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Un fondo para Europa

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Alemania y Francia han respondido a la exigencia de un esfuerzo económico europeo frente a la crisis del COVID-19 anunciando un acuerdo que someterán a los socios de la Unión. Se trata de la creación de un fondo dotado con 500.000 millones de euros que se transferirían a los Estados miembros como gasto presupuestario de la Comisión sin obligación de reembolso. El dinero tendrá que dedicarse a inversiones en las áreas de transformación energética y digitalización con el doble objetivo de reactivar y de reformar las economías europeas. El fondo se financiará con deuda emitida por la Comisión Europea respaldada por el presupuesto de la Unión y las garantías suplementarias que aporten los Estados miembros.

El diseño de este fondo se aproxima mucho a una parte de lo que había propuesto la Comisión y pedido el Parlamento Europeo. Pero solo una parte. Las instituciones comunitarias han cifrado entre un billón y medio y dos billones los recursos necesarios para afrontar la situación actual, una cantidad que se repartiría entre transferencias y préstamos en una proporción por precisar. La propuesta germano-francesa contempla una cuantía mucho menor, si bien es cierto que solo para trasferencias. Quedaría pendiente la otra parte que se instrumentaría en forma de préstamos en condiciones especialmente ventajosas.

La propuesta de Merkel y Macron es positiva sin reservas, pero no es la panacea y alimentar a partir de ella la ilusión de dinero gratis sería una grave irresponsabilidad.Quien quiera ir de “free rider” se equivocará.  Es un paso adelante cuando las perspectivas económicas en los países más castigados por la pandemia y con peor desempeño económico son devastadoras. La deuda que financie el fondo no será ni mutualizada ni perpetua, pero sí europea y eso es extraordinariamente relevante.

Sin embargo, queda mucho por definir tanto desde el punto de vista político como económico. Para empezar, se trata de una propuesta que tiene que ser aprobada por los demás y aunque el sello germano-francés pesa mucho, habrá dificultades entre los países que se califican de virtuosos que no aceptan más que apoyos en forma de préstamos. Por otra parte, si se sigue manejando la cifra de 1,5 a 2 billones de euros, la parte que se dedicará a transferencias se ve muy reducida frente a lo que serían préstamos. La finalidad de las inversiones que financien estas transferencias supone objetivamente una restricción que puede limitar su eficacia para la creación de empleo en tiempos de desempleo masivo. Invertir en la transformación energética y medioambiental y en la digitalización constituirá un impulso modernizador evidente, pero de ahí no se sigue necesariamente que habrá una efectiva creación de empleo a corto plazo. Los procesos de transición energética, medioambiental, o industrial no suelen ser capaces de reajustar inmediatamente los puestos de trabajo que pueden desaparece por la introducción de nuevos procesos productivos. Habrá que ver si las inversiones quedan sujetas a umbrales de cofinanciación por parte de los Estados receptores de las transferencias y cómo se articulan los controles sobre los beneficiarios, las decisiones de inversión y su ejecución.

Queda, por último, el famoso asunto de la condicionalidad que ocupará un papel tal vez decisivo en la negociación del fondo y de los recursos adicionales que se puedan generar. Merkel y Macron han hablado de la necesidad de asegurar “políticas económicas sólidas” y “reformas ambiciosas”, algo que no figura en el manual de gobiernos como el español. Habrá condicionalidad para la reconstrucción, eso es seguro, y entonces, dentro de muy poco, se pondrá a prueba la calidad institucional, y la altura política de los gobiernos europeos, en un examen que será distinto pero no menos exigente que el que España tuvo que pasar en los años cercanos de la crisis financiera.