El federalismo tiene un grave problema en España porque se ha convertido en lo que en cada caso quieren que sea los que se proclaman federalistas. Los federalistas coherentes y rigurosos, que sin duda los hay, quedan a merced del capricho argumental de los que utilizan “lo federal” como un concepto de goma que lo mismo sirve para etiquetar los argumentos más anacrónicos del historicismo jurídico que para argumentar a favor del destejer confederal del Estado.
«Javier Zarzalejos. Secretario general de la Fundación
El federalismo tiene un grave problema en España porque se ha convertido en lo que en cada caso quieren que sea los que se proclaman federalistas. Los federalistas coherentes y rigurosos, que sin duda los hay, quedan a merced del capricho argumental de los que utilizan “lo federal” como un concepto de goma que lo mismo sirve para etiquetar los argumentos más anacrónicos del historicismo jurídico que para argumentar a favor del destejer confederal del Estado.
Algunos llamativos titulares estos días ofrecen cómo cambiar el Estado sin reformar la Constitución. Otros sostienen que la denominada “tercera vía” gana terreno como eje de negociación en los prolegómenos del encuentro entre el presidente de la Generalidad de Cataluña y el presidente del Gobierno. No lo creo. Ni creo que haya razón alguna para pensar que esa pretendida fórmula de negociación tienta de ningún modo a Mariano Rajoy como un camino practicable.
El énfasis de Rajoy en situar su respuesta en parámetros estrictamente constitucionales y –como él mismo ha reiterado– el recordatorio de que ni él ni ningún presidente del Gobierno pueden decidir lo que concierne a todos los españoles en una conversación con el presidente de una Comunidad Autónoma, aunque ésta sea la catalana, definen con claridad esta posición.
La “tercera vía” consiste, según sus prescriptores, en que se incorpore a la Constitución una Disposición Adicional en virtud de la cual Cataluña sea reconocida como nación, se “blinde” la competencia absoluta de la Generalidad en materia lingüística, cultural, educativa, y de organización territorial y se establezca una agencia tributaria catalana que, sin perjuicio de la capacidad normativa de la que dispone Cataluña, recaude todos los impuestos y ceda al Estado una “cuota de solidaridad”.
Esta fórmula, según sus promotores, produciría el efecto de desvanecer el independentismo y recuperaría la amigable conllevanza.
Algunas preguntas surgen inevitablemente. ¿Realmente incorporar una disposición adicional en la Constitución no es una reforma de ésta? ¿Alguien puede pensar que una disposición adicional puede afectar a la definición nacional de España (artículo 2 de la Constitución), a los derechos lingüísticos y educativos (artículo 3 y 27) o puede alterar el sistema constitucional de atribución de competencias para una sola Comunidad? ¿Alguien puede explicar qué hay de federal en esa fórmula? Pero la pregunta, en términos políticos, tal vez habría de ser otra: ¿si esto es un pacto, cuál es la contrapartida del nacionalismo catalán? Que algunos se pudieran quedar provisionalmente satisfechos, y de paso reivindicaran los logros de una estrategia de ruptura, no parece suficiente. Peor aún, sería una invitación a la reincidencia.
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