Idioma-grey

Un acuerdo equilibrado

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on linkedin

La renovación del Consejo General de Poder Judicial era perentoria tras cinco años de prórroga. Lo abonaban razones legales, constitucionales y de pura funcionalidad con una Justicia al borde del colapso. Es cierto que, por otro lado, lo dificultaba la negativa del Gobierno a comprometer, simultáneamente, modificaciones legislativas que garantizasen la conformidad con los estándares europeos del procedimiento de designación de vocales del Consejo.

En este acuerdo, el Partido Popular no se ha conformado con promesas abstractas y ha evitado la consumación de una toma de control con la que amenazaba el Gobierno, amagando con rebajar, desde el Congreso, las mayorías reforzadas que son preceptivas en el nombramiento de vocales.

El PP asegura con este acuerdo el principio de separación de poderes y la verificación europea de las reformas comprometidas, que deberán ponerse en marcha inmediatamente.

Las garantías obtenidas en la negociación pueden quedar resumidas como sigue:

  • Queda en manos de los vocales del Consejo la elección de su presidente.
  • Para reforzar la independencia judicial se aprobará, mediante Ley Orgánica, el veto de acceso al cargo de vocal del Consejo y de fiscal general del Estado a quienes hayan ostentado cualquier cargo político en los últimos cinco años. No podrá repetirse el actual espectáculo de una Fiscalía General hecha apéndice visible del Ejecutivo.
  • Se amplía, de 15 a 20 años, la antigüedad para poder ser designado magistrado del Tribunal Supremo. Y todos los nombramientos discrecionales del Consejo deberán ser adoptados por mayoría reforzada, es decir, por un mínimo de 12 vocales.
  • Tales criterios de idoneidad reproducen los incorporados al Plan de Calidad Institucional presentado por Alberto Núñez Feijóo en Cádiz el año pasado.
  • Atendiendo recomendaciones de la Comisión Europea, en esa Ley Orgánica que refuerce la independencia judicial se incluirá una disposición para que, en un plazo de seis meses, los vocales del Consejo presenten una propuesta de reforma que determine la participación directa de jueces y magistrados en la elección de los doce vocales de procedencia judicial.
  • Dicha propuesta deberá ser aprobada por una mayoría cualificada y remitida al Gobierno y a las Cámaras para su toma en consideración. El objetivo es adecuar el sistema de elección de vocales a los estándares europeos y someterse a la evaluación favorable de los informes periódicos sobre Estado de derecho de la Comisión Europea.
  • Para finalizar, el acuerdo contempla la designación por parte del Senado de la plaza que quedó vacante en el Tribunal Constitucional tras la renuncia por enfermedad del magistrado Alfredo Montoya.

De la lectura del acuerdo no se desprende ninguna abdicación de planteamientos irrenunciables por parte del PP. Al contrario, ha conseguido verlos plasmados en el compromiso de promulgar una Ley Orgánica que los incorpore haciéndolos obligatorios. Importa hacer efectivo ese compromiso.

Positivar la necesidad de adoptar acuerdos mediante mayorías reforzadas garantiza que los actores deban consensuar; es una disposición que contradice los amagos de la izquierda por imponerse, rebajando las mayorías para hacer valer el rodillo de la mitad más uno. Además, las bases de lo acordado caminan en la buena dirección: acabar con el sistema de “cuotas” que compromete la imagen del Poder Judicial y mediatiza su independencia.

No es poco que, en una Legislatura en que el Gobierno es incapaz de aprobar unos Presupuestos, el acuerdo de mayor calado político sea la adopción de un programa de regeneración institucional diseñado, literalmente, por el líder de la oposición.

Desde hoy, ningún portavoz del Gobierno podrá repetir, sin deshonrar su firma y su palabra, aquello de “en una democracia los jueces no pueden elegir a los jueces”.

Un informe sobre el Estado de derecho estaba a punto de ser publicado por la Comisión. En Europa no está bien visto lo de ser partidario de “enterrar a Montesquieu”. En este momento, esa postura, sumada a la amnistía, las acusaciones de lawfare, y las difamaciones hacia jueces y magistrados conformaban un cóctel demasiado indigesto para la Comisión.

Toca estar vigilantes para hacer cumplir lo comprometido. En democracia es preceptiva la lógica del acuerdo y la negociación. Lo importante es el respeto de los límites constitucionales y un mínimo de buena fe. Que el sanchismo haya –en tantas ocasiones– burlado esas dos premisas, no altera la tesis principal. Además, esta vez la negociación está “europeizada”. No será tan fácil trampear ninguna de las cláusulas que acaban de firmarse.

Otra polémica queda despejada con la firma de este acuerdo: el PP ha hecho bien resistiendo las presiones para aceptar trágalas que comprometiesen la transparencia y el fortalecimiento de la independencia judicial. Cada vez que decía “no” a una de esas ofertas envueltas en amenazas, se le reprochaba estar “incumpliendo la Constitución”. La firma de este acuerdo, y no de cualquier otro, acredita que la estaba defendiendo.