Anotaciones 8
Se pone en marcha en Bruselas el “diálogo estructurado” que reúne al Gobierno y al Partido Popular con el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders. El objeto de este diálogo es −o debería ser− dar cumplimiento a las reiteradas recomendaciones de la Comisión en sus sucesivos informes sobre Estado de derecho que, en lo referido a España, han insistido en la necesidad tanto de renovar el Consejo General del Poder Judicial como de reformar el sistema de elección de los jueces integrantes del propio Consejo para alinearlo con los criterios europeos, definidos por la UE y el Consejo de Europa, de modo que sean los jueces los que elijan a los jueces.
La renovación es posible y perentoria, pero no se puede olvidar que ha sido la mala gestión negociadora del Gobierno y del Partido Socialista la que ha hecho fracasar intentos anteriores, por ejemplo, decidiendo unilateralmente la supresión del delito de sedición a pesar de tener la certeza de que se trataba de algo inasumible para el PP.
Por otra parte, el Gobierno y su partido no han ocultado su rechazo a reformar el sistema de elección de los vocales jueces del Consejo. El propio ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, volvía a sus habituales evasivas declarando que, una vez renovado el Consejo, “se podría hablar de otras cosas”. Pero no es de “otras cosas” de lo que hay que hablar sino de una muy concreta: la reforma del procedimiento de elección del órgano de gobierno de los jueces, y no simplemente para charlar sino para acordar su modificación a partir de un compromiso firme de reforma.
Por eso, la presencia de la Comisión en esta negociación mediante la fórmula del “diálogo estructurado” es positiva en la medida en que el Gobierno no tendrá margen para eludir esos compromisos y, si lo hace, quedará en evidencia después de lanzar sobre el PP toda la responsabilidad de esta situación. El Partido Popular ha advertido con razón que renovación y reforma deben ir unidas. Lo sostiene el PP y lo establece la Unión Europea. No es una posición arbitraria del PP ni una ocurrencia. Es una exigencia de mejora de calidad de nuestra justicia que Bruselas impulsa para España y para otros países en los que sigue urgiendo a esta reforma.
