1. ¿La economía va bien? Crecemos, pero con debilidades estructurales

La economía española tiene un gran potencial pero lo estamos desaprovechando. La economía crece a buen ritmo aunque persisten grandes debilidades estructurales. Según Eurostat, España fue el país de la Unión Europea donde más creció el PIB en 2024 (2,5%, frente al 0,2% de Alemania y el 0,9% de Francia) y The Economist destacó que esta solidez se debe “en gran medida a las reformas del sistema financiero y del mercado laboral impulsadas por el anterior gobierno conservador (PP) durante la gran recesión”, y añadió que “su economía está cosechando los frutos de reformas pasadas”. Sin embargo, hay una creciente incertidumbre sobre la sostenibilidad de estos datos en los próximos años si no se abordan nuevas reformas estructurales que fortalezcan nuestro sistema productivo.

Hay varias cuestiones estructurales en las que no se está poniendo foco y que están lastrando nuestro crecimiento, haciendo que no podamos alcanzar la renta per cápita de nuestros socios europeos. Algunas de estas cuestiones, como señala el Informe Anual del Banco de España de 2024, son la productividad, la calidad del empleo o la hiperregulación. Además de ello, hay otros datos que también son sintomáticos de cómo está la economía en nuestro país y que reflejan la confianza de los inversores, como son nuestras exportaciones o la inversión extranjera.

• La productividad en España está por debajo de la eurozona. En la última década esa diferencia ha aumentado de forma considerable. Según algunos estudios, como el del BBVA Research, podría situarse hasta un 25,5% por hora trabajada por debajo de la media europea. Otros datos más optimistas sitúan la brecha en torno al 14 % por debajo de la media europea. En ambos casos se trata de un dato preocupante y que se agravaría si se aprueba la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.
• Nuestras exportaciones han mostrado un freno creciente que nos debería preocupar: tras un récord en 2022, el sector cerró 2023 con una caída del 1,4 %, y aunque en 2024 creció un 0,2 % en valor, en unidades reales registró una caída del 1,5 %. La recuperación registrada en el primer trimestre de 2025 no ha compensado el deterioro de fondo. Esto se debe además de a factores geopolíticos externos, a que la fortaleza exportadora de nuestro país se resiente por deficiencias producidas por los crecientes costes energéticos y regulatorios.
• La inversión extranjera directa ha retrocedido, situando a España en el puesto 11 del índice de confianza inversora de Kearney. Este estancamiento golpea sobre todo a pymes y microempresas, que representan el 90% del tejido productivo y que, con escasa capacidad de inversión, son las más afectadas por una normativa que muchas veces se convierte en barrera en lugar de palanca.

2. El problema de fondo: la hiperregulación

Es un problema de fondo que también afecta a la Unión Europea, como señala el informe Letta (2024), donde se subraya que un mercado único fuerte exige reglas más simples, estables y comprensibles, mientras que el informe Draghi (2024) también advierte que Europa no puede competir si regula como si el mundo no hubiera cambiado. Ambos coinciden: menos y mejor regulación para una mayor competitividad.

En España, el problema de la hiperregulación se agrava con otras cuestiones como la incertidumbre política que genera la frágil mayoría del Gobierno de coalición y que supone desde hace tiempo una gran parálisis legislativa. Según señala el estudioFreedom and Prosperity in the World 2024, elaborado por el Atlantic Council, la hiperregulación, la incertidumbre regulatoria y la presión fiscal creciente son algunas de las amenazas de nuestra economía. El Gobierno de coalición no ha conseguido llevar al Congreso unos presupuestos de 2025 ni sacar adelante la reducción de la jornada laboral –que analicé en un análisis anterior– o el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que parecía que se iba aprobar antes de verano y que está sufriendo constantes retrasos por la falta de consenso. Sánchez ha conseguido aprobar en los 17 meses que lleva de legislatura menos de 15 normas frente a las 89 que aprobó el Gobierno de José María Aznar o las 40 del Gobierno de Mariano Rajoy.

