Ahora o una semana después, era una certeza que habría acuerdo sobre el apoyo a la recuperación. La iniciativa de la Comisión Von der Leyen, apoyada abrumadoramente por el Parlamento Europeo y apuntalada por Angela Merkel, no podía quedar en vía muerta. A partir de ahí, la configuración del fondo y el sentido que debe tener ese esfuerzo de solidaridad sin precedentes de la Unión Europea es lo que se ha negociado en Bruselas,ante la presencia invisible del presidente del Gobierno cuya condición de oyente en el Consejo Europeo certifica el silencio como la única opción a la que conduce su debilidad.
El acuerdo es un gran logro de la Unión, del proyecto de integración europea en el que aparece un objetivo compartido de transformación económica de cuyo éxito depende el futuro del bienestar de nuestras sociedades, del empleo y de las oportunidades. La cuantía del fondo de recuperación, el recurso a la emisión de deuda común y la previsión de un sistema de ingresos fiscales propios de la Unión para financiarlo son las novedades sobresalientes que aporta este plan. Pero lo que determinará el éxito del empeño será su capacidad para convertirse en una verdadera palanca de transformación del modelo productivo, en especial en aquellas economías que, por su resistencia a las reformas, con cada crisis confirman su devastadora vulnerabilidad.
Este el caso de España, a la que el bloqueo político, primero, y la extravagancia demagógica de la coalición de izquierdas, después, han apartado del camino de las reformas que ahora es preciso retomar. Más allá de los titulares más espectaculares sobre las cuantías que va a recibir España, la cuestión crítica es que nuestro país deberá generar proyectos de inversión aptos para recibir la financiación aprobada, con un alto valor añadido y en sectores identificados: la transformación digital y la transición energética. Llámese condicionalidad o como se quiera, lo cierto es que España deberá alinear su política económica con la de la Unión, debe proponer y dar contenido a reformas estructurales y su Gobierno queda sometido a un escrutinio mucho más estrecho en el que van a concurrir los demás Estados miembros a través del Ecofin y el Consejo Europeo y la Comisión. Las dudas no se encuentran ni en el esfuerzo de solidaridad que ha realizado la Unión ni en la pertinencia de los objetivos del fondo de recuperación, sino en la capacidad y el compromiso de este Gobierno para ejecutar lo que va a exigir remontar la depresión en que nos encontramos, no con una economía dopada sino con una economía renovada.
El rumbo que marca el acuerdo de Bruselas es inequívocamente divergente respecto al que el Gobierno español ha adoptado desde su constitución. Sánchez e Iglesias, por mucho que aparenten celebrar el acuerdo, saben que este tiene consecuencias esenciales sobre su programa de Gobierno, saben que el fondo de recuperación y los compromisos en los que se sustenta acelera el choque con la realidad y que su programa de Gobierno es un recuerdo del pasado. Es sencillamente impensable que el programa de contrarreformas impulsado por los socialistas y Podemos pueda ir adelante, y ese es un efecto muy saludable del acuerdo europeo. España debe volver a Europa y el acuerdo de Bruselas nos vuelve a abrir un camino de reformas y modernización que cuando España lo ha recorrido le ha reportado éxito y progreso. Este Gobierno, que ya queda bajo la estricta observación de la Unión, difícilmente podrá llevarnos ahí. El problema de Sánchez en la cumbre no es que tuviera que esperar en silencio a ver cómo quedaban las cuentas que otros negociaban, sino que en su posición no ha habido rastro de una visión reformadora que ante los socios europeos hiciera de España un país necesitado pero creíble en sus propósitos, en sus compromisos y en su agenda.
La gravedad de una recesión sin precedentes y el cambio sustancial en el horizonte europeo a partir del acuerdo sobre el fondo de recuperación, exigen un cambio de rumbo inequívoco. Ahí es donde entra en juego el papel del Partido Popular que, como parte integrante de la centralidad en Europa, puede sentir reivindicada su apelación a un proceso creíble de reformas e innovación. Cuestión bien distinta –y muy improbable– es que Pedro Sánchez reconozca ese papel al principal partido de la oposición y actúe en consecuencia. Una mirada responsable debería darse cuenta de que lo acordado en Bruselas no es el final de nada sino el punto de partida de un largo camino de prueba para España.
