Ayer, el Palacio Real de Marruecos era el primero en hacer saber a los españoles que nuestro Gobierno ha decidido suscribir la posición y las pretensiones de Rabat en el conflicto del Sáhara. El Gobierno español hace suyo el “plan de autonomía” para ese territorio que las autoridades marroquíes promueven. El plan, según ha dejado dicho Pedro Sánchez en carta al Rey Mohamed, “es la base más sería, realista y creíble para resolver el conflicto”. Se caen de esa posición los términos de “justa y aceptable para las partes” con los que siempre España ha definido las condiciones para un arreglo satisfactorio del conflicto.
El giro es evidente y no admite disimulo. El Gobierno se alinea sin matices con la posición marroquí, acepta sus pretensiones y al vincular esta nueva posición española con la garantía de la integridad territorial de Marruecos -según se declara en la mencionada carta- no hacen falta interpretaciones complicadas para concluir que Sánchez atribuye a Marruecos la soberanía sobre el Sáhara. Reproduce así el precedente de Donald Trump.
Y este Gobierno que se autodenomina progresista, formado por partidos que peregrinaban a Tinduf para hacerse fotos con los saharauis y poblaban todo tipo de asociaciones de solidaria amistad con estos, entierra las resoluciones de la ONU y las misiones de la organización en el territorio, se desentiende de las responsabilidades de nuestro país como potencia colonizadora y renuncia a ser una parte activa en la búsqueda de una solución, además de abrir una previsible crisis con Argelia en un momento en el que conviene cuidar a los productores de gas alternativos a Rusia.
Pensar que las buenas relaciones con Marruecos, cuya importancia para España está fuera de duda, exigen asumir la posición de Rabat sobre el Sáhara es asumir, a la vez, una derrota política y diplomática de grandes proporciones. Atribuir a esta decisión del Gobierno español el efecto de cerrar la crisis que abrió hace diez meses con la entrada masiva de ciudadanos marroquíes en Melilla, es rehabilitar la estrategia de presión ilegítima ejercida por Rabat. Presentar este vuelco diplomático como una concesión necesaria para que Marruecos tapone la presión migratoria sobre nuestro país, revela una vulnerabilidad en el Gobierno que España no merece.
La izquierda tiene acreditada su destreza para justificar cualquier chapuza política y cualquier renuncia moral a lo que ella misma proclama como sus principios. También lo hará en este caso. Al menos cabe pedir que no intenten vender la excusa de que suscribiendo las pretensiones marroquíes sobre el Sáhara se garantiza el futuro de Ceuta y Melilla. No es así. Si algún cálculo cabe hacer es precisamente el contrario. Si el Sáhara se reconoce por España como parte integrante de Marruecos, ¿por qué nuestro vecino habría de renunciar a sus pretensiones sobre las dos ciudades autónomas que, según Rabat, forman parte de la integridad territorial marroquí en igual medida, al menos, que el Sáhara? Agrandar a quien reclama parte de tu territorio es una curiosa forma de defenderlo.
Y qué decir de las formas. Ni debate, ni consulta a la oposición, ni valoración concertada de la trascendencia de este paso. La actuación del Gobierno da la medida de su incapacidad y requiere muchas explicaciones porque esto ni siquiera es una rectificación. Es una renuncia.
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