Vicente de la Quintana es escritor y colaborador de FAES
La “agenda del reencuentro” escenificada por Sánchez en el Liceo ha tardado poco en ser definida por alguno de sus destinatarios: “un cuento”, según Elsa Artadi. Siendo “relato” sinónimo de “cuento”, no parece que Iván Redondo pueda plantear objeciones serias a esa definición.
El celofán con el que se han envuelto los indultos, sin embargo, se presenta como algo más. En el discurso de Pedro Sánchez lo que estos inauguran es nada menos que “un nuevo proyecto de país”, para el que apela, “siendo la unanimidad imposible”, a una nueva mayoría.
Conviene escrutar el rumbo probable trazado en una agenda que se oculta a los españoles. Probablemente, porque comprometiendo su futuro como nación, amenaza la ciudadanía de todos. Sánchez, en el Liceo, no se ha reencontrado ni con los catalanes leales a la Constitución, que no estaban invitados, ni con el secesionismo, que no ha perdido la oportunidad de señalar la “debilidad” del Estado y llamarle a él cuentista y “pedante”. Únicamente ha vuelto a reencontrarse con la peor versión de su partido, en una nueva fase.
Se nos dice que los indultos son la primera piedra en la construcción de una “nueva España” liderada por una “nueva Cataluña”. Mientras desentrañamos el significado de esas “novedades”, no resulta nada tranquilizadora la posición que el presidente del Gobierno ha elegido para “hablar a Cataluña”. Hablar a Cataluña en nombre de España delata un inconsciente separatismo: porque a Cataluña se le puede hablar desde Castilla, desde Andalucía, desde Galicia; pero no desde España…
PRIMERA FASE: EL PACTO FÁUSTICO
Hasta que en 2003 comienza a tramitarse el Estatut, PP y PSOE, los partidos vertebrales del sistema, porque podían gobernarlo, acotaban la tensión nacionalista con el mismo método: pactando con formaciones nacionalistas, cuando era necesario, solo la gobernabilidad. Pactaban programas, no la configuración del Estado. Eso es lo que cambia con Rodríguez Zapatero. Él embarcó a su partido en una suerte de pacto fáustico, y el PSOE vendió su alma nacional a cambio de garantizarse el poder mediante una alianza permanente con el nacionalismo. El precio de esa factura que el PSOE ha decidido actualizar está consignado desde el Pacto del Tinell: “el establecimiento de un marco legal donde se reconozca y desarrolle el carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüístico del Estado”.
En una entrevista concedida el 17 de abril de 2006, Rodríguez Zapatero, a la pregunta: “¿Se sentirá responsable si dentro de 10 años Cataluña inicia un proceso de ruptura con el Estado?”, contestó: “Dentro de 10 años España será más fuerte, Cataluña estará más integrada y usted y yo lo viviremos”. Diez años más tarde, en 2016, el procés duraba ya cuatro y, al siguiente, desembocaba en una abierta sedición. Hoy Zapatero es uno de los apoyos más firmes con los que cuenta la agenda ‘sanchista’.
Las democracias modernas son hijas del progreso civilizatorio y la dulcificación general de las costumbres. Un Tribunal Constitucional como el español opera, ante la inconstitucionalidad de un determinado precepto, como un “legislador negativo”, expulsándolo del ordenamiento y haciendo que este recobre la coherencia en virtud del principio de jerarquía normativa. En la antigüedad clásica, época mucho más ruda, la democracia ateniense conocía también procedimientos de “depuración constitucional”: el ostracismo y la graphé paranomon. Esta última institución establecía la responsabilidad de quien hubiera propuesto una ley que, aprobada por la asamblea, resultara contraria al interés público. Podía suponer castigos muy graves.
SEGUNDA FASE: “RODEA A MONTILLA”
La interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut por parte del PP, le valió el reproche de “fabricar independentistas”. Uno de los primeros en formularlo fue José Montilla. Lo hizo al encabezar una manifestación, siendo presidente autonómico, contra el Tribunal Constitucional por la sentencia de 2010 sobre el Estatut.
En esa ocasión, Montilla advirtió de “los riesgos de fomentar el independentismo”. Lo hacía después de haber gobernado siete años con independentistas. Salió de la manifestación protegido por la policía.
Los independentistas, de fábrica, no simpatizan demasiado, en los momentos decisivos, con el socialismo apaciguador. A Montilla no le sirvió de nada ponerse enfrente del Tribunal Constitucional para evitar que los secesionistas corrieran tras él.
Los promotores del nuevo Estatuto fueron siempre conscientes de que estaban rebasando el marco constitucional. Maragall, en 2007, confesó que “tal vez, hubiera sido mejor concentrarse en la modificación del artículo 2 de la Constitución”. Reconociendo, explícitamente, que el Estatuto no cabía en la Constitución.
