Anotaciones FAES 1
Imaginemos que alguien está pensando en hacer una inversión en España. Ese posible inversor tratará de tener información sobre el país, conocer su marco institucional, asegurar la previsibilidad de las decisiones de las autoridades. Ese inversor en busca de información se habrá desayunado uno de estos días con algunas informaciones que le llevarían a la duda.
Habría leído que un socio estratégico del Gobierno de coalición exige que se multe a empresas que han abandonado Cataluña desde 2017 impelidas por el proceso independentista si estas no vuelven a establecerse en esa comunidad. Podría haber leído también que desde el Gobierno se amenaza a los empresarios con una decisión unilateral de subida del salario mínimo que los empresarios rechazan, si estos finalmente no pasan por el aro gubernamental. Si profundizara un poco podría enterarse de que el Gobierno modifica la reforma laboral, aparentemente consensuada, por la puerta de atrás y que en sus proyectos figura la recuperación de todas las rigideces que han lastrado el mercado de trabajo en nuestro país. Seguramente habrá visto que ese mismo Gobierno alegando intereses estratégicos toma una abultada participación directa en una de las grandes empresas del Ibex, cuando tenía a su disposición otras alternativas de intervención. Y si el interés de nuestro posible inversor no ha decaído, llegará a saber que la ejecución de los fondos de recuperación Next Generation roza lo sonrojante. Y eso que no esperamos que el posible inversor sea consciente de la maraña normativa que se va acumulando a base de decretos leyes convertidos en una macedonia legislativa confusa e insegura.
Es probable que a estas alturas el posible inversor se haya desanimado y busque alternativas mejores, más seguras, entornos institucionales más sólidos y autoridades más previsibles en sus decisiones. En realidad, es lo que está pasando.
