Ecuador está viviendo un intento, una estrategia de desestabilización por parte de grupos de oposición al Gobierno. El día 5 de febrero, la propia OEA ha manifestado su preocupación mediante comunicado, donde llama “a los actores políticos y sociales ecuatorianos a enmarcar la resolución de sus diferencias en el contexto constitucional”. Y es que miembros de la Asamblea Nacional que apoyaron el informe de la Comisión –captada por acólitos del expresidente Rafael Correa, apoyada por el socialcristianismo y el indigenismo radical– han conseguido 104 votos para aprobar un informe que sugiere el juicio político del presidente Lasso, basados en premisas ilógicas, en datos falsos y en pretensiones ilegales.
El informe desafía la más esencial lógica cuando se inculpa al presidente de sucumbir a las presiones de familiares en gestiones de cargos públicos. Sin embargo, las pruebas que usan demuestran exactamente lo contrario. El informe habla de gestiones de un general de Policía, por medio del cuñado del mandatario, para ascender a comandante general. Sin embargo, el presidente cesó en dos ocasiones al referido General, primero por Decreto Nro. 146 y luego mediante Decreto Nro. 407. ¿Dónde está la gestión familiar? Más aún, el oficial en ciernes ha confirmado repetidamente en entrevistas que sus intentos de acercamiento no surtieron efecto.
Y luego vienen las situaciones irreales. Para empezar, quizá lo más llamativo y espeluznante, es que el informe de la Comisión se basa en noticias falsas, literalmente. Una de las supuestas pruebas más contundentes sobre el vínculo con el narcotráfico fue un mensaje directo de Twitter proveniente, en teoría, de Leonardo Cortázar, publicado por el portal @LaHistoriaEC. Dicha publicación resultó ser absolutamente falsa, como aclaró el mismo portal.
Por otra parte, el informe de la Comisión dice que Guillermo Lasso cambió las facultades de la Presidencia de Empresa Coordinadora de Empresas Públicas para permitir manejos oscuros, lo cual es falso. Eso sucedió mediante una reforma legal publicada el 19 de mayo de 2017, durante el régimen de Rafael Correa. Se dice también que Guillermo Lasso estableció la conformación del Directorio de dicho ente de forma política. Falso de nuevo: quienes hicieron esas reformas fueron Rafael Correa, mediante Decreto 842 de 11 de diciembre de 2015, y Lenin Moreno, por Decreto 1051 de 14 de mayo de 2020. Lo cierto es que durante todo el Gobierno de Lasso se ha dado un solo caso aislado de corrupción en las empresas estatales, ante lo cual el Gobierno actuó enseguida luego de conocer la evidencia. Esto solo por mencionar las falsedades más llamativas, que ni de lejos son las únicas.
Luego viene la absoluta ilegalidad de llegar a sugerir, sin ningún sustento probatorio, que se habrían cometido por omisión delitos de peculado, cohecho y concusión. Se les escapó el detalle de que nuestra legislación penal expresamente señala que tales delitos no se pueden cometer por omisión. Al respecto, el famosos cronista local, Roberto Aguilar, ha señalado: “Quedó planteada también la acusación de delitos contra la administración pública (peculado, cohecho, concusión) en la modalidad de comisión por omisión, un imposible jurídico, pues los únicos delitos para los cuales el Código Orgánico Integral Penal reconoce la posibilidad de comisión por omisión son aquellos que atentan contra la vida, la salud, la libertad y la integridad de las personas. Así las cosas, la oposición tiene dos alternativas por delante: resignarse a hacer el ridículo ante la Corte Constitucional, que debe calificar la admisibilidad de las causales del juicio político, o echar el informe de la comisión a la basura e inventarse causales nuevas”.
Y ya con esto queda muy claro que no hubo siquiera un intento para dotar de un barniz de credibilidad intelectual a estas acusaciones, que no son otra cosa que una intentona golpista, patrocinada por la oposición, encarnada esta por una surreal orquesta de la izquierda correísta, el indigenismo radical y la derecha socialcristiana, en un recital inédito de demagogia populista.
Aparicio Caicedo, es director Ejecutivo Fundación Ecuador Libre