España se encuentra por debajo del promedio de la OCDE en varios indicadores de política regulatoria, especialmente en lo relativo a la revisión sistemática de normas y a la coordinación entre niveles de gobierno. Según el informe OECD Regulatory Policy Outlook 2021, estamos a 0,4 puntos del promedio tanto en la participación de los grupos de interés como en la valoración del impacto regulatorio, previa y posterior a la aplicación de las normas. Este déficit pone de manifiesto la necesidad de reforzar el sistema de evaluación regulatoria, que garantiza la calidad en el diseño de las políticas públicas y la eficacia y capacidad de adaptación constante a las demandas del entorno empresarial.

El Índice de Complejidad Regulatoria de Giuseppe Di Vita va en la misma línea: España es uno de los países con mayor dificultad regulatoria, con un escenario peor al del resto de los países europeos de nuestro entorno, pues nos situamos como en la cola de la calidad regulatoria y eficiencia administrativa. Concretamente, España ha pasado del puesto 61 al 63 en 2025. Otros estudios, como el del Instituto Juan de Mariana, indican que el Índice de Complejidad Regulatoria ha caído más de 13 puntos entre 2015 y 2022, un desplome de aproximadamente un 50% que pone de manifiesto la mala evolución de nuestro marco normativo.

3. Ejemplos de mala regulación

Actualmente tenemos varios ejemplos de una regulación de mala calidad, que pueden suponer una carga normativa para las empresas y un deterioro de la competitividad.

3.1. Proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad

Es un ejemplo paradigmático de la hiperregulación europea, que actualmente está en plazo de enmiendas en el Congreso. Proviene de la trasposición de la directiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) y amplía el alcance y los requisitos de reporte de sostenibilidad. La nueva ley obligará a que las compañías elaboren un informe de sostenibilidad que incluya información relativa al impacto que generan sobre cuestiones corporativas, así como información necesaria para comprender cómo afectan factores medioambientales, sociales o los relativos a derechos humanos y gobernanza en la evolución de los resultados. Francia ya advirtió de un posible riesgo regulatorio en la implementación de la norma, ya que podría suponer “una carga excesiva para las empresas”. En una entrevista concedida a Le Journal du Dimanche, el primer ministro francés, Michel Barnier, manifestó su deseo de poder reducir el ámbito de aplicación de la normativa de información empresarial sobre sostenibilidad. La UE se ha visto obligada a aprobar la directiva Stop-the-clockque pospone dos años la entrada en vigor de la CSRD y un año la CS3D (directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad).

3.2. Proyecto de Ley de Reducción de la Jornada Laboral

La norma, impulsada por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar), plantea reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Actualmente está en plazo de enmiendas en el Congreso. Lo que el Gobierno de coalición presenta como un avance histórico constituye en realidad una reforma estructural sin consenso y con carencias técnicas. Su aplicación aumentaría los costes laborales sin garantizar mejoras de productividad. En un país donde la productividad está por debajo de la media europea, imponer reducciones sin reformas de eficiencia sólo agrava el problema. En el actual contexto de inflación e incertidumbre económica, la medida puede afectar especialmente a las pymes, que ya operan con márgenes ajustados y representan al núcleo de la economía española.

3.3. Proyecto de Ley de Servicios de Atención a la Clientela

La norma, impulsada por el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy (Sumar), pretende mejorar la protección al consumidor, y responde a la necesidad de modernizar los servicios de atención al cliente para resolver reclamaciones de manera más eficiente. La realidad es que introduce requisitos muy rígidos a las empresas: prestaciones de atención personalizada; garantizar que el 95% de las llamadas telefónicas sean atendidas en un plazo inferior a 3 minutos; un plazo de 15 días para resolver una reclamación, reduciendo el actual plazo de 30 días, o auditorías externas obligatorias que encarecen la operativa de empresas ya tensionadas, erosionando la seguridad jurídica. La norma está actualmente en fase de ponencia, dentro de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso. Igual que el Proyecto de Reducción de Jornada Laboral, el Gobierno ha preferido retrasar su tramitación por falta de apoyos parlamentarios. Estamos, por tanto, ante una oportunidad histórica perdida.

