Miguel Marín es economista. Analista de FAES.
Los presupuestos merecen una enmienda a la totalidad. La economía española cuenta con resortes para mejorar su comportamiento, que solo se podrán activar con una acción política ordenada, estable y apoyada por los ciudadanos. Alargar esta legislatura es sinónimo de posponer un año el necesario proceso de reforma que urgentemente necesita España.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes es la mejor demostración de la etapa de política ficción que atraviesa nuestra democracia. La política ha dejado de ser un instrumento para mejorar la vida de los ciudadanos y se ha convertido en un fin en sí mismo, sin más aspiración que ganar y/o mantenerse en el poder. Un Gobierno herido de legitimidad democrática camina ajeno a la realidad cotidiana de los españoles con la única aspiración de aprovechar un día más, un mes más, la inercia demoscópica que le garantiza la cuota de pantalla. La fragmentación del voto ha generado una fiebre en todos los partidos, que dedican prácticamente todo su tiempo y recursos a perfilar su ‘ideología’ dándose codazos en el espectro político y tratando de ocupar los espacios que las encuestas les recomiendan. Los españoles y sus problemas no aparecen en esta página de la agenda.
Con las cosas así y siendo estas las motivaciones, era poco probable que los Presupuestos Generales del Estado propuestos por este Gobierno respondieran a las necesidades y prioridades del país. Y así ha sido. El proyecto presupuestario es un ejercicio de marketing, de táctica o de supervivencia política, pero en ningún caso de política económica.Vivimos tiempos de máxima incertidumbre y de desaceleración económica global y los presupuestos son ajenos a esta realidad. Tras cinco años de crecimiento económico intenso, tenemos una tasa de paro del 15% y el déficit público más elevado de la zona euro, y sin embargo los presupuestos no incorporan ni una sola medida para generar empleo y vienen precedidos de una voluntad manifiesta de incumplimiento, materializada en unas estimaciones de ingresos que no se sostienen y en la lamentación del Gobierno por no haber podido aumentar la senda de déficit.
Pero quizás más desalentador aún es que el Gobierno trate de vender estos presupuestos como algo nuevo (“para huir de la España en blanco y negro”, Celaa dixit), cuando están basados en premisas trasnochadas y que deberían estar descartadas por la propia evidencia presupuestaria que acumulamos.
La fórmula de aumento del gasto social a costa de ingresos muy productivos tiene, por así decirlo, las patas cortas. El cortoplacismo, el “pan para hoy y luego ya veremos…”, ha tenido siempre consecuencias nefastas en nuestra economía. Más aún si, como ahora, lo que toca es prepararse para una etapa en la que las sorpresas económicas positivas están descartadas.
En otras palabras, la operación cosmética ‘soy más de izquierdas que nadie, pero sin ser Podemos’, que el Gobierno ha valorado en 5.000 millones de euros en un presupuesto de 400.000 millones, va a obligar a subir los impuestos y las cotizaciones de las empresas en un momento en el que algunas grandes empresas anuncian grandes despidos va a obligar a subir el impuesto del diésel a más de 14 millones de personas dejando en el aire los planes de inversión de un sector clave de la economía; va a obligar a subir los impuestos a las rentas altas y a ‘destopar’ las cotizaciones máximas sin que haya contrapartida en la pensión a cobrar en el futuro; va a obligar a inventarnos, y ser pioneros en implantar, impuestos a las empresas tecnológicas en pleno proceso de revisión de sus decisiones de inversión; va a obligar a aumentar la presión sobre la actividad bancaria en un momento crítico en la rentabilidad del sector. Y lo peor de todo es que todo este esfuerzo no va a ser capaz de generar los ingresos necesarios para pagar el aumento de gasto, otra de las premisas de estos presupuestos que la evidencia se ha encargado de desmentir.
Ante las subidas de impuestos, las estimaciones de ingresos rara vez se cumplen, pero sin embargo los gastos se acometen previamente en toda su extensión; por lo que, en nuestro caso, con toda seguridad, engordaremos el déficit estructural y la vulnerabilidad a una nueva crisis de la economía española. Y todo esto para que el final sean los separatistas catalanes los que pongan el sello de aprobación. La verdad es que esta ‘España en color’ se parece bastante a las peores versiones de la España del pasado.
Más allá de los presupuestos que, por supuesto, merecen una enmienda a la totalidad, la cuestión es el final de esta legislatura. No podemos seguir dando tumbos en manos de intereses que no son los generales de los españoles.
La economía española cuenta con resortes suficientes para mejorar su comportamiento y solo se podrán activar con una acción política ordenada, estable y apoyada por los ciudadanos. Alargar esta legislatura, y más aún con estos presupuestos, es sinónimo de posponer un año, sino más, el necesario proceso de reforma que urgentemente necesita nuestra economía.
