Acabamos de asistir a una teatralización más del actual candidato a la presidencia del Gobierno con tintes más propios de un llamamiento emocional que de una apuesta reflexionada y objetiva. Con una escenografía totalmente estereotipada, los partidos del Gobierno de coalición nos presentan un acuerdo programático trufado de medidas intervencionistas en ámbitos cómo los alquileres o el mercado laboral. Un compendio de propuestas continuistas aderezadas con algún anuncio rutilante que acapare los titulares de prensa.
La reforma de la Ley de Vivienda intensifica la regulación del alquiler buscando atajar la espiral de precios en áreas metropolitanas. Tal como reflejan estudios como los realizados por el Banco de España (2020), ESADE o la Barcelona Business School, la ocasional moderación del alquiler vía control de precios genera importantes distorsiones y efectos adversos como la reducción y envejecimiento del parque de viviendas, comportamientos especulativos, economía sumergida o aumentos de precios en zonas colindantes. Esto, sin contar las fragmentaciones en el mercado de trabajo o las brechas a nivel social.
La apuesta por nuevos incrementos en el SMI armonizándolo con el 60% del salario medio entraña riesgos considerables. A pesar de los cantos de sirena sobre los efectos benignos de su última subida, estudios como los realizados por el BBVA Research consideran sus efectos más que cuestionables. Especialmente en una economía como la española con niveles de productividad a la baja. A pesar de representar un alivio para los colectivos más sensibles, sin la necesaria conciliación entre crecimiento de remuneraciones y productividad, la viabilidad de las empresas se complica con la consecuente destrucción de empleo, pérdida de ingresos públicos e incremento del gasto en prestaciones por desempleo. Similar razonamiento podría aplicarse a la reducción en 2,5 horas semanales en la jornada de trabajo. Para el Observatorio de la Universidad Francisco de Vitoria, esta rebaja del 6,3% anula la estimación de creación de empleo del Gobierno para 2024 e implicará mayor desempleo en ejercicios sucesivos.
La reforma fiscal, en esencia desempolvar la preparada por el equipo de “sabios” del Gobierno en 2022, completa este despliegue de anuncios cuando menos abstractos y de aplicación cuestionable ante algunos de los necesarios apoyos de investidura. La pretensión es incrementar la recaudación en 40.000 millones mediante una reforma que ahonda en figuras existentes. En primer lugar, perpetúa los gravámenes a la banca y las energéticas. Las energéticas tributarán por el 1,2% de su cifra de negocio a partir de 1.000 millones de euros, mientras en la banca se aplicará un 4,8% sobre intereses y comisiones con un umbral de 800 millones. Como ya ha anunciado Repsol, seguir por esta senda invita a nuevas deslocalizaciones que perjudican el empleo y la independencia energética española. Mientras, en la banca, señalan derivadas como la reorientación de su inversión a otros sectores o su posición de debilidad frente a entidades financieras como las cajas rurales.
Más preocupante es la intención de fijar el tipo del impuesto de sociedades en el 15% sobre el beneficio contable, no sobre la actual base imponible, con expectativa de recaudar 10.000 millones adicionales. Este endurecimiento, bajo la excusa de evitar la ingeniería fiscal de las grandes corporaciones quienes aparentemente tributan 13,7% puntos menos frente a las pymes, supone un fuerte incremento en la factura a pagar a la hacienda que desincentiva la inversión, la internacionalización y el crecimiento (la gran asignatura pendiente de nuestro tejido empresarial). Eso dejando de lado la dificultad del encaje jurídico con la propia figura del Impuesto de Sociedades.
Complicaciones legales que presenta el ya impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, pendiente de validación por el Tribunal de Garantías. Sin duda, un instrumento contrario al ejercicio competencial que algunas comunidades autónomas realizan para dinamizar sus economías. Mantenerlo en el tiempo, lejos de eliminar una malentendida competencia fiscal desleal entre territorios, supone retrotraernos fiscalmente a una figura extinta a nivel europeo. El número especial publicado por el Instituto de Estudios Fiscales señala su impacto negativo en el componente fiscal del coste de las empresas, con efectos en componentes clave para el crecimiento como el ahorro y la inversión; pero también revela implicaciones indirectas en términos de deslocalización del ahorro a terceros países, retención de contribuyentes de talento o desincentivos a la entrada de capital que financie vía deuda nuestros desequilibrios presupuestarios.
En fin, un conjunto de propuestas que de cumplirse lastrarán la competitividad, el mercado de trabajo y en general la evolución de una economía cuyas perspectivas no son nada halagüeñas. FUNCAS, BBVA Research y otros organismos internacionales rebajan las expectativas de crecimiento del PIB español 2024 a claramente por debajo del 2%. Sin entrar en disquisiciones estadísticas, la tasa de desempleo sigue siendo la más elevada de Europa con el 11,6% (especialmente entre los más jóvenes, el 26,8%). Los elevados tipos de interés y la inflación están lastrando el ya deteriorado poder adquisitivo de las familias, un 4% inferior al de 2022 según ADECCO. Parafraseando a Carlos Menem: estamos mal, ¿pero con esto vamos a ir bien?
José Antonio Belso Martínez es catedrático de Economía Aplicada