TERCERA FASE: “APAÑOS” EN LA AGENDA SOCIALISTA
El programa del PSOE en las primeras Elecciones Generales de 2019 se remitía a sus propuestas de reforma del modelo territorial: la Declaración de Granada de 2013 y la Declaración de Barcelona de 2017. En Granada se propuso una reforma constitucional “en sentido federal” y en Barcelona (un compromiso entre PSC y PSOE) se atacó sin tapujos la sentencia del TC sobre el Estatut, abogando por una transformación que “debe culminar en una profunda reforma federal, que permita aunar un profundo autogobierno de las entidades territoriales con la unidad de España y el mejor reconocimiento de la realidad plurinacional de nuestro país”. Esa reforma constitucional contemplaba cuatro grandes cuestiones: 1.- El reconocimiento “de las aspiraciones nacionales de Cataluña”. 2.- Unas nuevas reglas para el reparto competencial “que mejoren el autogobierno catalán”. 3.- Un acuerdo sobre financiación autonómica. 4.- Un Senado federal.
Además, el programa proponía “recoger en la Constitución las facultades concretas del Estado en las distintas materias competenciales, de la forma más precisa posible, y establecer que todo lo no atribuido al Estado por la Constitución es de competencia autonómica”. Es decir, ignorar los límites establecidos por el TC en su sentencia sobre el Estatut y consagrar constitucionalmente un Estado “residual”.
También defendía reconocer “las singularidades de los distintos territorios en sus propios Estatutos de Autonomía. Se aspira a una definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos”. Como si el problema consistiera en un insuficiente reconocimiento identitario; como si la Constitución del 78 se quedara corta en este aspecto. Una Constitución que organizó un modelo territorial abierto. Que reconoce, dentro de la unidad, la asimetría foral, las lenguas propias. Que ha descentralizado políticamente el Estado hasta el extremo. Y como si pudiera ignorarse la respuesta del nacionalismo a todo ello: una minuciosa deslealtad que acaba concretándose en forma de golpe al Estado.
Es impracticable una reforma constitucional en esos términos y con las mayorías actuales y las que pueden preverse. Sin embargo, el ministro de Justicia habla de “crisis constituyente” y el actual ministro de Política Territorial aludía, hace no tanto, al umbral de apoyo independentista (65%) que exigiría “encauzarlo democráticamente”, precisando que “primero debe haber un acuerdo en el Parlamento y luego, la votación de la ciudadanía”, al tiempo que pedía a los independentistas aplazar “entre diez y quince años” la convocatoria de un referéndum ya que aún “no hay en España una mayoría que respalde que el derecho de autodeterminación sea incluido en la Constitución”.
Es decir, el principal ideólogo del socialismo sanchista para la ‘cuestión territorial’ ya tiene asumidos los porcentajes y los tiempos para un eventual referéndum de autodeterminación.
Por su parte, Zapatero, al conocerse la sentencia sobre el Estatut, avaló en julio de 2010 las maniobras legales necesarias para blanquear los puntos declarados inconstitucionales, como los referidos al Poder Judicial en Cataluña. Sánchez, en el mismo sentido, nada más llegar al Gobierno, propuso “un referéndum por el autogobierno, no por la autodeterminación”. En una entrevista en la Cadena Ser, defendía que los catalanes “voten un nuevo Estatut”. Y poco después, Meritxell Batet hablaba en el Congreso de los Diputados de recuperar los catorce preceptos anulados por el TC. Uno de esos artículos venía a establecer un poder judicial independiente (el Consejo de Justicia de Cataluña). Si se restableciera, una nueva intentona golpista podría ser enjuiciada por magistrados nombrados por los propios golpistas.
En suma, desde hace varios años, lo que el PSOE vende como “soluciones” al desafío secesionista o suponen cambios de modelo que desbordan el marco constitucional, o conceden al cuerpo electoral catalán facultades de decisión sobre lo común (soberanas) “fabricando” españoles de primera y de segunda (curiosamente, los de primera, recompensados por no sentirse demasiado españoles), o suponen, en fin, caminar con más o menos anestesia hacia la celebración de un referéndum de autodeterminación pactado y camuflado.
Sánchez utilizó en el Liceo como leit motiv un verso catalán de Miquel Mari i Pol: “I som on som” (“Y estamos donde estamos”). Así es, y hace dieciséis años, en marzo de 2005, José María Benegas, en unas jornadas organizadas en Sigüenza, no tenía reparos en decirle a su partido “dónde estábamos” entonces, y hasta dónde podían subir las aguas si se apostaba por abrir alegremente las esclusas.
