobre la salud del Estado de derecho en España, desplegando las consecuencias oportunas.
En paralelo a lo anterior, la posición de la sala segunda del Tribunal Supremo en la aplicación de la amnistía y la actitud de operadores jurídicos y asociaciones profesionales –en España, hay más servidores del Derecho que rábulas del Poder– delatan, por contraste, el servilismo de las instituciones que el sanchismo ha logrado colonizar. La bochornosa situación en que se encuentra el fiscal general del Estado no tiene precedentes y es suficientemente elocuente a este respecto.
Los contrafuertes del sistema están funcionando. La arbitrariedad ventajista del Gobierno encuentra límites. En buena medida, será en Cataluña donde se dirima la viabilidad de la legislatura. La alumbró un acuerdo con el secesionismo catalán para ponerla en sus manos; basta recordar los términos vinculados en su último párrafo: “La estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos…”.
Las dificultades que el Gobierno está encontrando a la hora de deshilachar del todo el tejido institucional del Estado motivan numerosos análisis recientes que apuntan a una posible disolución anticipada de Cortes y la convocatoria de unas Elecciones Generales. Dependerá de cómo avancen las negociaciones para conformar un nuevo Ejecutivo autonómico en Cataluña; esto es, del dedo de Puigdemont. El PSOE ha querido hacer de un prófugo de la Justicia, de un sedicioso, de un malversador, el dueño de la estabilidad política del Estado. Sánchez se encaramó al poder liderando una coalición negativa; el progresivo estrechamiento, desde entonces, de su base de sustentación, ha terminado por regalar a un personaje desahuciado la “acción de oro” con que se compró la investidura. Si ahora el pulgar de Puigdemont señalase hacia el suelo, podríamos asistir de nuevo al espectáculo propagandístico de un Sánchez reivindicando en esa eventual campaña su “sentido de Estado”, su “centralidad”, y hasta su “patriotismo”, medido en kilómetros cuadrados de tela bicolor. Podríamos asistir a un último y patético intento: una maniobra de última hora de tipo “loco Iván”.
Se denomina loco Iván a una maniobra de baffle cleaning usada por los submarinos soviéticos en que la nave daba un giro de 180º para luego volver a la dirección original. La maniobra, buscando hacer parecer que se actúa de forma loca o errática, era en realidad una forma deliberada de compensar los defectos de los sonares montados en el casco. La estela que producía su posición en el exterior permitía a otro submarino seguirlo sin ser descubierto, por la zona ciega que este era incapaz de detectar. La maniobra estaba pues diseñada para invertir la situación entre presa y perseguidor.
Los estadounidenses tuvieron que revisar sus tácticas de combate y ampliar la distancia en el seguimiento de submarinos soviéticos. Pero la maniobra loco Iván registró en 1986 un sonado fracaso. En septiembre de ese año, el submarino con misiles balístico K-219, navegando por el Atlántico, ignoró una fuga en el sexto silo que poco después se convertiría en un serio problema. Al tener que ejecutar la maniobra descrita en un momento dado, la violencia del giro provocó una pérdida completa de la presión del silo del misil, que para entonces estaba lleno de agua. La explosión provocó el lanzamiento de un proyectil nuclear R-27 al océano. El K-219 se hundió en el mar de los Sargazos, en el norte del Atlántico, a una profundidad de casi 6 km, donde sigue todavía hoy.
La nave sanchista, en 2024, tiene muchas grietas en el casco. Demasiadas como para intentar con garantías de éxito una maniobra loco Iván y exhibir un cartel de víctima emparedada entre un extremismo de signo secesionista y otro infectado de derechismo radical. Se ha llegado demasiado lejos como para rematar con ese brusco giro de guion seis años de “política” degradada a narrativa embustera.
