Recientemente, en el acuerdo de constitución de un salario mínimo al que ha llegado la coalición de conservadores y socialdemócratas que actualmente gobierna Alemania se han establecido excepciones que recogen a los jóvenes como un colectivo susceptible de ser contratado a un salario inferior al mínimo, como vía para facilitar su contratación y equiparar su nivel de productividad al salario real percibido. En el mismo sentido se ha pronunciado también el Fondo Monetario Internacional, que en su informe anual sobre la zona euro, el conocido como artículo IV, recomienda a los países europeos abrir el debate de un salario mínimo especial para jóvenes a los efectos de poder aumentar la demanda de empleo de los menores de 25 años.
«Miguel Marín es director del Área Economía y Políticas Públicas de FAES
Recientemente, en el acuerdo de constitución de un salario mínimo al que ha llegado la coalición de conservadores y socialdemócratas que actualmente gobierna Alemania se han establecido excepciones que recogen a los jóvenes como un colectivo susceptible de ser contratado a un salario inferior al mínimo, como vía para facilitar su contratación y equiparar su nivel de productividad al salario real percibido. En el mismo sentido se ha pronunciado también el Fondo Monetario Internacional, que en su informe anual sobre la zona euro, el conocido como artículo IV, recomienda a los países europeos abrir el debate de un salario mínimo especial para jóvenes a los efectos de poder aumentar la demanda de empleo de los menores de 25 años.
Que la tasa de desempleo juvenil sea el doble que la tasa de paro general no es un problema exclusivo de España. De hecho, esta es una realidad estadística que se viene produciendo en una gran mayoría de países de la OCDE desde hace décadas, independientemente de la coyuntura económica y de las condiciones del mercado de trabajo, más rígido o más flexible, que se analicen. Detrás de esta constante estadística se encuentran las mayores –y sin embargo normales– dificultades relativas para incorporarse al mercado laboral de este segmento de la población que, de modo general, muestra una menor experiencia, una menor formación relativa y, por ende, un menor nivel de productividad.
El verdadero problema de España es que el desempleo juvenil haya alcanzado las cotas tan elevadas que registra en la actualidad. Es evidente que, a partir de un determinado nivel, el desempleo juvenil representa una rémora para el crecimiento potencial de la economía a largo plazo y, en consecuencia, para las posibilidades de sostenimiento del modelo de bienestar. Parece asimismo evidente que España, con un 50% de tasa de paro juvenil, habría sobrepasado este umbral. Este hecho se ve potenciado por lo que podríamos llamar “la trampa de la productividad”, esto es, una suerte de círculo vicioso en el que cae el joven desempleado que no accede al mercado de trabajo por su baja productividad, que además se ve mermada a medida que pasa el tiempo sin estar trabajando. Tras cinco años de crisis económica severa y con unas perspectivas de recuperación sólida pero prolongada en el tiempo con niveles de crecimiento moderados, todo apunta a que muchos de nuestros jóvenes están perdiendo algunos de los mejores años de su vida laboral inmersos en esta trampa.
Concurriendo estas dos circunstancias, es decir, las dificultades estructurales de los jóvenes para acceder a un empleo y el efecto perverso que a partir de un determinado nivel esto genera en la funcionamiento general de la economía, parece de sentido común establecer un régimen excepcional en las condiciones de contratación de los jóvenes en relación con el régimen general de contratación para el resto de trabajadores. Esta fue una de las principales conclusiones que alcanzó el informe sobre el mercado de trabajo, recientemente presentado por la Fundación FAES. Teniendo en cuenta que actualmente el salario mínimo se está convirtiendo en una barrera de entrada casi insalvable para muchos jóvenes, establecer un salario mínimo más bajo para facilitar la contratación de este colectivo con evidentes problemas de inclusión sería una medida positiva que, además, como hemos visto, está avalada por la experiencia internacional de otros países socios y competidores y por prestigiosos organismos internacionales.
La orientación recogida en el informe de la Fundación FAES, que está pensada también para otros colectivos de difícil inclusión laboral, añade la consideración de limitar en el tiempo estas excepciones hasta que se alcance el nivel de productividad requerido y complementarlas con bonificaciones a las cotizaciones sociales y con prestaciones asistenciales por el Estado al objeto de garantizar un mínimo nivel de bienestar. El objetivo no es otro que permitir que nuestros jóvenes se incorporen cuanto antes al mercado de trabajo y erradicar la idea tan nociva según la cual si el salario no es suficiente es preferible mantener a nuestros jóvenes en el paro antes que trabajar, adquirir experiencia, contribuir a la sociedad, generar productividad futura y, en definitiva, poner en marcha un proyecto de vida autónomo. Todos deseamos empleos de calidad y estables para nuestros hijos, pero mientras la economía no sea capaz de generarlos a ritmo suficiente, asumamos que no existe mayor precariedad que la de mantenerse en el paro cuando existen posibilidades reales de revertir esa situación. Precariedad para los jóvenes y precariedad para un país como España que no puede seguir permitiendo la sangría de talento que estamos padeciendo desde que comenzó la crisis económica.
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