En la última sesión de control celebrada en el Congreso de los Diputados se ha escuchado, sin hacer ruido, una declaración sorprendente. Preguntaba la diputada brasileña de ERC, Carvalho Dantas, enfundada para la ocasión en una camiseta con la leyenda “Antifaxista”, si el gobierno pensaba “considerar como terrorista al movimiento antifascista”. La diputada glosaba en su intervención el peligro fascista en que ve despeñarse la paz civil en el “Estado español” y en algún momento pudo temerse que iba a señalar a la coalición gobernante por su falta de compromiso antifranquista. Consumió su tiempo reglamentario sin que pudiera concluir la diatriba y quedamos en ascuas sobre la responsabilidad del Gobierno Sánchez-Iglesias por su flojera a la hora de combatir el fascismo.
El ministro de Justicia –impecable traje gris, nudo de corbata perfecto– contestaba a la diputada republicana –socia en la investidura, clave en la Legislatura– tranquilizándola a ella y a todos: en España, la libertad ideológica y la libertad de expresión seguirán siendo “pilares básicos” del Estado a los que el ministro llamaba a “atarse como mástiles en medio de una tormenta”.
Y de pronto, el naufragio. El ministro, embarcado en una dudosa analogía entre la crisis financiera de 2008 (“crisis de pirámide social”) y la que hoy induce la pandemia, califica a esta, además de económica y social, como también una “crisis constituyente”, y dice que se produce de forma simultánea a un “debate constituyente” del que “no podemos dejar a nadie fuera”; sin que sepamos muy bien si se está refiriendo a los militantes “antifa”, objeto de la pregunta.
Si este Gobierno no viviera gracias a la respiración asistida de quienes impugnan el modelo constitucional; si no estuviera parcialmente integrado por quienes han hecho del “régimen del 78” una etiqueta infamante; si no hubiera buscado en cada encrucijada parlamentaria la complicidad de los que aceptan como legado toda una historia de agresión criminal a la Constitución; si no se empeñara en aceptar negociar con los autores del golpe a la Constitución la continuidad nacional de España; si el Gobierno de Pedro Sánchez tuviera otra ejecutoria, se podrían interpretar las palabras del ministro como un lapsus o un traspiés producto de la improvisación. No siendo así, hay que preguntar al ministro, que tiene formación jurídica y conoce con precisión el significado de la expresión “crisis constituyente”, de qué forma ha afectado la COVID-19 al sujeto de la soberanía, a la forma de Estado o a su planta territorial. Porque una “crisis constituyente” es una crisis política que afecta a la vigencia y continuidad de la Constitución y sus elementos esenciales.
Un “debate constituyente”, como sabe perfectamente el ministro, solo lo pueden tener unas Cortes Constituyentes elegidas para elaborar una nueva Constitución. Si el ministro no ha querido hablar por hablar, debe decir a todos los españoles cuándo, dónde y con quién quiere celebrarlo. En la cafetería no será.
