“Si a alguien le hubieran dicho, hace cinco meses, cuando el 84% de la población pensaba que íbamos a ir a una hiperinflación, que en cinco meses la mayoría de los bancos iban a estar dando préstamos hipotecarios a 20 y 30 años, creo que realmente le hubiera agarrado un ataque de risa». Así definía a principios de junio el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, la sorprendente situación que atravesaba el país, y no le faltaba razón.
En diciembre del 2023 Javier Milei asumía como flamante presidente de un país con la inflación más alta del mundo -por encima del 200% interanual-, una pobreza por encima del 40% y un riesgo país por encima de los 2.000 puntos previo a las elecciones presidenciales, una de las cifras más elevadas a nivel global. Sumado a este escenario económico desastroso, aún para los estándares argentinos, -y tal como comentábamos antes de que fuera electo- el nuevo gobierno comenzaba con un enorme desafío de gobernabilidad, dada su debilidad legislativa (15% de legisladores propios en la Cámara de Diputados y 10% en el Senado), la ausencia de gobernadores propios y la inexperiencia política de un movimiento liderado por un outsider.
En este contexto, el gobierno institucionalmente más débil de la historia argentina anunciaba en su primera semana de gestión que devaluaría la moneda en un 50%, acercando la cotización oficial a la libre del mercado, eliminaría el déficit fiscal de cinco puntos del PIB y liberaría una serie de precios regulados. Al mismo tiempo, firmaba un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) -con fuerza de ley- para desregular la economía, y enviaba al Congreso un proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos de 664 artículos que buscaba, entre otros objetivos, privatizar empresas públicas, introducir un régimen de incentivos fiscales para grandes inversiones y avanzar en una reforma laboral.
No es necesario ser experto en Argentina y su historia de conflictividad política, social y sindical para observar este escenario y predecir una explosión sideral. El camino trazado por Milei parecía más propio de un economista teórico que el de un político en búsqueda de la reelección. Sin embargo, para sorpresa de muchos, aún no ha explotado nada, ni parece que vaya a hacerlo.
En sus primeros seis meses, el gobierno ha tomado medidas drásticas en materia fiscal, incluyendo la reducción de jubilaciones y pensiones, la quita de subsidios al consumo de los servicios públicos -se redujeron en promedio un 34% interanual según la consultora Invecq-, y el freno del gasto en obra pública. También ha aumentado algunos impuestos, afectando enormemente los bolsillos ya pequeños de los argentinos. Para dimensionar el tamaño del ajuste, el propio FMI le pidió en febrero al gobierno “proceder de forma pragmática para asegurar apoyo social y político” del programa, es decir, ir más lento.
El resultado ha sido un superávit fiscal que no existía desde el año 2008 y que solamente tuvo la Argentina por seis años desde 1961. De esta manera, se buscan dos objetivos importantes, entre otros vinculados a la estabilidad macroeconómica. Primero, eliminar la emisión de dinero para financiar al sector público, desacelerando la inflación. Segundo, liberar capitales para financiar al sector privado y reactivar el crédito, motor económico que permite, por ejemplo, ofrecer los créditos hipotecarios a los que se refirió el ministro Caputo.
El talón de Aquiles de esta estrategia es el tiempo que transcurre entre que los ciudadanos pagan el costo del ajuste y cuando finalmente ven los frutos de su esfuerzo. Es en esa ventana temporal donde muchos gobiernos pierden su apoyo. El sorprendente éxito en este caso radica justamente en que, a pesar de las políticas de austeridad, la popularidad del presidente se mantiene en niveles elevados. Según distintas encuestas, Javier Milei mantiene una valoración positiva de poco más de la mitad de los argentinos, superando ampliamente a cualquier dirigente de la oposición y perdiendo muy poca adhesión desde su asunción.
Tal vez este apoyo sostenido responde a que Milei en ya se mostraba con una motosierra en su campaña electoral, símbolo del ajuste que prometía hacer, y con ese mensaje le ganó al candidato peronista por doce puntos. Es decir, el mandato del electorado parece ser que el gobierno haga lo que considere necesario para controlar la inflación, cueste lo que cueste. Milei ha logrado convencer a la mayoría de los argentinos, por ahora, de que este camino difícil es el que permitirá finalmente terminar con el ciclo de decadencia económica nacional.
En contraste, el último experimento no peronista de Mauricio Macri debió prometer en la campaña presidencial del 2015 que “nadie va a perder lo que tiene” para poder ganarle al peronismo en una segunda vuelta electoral por apenas dos puntos. Cuando comenzó a implementar algunas medidas de austeridad, su popularidad cayó hasta perder la reelección.
Este giro copernicano de la opinión pública argentina permite ilusionarse con un cambio de época que le escape a las trampas recurrentes del pasado y otorgue continuidad a una macroeconomía saludable. Gracias a este apoyo popular, el oficialismo ha logrado presionar a las fuerzas políticas de centro, cuyo electorado se ve seducido por Milei, para que acompañen el rumbo. Así, el gobierno logró que el Congreso aún no inhabilite su Decreto de Necesidad y Urgencia -aunque fue rechazado parcialmente por el Senado- y que finalmente, tras arduas negociaciones, ambas cámaras legislativas aprobaran lo que se considera los cimientos de su programa: la Ley de Bases y el Paquete Fiscal.
Atravesado el primer semestre, se vislumbran tres desafíos que definirán la suerte del gobierno en las elecciones legislativas del año que viene y en lo que queda del mandato: inflación, crecimiento y gestión del Estado.
La inflación intermensual de mayo fue de 4,2%, descendiendo desde el 25,5% de diciembre y alcanzando la cifra más baja desde enero de 2022, dando una señal de que el esfuerzo desinflacionario comienza a dar sus frutos. El control de la inflación da enormes réditos políticos en un país que ha comprobado el daño letal que ésta implica, tal como se vio en el caso del presidente Menem. Si el presidente libertario continúa mostrando una inflación a la baja, su fuerza política tendrá un trofeo difícil de opacar.
Sin embargo, la actividad económica también tendrá que empezar a mostrar números verdes en el corto plazo. Para ello, el gobierno deberá continuar demostrando a los inversores que están dadas las condiciones para apostar por el país. En particular deberá eliminar el “cepo” cambiario, una restricción a la compra de divisas que impide la libre flotación del peso argentino y que dificulta que las empresas extranjeras giren sus dividendos a su casa matriz, sin que ello devalúe mucho la moneda y dispare la inflación.
Al mismo tiempo, es importante que se comience a consolidar la gestión del Estado en un gobierno con escasez de dirigentes propios al que en mayo aún le faltaba por designar el 62% de los puestos del organigrama nacional. Más aún, considerando que ya hubo más de una treintena de cambios en el Poder Ejecutivo, dificultando el normal funcionamiento de una nueva administración. Un Estado reducido igualmente debe ser efectivo en sus funciones.
En conclusión, el presidente Milei tiene un camino difícil por delante. Sin embargo, si a alguien le hubieran dicho hace seis meses que el presidente institucionalmente más débil de la historia argentina podía devaluar la moneda, quitar subsidios al consumo de energía y transporte, y frenar la obra pública, manteniendo un apoyo de más de la mitad de los argentinos que le permite avanzar en sus reformas, creo que realmente le hubiera agarrado un ataque de risa. Por ahora, Milei lo está logrando.
Brian Berezovsky es director para América en AEI y profesor de IE University