3.4. El Proyecto de Ley de Consumo Sostenible

La norma está también impulsada por el ministro de consumo, Pablo Bustinduy (Sumar). El nuevo proyecto normativo aspira a reforzar el rol del consumidor como agente de transición ecológica y la empresa como un actor regulado en sostenibilidad. Una de las principales novedades es la prohibición del greenwashing: A partir de ahora, las empresas no podrán declararse “neutras en carbono” o “eco” sin un plan verificable auditado. Supone un cambio de paradigma en el marco regulador de la sostenibilidad en España y, aunque se alinea con el Green Deal europeo, va más allá de lo exigido por Bruselas. Supone para las empresas un nuevo estándar de cumplimiento técnico, jurídico y reputacional que requerirá ajustes operativos significativos. El debate de fondo que plantea no es otro que saber si de verdad la norma contribuye a protegerse de las malas prácticas o si, por lo contrario, supone una nueva carga regulatoria para las compañías.

3.5. Proyecto de Real Decreto por el que se regula la eficiencia energética y la sostenibilidad para los centros de datos

El proyecto normativo, que aún está en una fase preliminar, es una iniciativa de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aegesen. El proyecto normativo traspone una directiva europea, pero añade obligaciones establecidas por el Gobierno de coalición. Entre ellas, presentar reportes anuales sobre aspectos como el consumo de energía, de agua, el tipo de refrigerantes usados, el empleo generado, su contribución a la economía local y nacional, o el aprovechamiento del calor residual generado por la actividad de las instalaciones. Aunque busca objetivos legítimos de sostenibilidad, impone costes de cumplimiento significativos en un sector estratégico para la digitalización.

4. Una hoja de ruta para regular mejor

El contexto político actual exige, más que nunca, marcos regulatorios estables, reformas orientadas a la productividad y capacidad de generar confianza a largo plazo.

España cuenta con grandes fortalezas competitivas. Algunas de ellas se pusieron de manifiesto en el IV Congreso de la Sociedad Civil ‘La España que Lidera’: liderazgo internacional de nuestro país en turismo e infraestructuras, una industria de las energías renovables puntera, conectividad digital avanzada y una posición geoestratégica privilegiada, siendo uno de los principales hubs del mediterraneo que facilita el acceso a los mercados de Europa, el norte de África y América. Tenemos de forma natural un fuerte vínculo atlántico y unas bases muy sólidas para impulsar nuestras exportaciones y así reforzar nuestro crecimiento económico.

No podemos ni debemos perder la oportunidad de que España se siente en la mesa donde se toman las decisiones. Por eso hace falta una respuesta reformista que debe centrarse en una política industrial modernizada, una simplificación normativa real y una estrategia clara de atracción de inversión productiva. Recuperar una agenda legislativa coherente y reformista, con amplio respaldo parlamentario y alineada con los objetivos de competitividad europeos, no es solo una cuestión de estabilidad política: es una condición necesaria para garantizar un crecimiento económico sostenible y sostenido en la próxima década en España. Otros países europeos avanzan en la misma dirección: Alemania cuenta con un consejo independiente que examina la calidad de cada norma antes de su adopción; Francia impulsa la simplificación normativa ambiental; Irlanda combina baja fiscalidad con un marco regulatorio ligero y estable. El propio informe Letta (2024) advierte de que un mercado único fuerte requiere reglas más simples y comprensibles, y el informe Draghi insiste en que Europa no puede competir si legisla como si el mundo no hubiera cambiado. Ambos coinciden: menos normas, mejor aplicadas, equivalen a más competitividad.

La hoja de ruta pasa por un cambio sistemático en la elaboración de normativa: necesitamos marcos regulatorios de buena calidad y estables en el tiempo, especialmente en sectores altamente regulados donde están más expuestos a cambios normativos. Es necesario revisar el marco existente para simplificar y eliminar duplicidades, especialmente entre aquellas materias que se regulan o se desarrollan en las Comunidades Autónomas. Para ello es necesario la aplicación efectiva de la Ley de Unidad de Mercado y evitar así la fragmentación en el mercado español y la dificultad de la actividad de las empresas. Para ello, resulta necesario simplificar la arquitectura institucional a la vez que reforzar la buena regulación.

4.1. Un gran Pacto de Estado por la Competitividad y reforzar el papel de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa para elevarla al rango de Secretaría de Estado

Una propuesta concreta sería modificar el Real Decreto 1081/2017, de 29 de diciembre, por el que se establece el régimen de funcionamiento de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, hoy dependiente del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con rango de subdirección general para elevarla a rango de secretaría de Estado.