Merece reproducir por extenso la intervención de Benegas: “en estos momentos, más que el grado de competencias o sobre las posibles nuevas competencias que habría que transferir a las Comunidades Autónomas, estamos debatiendo, de nuevo, el modelo: si España es una nación de naciones, si una determinada Comunidad Autónoma es una comunidad nacional, o si cabe dentro de la Constitución un estatus de libre asociación para determinadas comunidades (…). Si hacemos esto, seamos conscientes de que estamos en un debate correspondiente a un periodo constituyente; porque el modelo –sobre todo si postulamos que no se reformará el art. 2 CE– es bastante claro, pues el término de nación queda reservado para España, que a su vez queda integrada por nacionalidades y regiones con derecho al autogobierno (…). A mi juicio no se puede decir que España sea una nación de naciones en el sentido de que España sea un primus inter pares dentro de un conjunto de naciones que existen también en el mismo territorio (…). Este no es un debate nominalista, secundario, más o menos irrelevante, porque afecta al ámbito de la soberanía, a la regulación del derecho al autogobierno y a la atribución con carácter exclusivo de un marco estatal a la nación española (…). ¿Cuál es el problema de un nacionalismo reivindicativo si hacemos la concesión de la denominación nación? Que hoy se sentirán nación, pero mañana plantearán que toda nación por su propia naturaleza requiere un Estado”.
Desde entonces, el PSOE ha insistido en presentarse como una suerte de “tercera vía” entre el secesionismo y un supuesto “inmovilismo” del PP. Ahora presume de su lealtad al Gobierno en la crisis de 2017. Pero en la Declaración de Barcelona partía de un diagnóstico de las relaciones entre “Cataluña y España” que el PP y el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 2010 habrían acabado por malbaratar, dando inicio al proceso secesionista: “Desde hace más de 500 años las historias (en plural) de Cataluña y España están entrelazadas”. Y tras una breve mención a la Transición, la Declaración alude a la aprobación del Estatut en 2006, como punto de inflexión: “Para superar el enfrentamiento entre el inmovilismo del Gobierno central y la deriva independentista unilateral es necesario abrir un nuevo escenario de diálogo y propuestas concretas que, como es sabido, en nuestra opinión, debe culminar en una profunda reforma federal, que permita aunar un profundo autogobierno de las entidades territoriales con la unidad de España y el mejor reconocimiento de la realidad plurinacional de nuestro país”.
La propuesta ni siquiera tiene nada que ver con un esquema federal auténtico. Si de lo que se trata es de rebajar la presión secesionista satisfaciendo homeopáticamente parte de sus pretensiones, la vía socialista simplemente supone la deconstrucción confederal del Estado.
Desde entonces, el PSOE no ha dejado de confirmar la relación feudal de vasallaje que mantiene con el PSC, como fórmula exportable de la estructura orgánica del partido a la estructura territorial del Estado. Conviene saberlo para calibrar el significado auténtico del “liderazgo” de la “nueva Cataluña” en la “nueva España” a que se refería el relator del Liceo. Porque supone consagrar irreversiblemente todo lo que el PSC cree que le permitiría recuperar en Cataluña su condición de alternativa como nacionalismo blando: las desigualdades ‘diferenciales’, la inmersión lingüística o la ‘ordinalidad’ en la financiación.
REENCUENTRO CON LOS SILENCIADOS
El PSOE está recorriendo la tercera fase de su peor trayectoria reciente. En esta fase, los reencuentros son difíciles. Como en la película homónima, hay que improvisar un lenguaje inédito si tu interlocutor viene de otra galaxia. Antes de ensayar con sonidos y colores, una vez descartado el idioma de la Ley, Sánchez tal vez haya reparado en la palabra-talismán pronunciada por otro previsible candidato de su “magnanimidad penal”.
En un libro-entrevista que acaba de publicarse (pág. 69), Jordi Pujol invoca el “apaño” como fórmula salvadora. No puede extrañar que lo haga, cuando el socialismo gobernante lleva elaborando desde hace quince años todo un catálogo.
Hemos descrito unos cuantos de esos posibles “apaños” más o menos discernibles tras la “agenda del reencuentro”. Caben otros que se quieran improvisar entre toneladas de propaganda. Con este Gobierno eso es todo lo que podemos esperar: apaños, no soluciones.
La irresponsabilidad del secesionismo ha consumado ya la fractura de la sociedad catalana. Un Gobierno de España con sentido de su responsabilidad histórica atendería a restañar esa fractura que divide entre sí a los catalanes. Cataluña ya está rota. Romper España no va a recomponerla.
Nadie puede ofrecer soluciones mágicas para recuperar la convivencia dañada entre catalanes, que es la que hay que restaurar. Desde el respeto a la ley, un Gobierno español consciente de su responsabilidad mantendría un diálogo constante en primer lugar con aquellos sectores de la sociedad catalana que se han visto históricamente postergados como consecuencia de un control social, político y cultural que hacía de la parte nacionalista de la sociedad catalana el único interlocutor válido con el poder central.
Por pura equidad, pero también para no regalarle más incentivos al nacionalismo, lo prioritario sería escuchar a los que no han sido nunca escuchados. Los que no son invitados nunca a los manteles donde se cotizan las influencias. Esos que todavía son mayoría, silenciosa o no. Los que no frecuentan el ‘puente aéreo’ porque ellos mismos son cabeza de puente. Los que no existen ni para la Generalidad ni para ‘Madrid’, porque no tienen ningún chantaje que blandir.
