Miquel Porta Perales es crítico y escritor
Si la Generalitat de Cataluña lleva 27 años incumpliendo reiterada y sistemáticamente las resoluciones de los Altos Tribunales sobre el uso, también, del español como lengua vehicular, ¿por qué ha de cumplir ahora la providencia del Tribunal Supremo que rechaza el recurso de la Generalitat contra la Sentencia de 16 de diciembre de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a impartir –el fallo es firme– al menos el 25% de la enseñanza en Cataluña en español? La providencia es rotunda: “Lo discutido plantea un marcado carácter casuístico, en la instancia se delimitó en virtud de la prueba practicada, comprobando si existió o no incumplimiento en la utilización de la lengua castellana como vehicular en el sistema bilingüe matizado de Cataluña, comprobando en virtud del Informe aportado por la propia recurrente, que no se había garantizado al menos el 25% de horas lectivas en castellano”, recuerda el Tribunal Supremo. En definitiva, el Tribunal Supremo no admite el recurso y se reafirma en que debe haber un mínimo del 25 por ciento de enseñanza de castellano en del sistema educativo catalán.
Como se decía al inicio, la providencia del Tribunal Supremo culmina un largo recorrido de 27 años de incumplimientos que se inician con una sentencia del Tribunal Constitucional que afirma que “evidentemente, el que los centros de enseñanza «deban hacer» de la lengua catalana vehículo de expresión normal en todas sus actividades, tanto internas como de proyección externa ha de reputarse como una prescripción constitucionalmente legítima siempre que el mandato no se convierta en un obstáculo real para el uso habitual de la lengua cooficial, es decir, que «expresión normal» solo indique el carácter de lengua usual o habitual, pero no única ni menos excluyente sino concurrente con el castellano para que no se convierta en una barrera previa a la necesaria integración de todas la personas (profesores, administradores, alumnos e incluso padres de estos) que, por confluir en un centro de común interés, demandan precisamente una comunicación permanente y necesaria. Es decir, que ese carácter de lengua usual sea compatible con el uso asimismo normal del castellano tanto en los actos o avisos que hayan de expresarse por escrito como en las relaciones personales, de modo que también con normalidad puedan desenvolverse en aquella lengua, evitando que un uso excluyente pueda convertirse en separación con causa idiomática” (Sentencia 337/1994, de 23 de diciembre de 1994, https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-1995-1790)
Al principio de estas líneas, se dudaba del cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de la providencia del Tribunal Supremo. ¿Por qué van cumplir ahora si llevan 27 años sin hacerlo? Por varias (sin)razones:
- Porque el Gobierno aducirá que no tiene competencias para hacer cumplir la ley y que, en todo caso, corresponde impulsar el cumplimiento de la sentencia al órgano sentenciador y a la Generalitat de Cataluña. Una manera de incumplir el fallo judicial, porque la Generalitat tiene la mala costumbre de no cumplir los fallos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y muy difícilmente –sobre todo en cuestión de lengua– los cumple motu proprio. Más: Pedro Sánchez no quiere poner en peligro los Presupuestos Generales del Estado.
- Porque el Ministerio de Educación –aunque sea directa o indirectamente una de las partes en litigio–, para no instar el cumplimiento de la sentencia, recurrirá a la LOMLOE vigente que dice que “las Administraciones educativas aplicarán los instrumentos de control, evaluación y mejora propios del sistema educativo y promoverán la realización de análisis por parte de los centros, de modo que se garantice que todo el alumnado alcance la competencia en comunicación lingüística, en lengua castellana y en su caso en las lenguas cooficiales, en el grado requerido. Asimismo, impulsarán la adopción por parte de los centros de las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas” (Disposición adicional trigésima octava, apartado 3. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264).
- Porque el incumplimiento le viene como agua de mayo a Pere Aragonès para blanquear la imagen de “traidor” que ha cosechado por haber pactado los Presupuestos de la Generalitat con los Comunes. Habla el presidente de la Generalitat: “Un ataque muy grave”, “el catalán en la escuela no se toca”, “una injerencia”, “una falta de respeto a los docentes”. Y Josep Gonzàlez-Cambray, consejero de Educación, también de ERC, después de avisar que no cumplirá la sentencia, pide por carta a los directores de escuelas e institutos que no cambien su proyecto lingüístico: “Queremos que sigáis trabajando exactamente como hasta ahora”.
- Porque Junts –en horas bajas– necesita marcar perfil independentista y caldear el ambiente. Habla Laura Borràs, presidenta del Parlament de Cataluña: “sumisión lingüística”. Habla Joaquim Torra, expresidente de la Generalitat: “todo lo que no sea culminar la creación de la República Catalana y huir de España en un plazo corto será ser cómplices del exterminio del catalán a manos de un Estado que odia la diversidad y la riqueza lingüística”.
- Porque el nacionalismo catalán alegará que un asunto de este calibre –establecer el 25% de clases en lengua castellana–, a) no es competencia de un tribunal, b) que el modelo de escuela catalana es un modelo de éxito que garantiza la cohesión social, la equidad y la igualdad, c) que las pruebas de competencia básicas demuestran que los alumnos obtienen prácticamente los mismos resultados en lengua catalana y lengua española, d) que Cataluña se administra de acuerdo con la Ley de Educación de Cataluña de 2009.
- Porque el Govern ya ha anunciado un plan de promoción del uso del catalán en los centros educativos.
- Porque, en el mejor de los casos –es una manera de hablar–, se impartirán clases en español –hay precedentes– en materias como gimnasia o ajedrez.
- Porque la Plataforma per la Llengua, junto con la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC) y el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), ha arrancado una campaña –La universitat, en català!– para denunciar casos en que no se respete la lengua catalana en las aulas. Vale decir que la campaña ha abierto una página web que recoge las quejas. La Plataforma per la Llengua hará un seguimiento de los casos denunciados.
Palabra de Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña: “Exigimos al Gobierno del Estado que de una manera clara exprese su apoyo al modelo lingüístico que hay en la escuela de Cataluña”. ¿Qué ocurrirá después de la sentencia? Muy probablemente, nada. Como de costumbre. Hay que exigir el cumplimiento de la ley