• Así se homologaría con otros países de nuestro entorno como Reino Unido, que tiene el Minister for Regulatory Reform,o Italia, a través de la Ufficio per la Semplificazione e il Miglioramento della Regolazione, dependiente del Consejo de Ministros Italiano.
• Esta oficina deberíasupervisar todo el proceso legislativo (con un proceso ex ante y ex post de la regulación) además de promover la coordinación y calidad de la actividad normativa del Gobierno. Asimismo, debería liderar una agenda de digitalización de la administración pública para simplificar los trámites burocráticos y modernizar la gestión pública.

Finalmente, estas propuestas, además de otras de carácter más global, deberían integrarse en un gran Pacto de Estado por la competitividad, con el objetivo de fijarnos unas reglas del juego estables al margen de los vaivenes políticos y que convierta la seguridad jurídica en un valor diferencial en nuestro país para la atracción de inversión extranjera. Y todo ello para que la regulación no sea una barrera de entrada para las empresas, sino una herramienta útil que ordena de forma coherente la actividad de las empresas y de la Administración pública.

5. Conclusiones

España dispone de una gran capacidad para ser uno de los países que lidere las economías de la Unión Europea, con sectores estratégicos muy sólidos y referentes a nivel internacional como el turismo, las infraestructuras, las energías renovables, la digitalización y las telecomunicaciones. También, por nuestra posición geoestratégica y logística, pude posicionarse como uno de los principales hubs del Mediterráneo y mantiene un fuerte vínculo atlántico. España es una de las economías que más crece, pero tenemos debilidades estructurales que lastran nuestro país a medio y largo plazo, como son la baja productividad, el estancamiento de la inversión extranjera o la hiperregulación, que limitan la capacidad para que seamos un país competitivo.

A nivel internacional, España se encuentra por debajo de la media en calidad regulatoria en la OCDE y en la Unión Europea. Mientras algunos países ya han implementado mecanismos para mejorar su marco normativo –la propia UE avanza en esa dirección con los informes Draghi o Letta, en los que se insta a simplificar los trámites y evitar la hiperregulación–, España continúa generando marcos normativos rígidos, en muchos casos con consecuencias negativas para el sector productivo. La experiencia demuestra que la clave no está en regular por regular, sino en diseñar un marco simple, coherente, predecible y alineado con los objetivos de competitividad.

El contexto político-social actual, caracterizado por una frágil e impredecible mayoría en el Congreso que conlleva falta de estabilidad política, por un Gobierno de coalición que prorroga los presupuestos generales del Estado desde hace años, y por una mala calidad regulatoria –que lleva en muchos casos a la hiperregulación–, genera un entorno de incertidumbre que afecta especialmente a nuestro motor de creación de empleo y riqueza: un sector privado conformado mayoritariamente por pymes y pequeñas empresas sensibles al aumento de costes productivos, como la inflación o el aumento del precio de la energía.

En consecuencia, España debe avanzar hacia un modelo de regulación inteligente que cumpla con los objetivos de sostenibilidad, que aproveche los cambios productivos, como la transición ecológica, para mejorar nuestra competitividad y la atracción de inversión productiva. Para lograrlo, resulta imprescindible articular una mayoría parlamentaria sólida, con un programa que cimente una estrategia integral de mejora en nuestra regulación y fortalezca la calidad y el diseño de las políticas públicas de nuestro país a través un gran Pacto de Estado por la competitividad.

España necesita una agenda de reformas estructurales orientadas a reducir costes y cargas burocráticas y lograr una mayor productividad, así como un marco normativo seguro que asegure la evaluación ex ante y ex post de los proyectos normativos, y refuerce el papel de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, junto con una verdadera coordinación entre los niveles de la Administración pública.

La digitalización de la Administración y la aplicación efectiva de la Ley de Unidad de Mercado son elementos clave para la reducción de barreras, así como para mejorar la eficiencia regulatoria. Ello sólo se podrá conseguir a través de una agenda reformista con amplio respaldo institucional y social que garantice un entorno económico estable, capaz de generar confianza a largo plazo y situar al país en las mejores condiciones para aprovechar sus fortalezas y afrontar con éxito los retos de la próxima década.