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Pedro Sánchez cede por partes

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De repente, Pedro Sánchez formula una pregunta que incluye la respuesta: “¿Qué España y Cataluña prefiere usted, la de octubre de 2017 o la de 2022? Yo prefiero la de 2022”. Una pregunta/respuesta hecha por Pedro Sánchez a la medida de Pedro Sánchez. Una pregunta que oculta y una respuesta que engaña. Oculta que la pacificación de Cataluña se debe –además del uso del “monopolio de la violencia física legal” como “única fuente del derecho a la violencia”, sacando a colación a Max Weber– a la implementación del artículo 155 de la Constitución y a la intervención de los Altos Tribunales. Engaña, porque, de forma nada sutil –observen la sonrisa burlona y contenida del presidente–, hace saber que ‘Él’ –solo ‘Él’– es el impulsor y ejecutor de dicha pacificación. ¿Cómo y por qué? ¿Para qué?

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Sostiene Pedro Sánchez que la pacificación de Cataluña se debe a los indultos. Es decir, a sus indultos. Veamos. Indultos, ¿por qué? Respuesta suya: porque, es necesaria una “clara apuesta por la reconciliación de Cataluña” y para ello “es importante superar episodios aciagos” ya que “nadie está libre de culpa” (!). El indulto –según la filosofía política de Pedro Sánchez– favorece la concordia, el diálogo y la negociación. También, el consenso, la reciprocidad y la armonía. Pero, ¿quién garantiza que el diálogo se desarrollará en el marco de la legalidad constitucional?, ¿quién avala que la negociación llegará a buen puerto?, ¿qué concesiones se harán a quienes dicen que “lo volverán a hacer”? De nuevo, la misma pregunta: indulto, ¿por qué? Respuesta: Porque, es lo único que puede ofrecer el Gobierno a un independentismo obsesionado con una amnistía y una autodeterminación imposibles de conceder. A menos que Pedro Sánchez –marca de la casa– rectifique y cambie de opinión.

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Indultos, entonces, ¿para qué? Para conseguir un acuerdo –como mínimo, con ERC– que asegure la estabilidad parlamentaria del Gobierno durante la presente legislatura, para colonizar la Justicia, para encubrir la situación económica y para tildar a la oposición de inmovilista por no facilitar el diálogo, la solución del conflicto y la reconciliación. En definitiva, para la consolidación del poder. El precio a pagar: otra concesión –otra más– a un independentismo catalán literalmente insaciable. Otro regalo a un independentismo que no cejará en su demanda de amnistía y de autodeterminación. Una maniobra –yo te doy y tú me das– que tiene su grado de perversidad política y moral si tenemos en cuenta que se está jugando con la soberanía de la nación y con la división de poderes. Y algo más: el indulto –así piensa el independentismo catalán– o el reconocimiento de la supuesta injusticia cometida contra Cataluña. De ahí, la llamada desjudicialización del “proceso”. Es decir, aquí no hay causa judicial y todos a la calle. Pedro Sánchez cede por partes. Traduzco: otra concesión en la guantera.

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El indulto –otra concesión en la guantera– podría venir acompañado de una modificación ad hoc del delito de sedición del Código Penal. Una reforma pro reo que podría llegar, ahora o después, en función de los intereses y estrategia personales de un Pedro Sánchez que se ha independizado, o autodeterminado, de su partido. Y no vale la excusa que dice que hay que cambiar el tipo penal para adaptarse a los demás países de la Unión Europea: si leen la página 16 del Informe de indulto de la Sala Penal del Tribunal Supremo (26 de mayo 2021), verán que el Código Penal español está perfectamente adaptado a la Unión Europea.

La reforma debilita –sigue debilitando– el Estado, fortalece al secesionismo e indulta de nuevo –de facto, de iure y al cuadrado: una amnistía encubierta– a los que ya han sido juzgados e indultados y a los que están pendientes –fugados incluidos– de juicio. De lo cual, el independentismo sacará la siguiente conclusión: hay que seguir en el afán. Es una invitación a la deslealtad acompañada de un seguro a todo riesgo ante la ilegalidad cometida. Un seguro, por lo demás, retroactivo. Así se politiza la Justicia y se implementa el llamado “derecho de autor”, según el cual lo que se juzga son las personas y no los hechos y los delitos. La cosa tiene un nombre: impunidad. Nada más alejado –como establece la Ley– de la “utilidad pública”. Así se blanquea y legitima el secesionismo. Así se desarma el Estado.

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¿Qué España y Cataluña prefiere usted, la de octubre de 2017 o la de 2022? Respuesta: la constitucionalmente blindada.


Miquel Porta Perales es crítico y escritor