¿Mapa o brújula? Tal vez ni siquiera los dos juntos servirán para orientarse en las tempestuosas aguas de la política venezolana, alteradas una vez más, y en esta ocasión por las elecciones anunciadas para el 28 de julio y que, según todos los pronósticos –y no hace falta ser muy perspicaz para anticipar los resultados– pondrán en el sillón de Miraflores a la misma persona por seis años más: a Nicolás Maduro.
Hay varios factores que permiten llegar a esa conclusión: los principales partidos de oposición han sido intervenidos, e inhabilitados los dirigentes de oposición que podrían derrotar a Maduro; el Consejo Nacional Electoral está controlado por el gobierno y seriamente cuestionada su imparcialidad y, en tercer lugar, la presión internacional, aunque tiene contundencia declarativa, en la práctica no va a poder impedir la reelección de Maduro.
El dirigente opositor César Pérez Vivas califica el proceso en marcha como un “golpe electoral”: “Estamos presenciando la ejecución en cámara lenta, por parte de la cúpula en el poder, de un golpe de Estado a la soberanía popular. El proceso está en desarrollo”, señala el dirigente socialcristiano en artículo publicado en el portal digital La Patilla.com[1]
Por último, la represión policial ha arreciado orientándose a descabezar toda la cúpula opositora, en particular al entorno cercano a María Corina Machado.
El juego de los candidatos
La candidata con más opciones es la opositora María Corina Machado, del partido Vente Venezuela (liberal) quien fuera inhabilitada por 15 años. Sin embargo, ganó las primarias opositoras que se celebraron el 22 de octubre pasado, con un aplastante resultado sobre su más cercano contrincante en las filas opositoras. Y con respecto a Maduro, tiene más de cuarenta puntos de ventaja, según sondeos independientes, lo cual la daría claramente como ganadora en cualquier proceso electoral… si se celebrara con las mínimas garantías.
Para sortear la inhabilitación, Machado presentó como su sustituta a Corina Yoris, filósofa, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, sin experiencia política, pero con una amplia trayectoria académica (egresada de la Complutense) y sin ninguna interdicción ni inhabilitación a sus espaldas. Enseguida el chavismo se dedicó a insultarla y descalificarla por redes sociales hasta acabar denegando la inscripción de su candidatura.
La oposición denunció ayer lunes, horas antes del cierre del registro de candidaturas, que el sistema permanecía “completamente cerrado”, tanto para Yoris como para cualquier otro aspirante que quiera postularse por la denominada “Unidad” democrática. “Hemos agotado todos los medios a nuestro alcance”, dijo Yoris en una rueda de prensa en la que confirmó las trabas para inscribir su candidatura por Internet.
La táctica divisionista del chavismo ha tenido éxito, logrando crear una “oposición a la medida” mediante una serie de negociaciones opacas. Es decir, ha permitido la inscripción de candidatos que, si bien se dicen “de opinión” (críticos), en la práctica le hacen el juego al chavismo. Es el caso de Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia (el más importante del país por su producción petrolera), quien incluso ha sido alabado por Maduro en su programa de televisión.
Rosales mantuvo, hace poco, conversaciones con María Corina Machado y por un momento se pensó que la apoyaría. Al final, inscribió su candidatura con la marca de su partido “Un Nuevo Tiempo”. El hecho de que se la hayan permitido inscribir a medianoche y al mismo tiempo negársela a Yoris, alimenta la sospecha.
El resultado: trece candidatos inscritos –todos hombres– y ninguno de oposición. Ni siquiera al candidato del Partido Comunista, antiguo aliado del chavismo, le fue permitido inscribirse.
El juego del Registro
Más de siete millones de venezolanos han salido de su país en busca de mejores condiciones de vida. Pocos secundarán al gobierno que les ha obligado a emigrar. Tal vez por ello el CNE no facilita la participación de los venezolanos en el exterior: sabe que la mayoría de ellos son disidentes del régimen.
Por otra parte, la renovación del Registro Electoral debería hacerse con la inscripción de jóvenes en edad de votación. Sin embargo, son frecuentes las denuncias de irregularidades en los centros de inscripción electoral. El gobierno ha anunciado que abrirá algunos en las playas, donde miles de personas acuden durante la Semana Santa. Aun en caso de cumplir este anuncio, serían insuficientes.
Por otra parte, no se debe olvidar que el sistema electoral venezolano es totalmente automatizado y que ello se presta a fraudes de todo tipo. En agosto de 2017, Antonio Múgica, director ejecutivo de Smartmatic, empresa que tuvo a su cargo varias elecciones en Venezuela, admitió a la BBC en Londres que “hubo manipulación del dato de participación” y estimaba la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema en, al menos, un millón de electores.
En un país donde a cada momento hay cortes eléctricos y caídas de internet y de las redes sociales, basar el sistema electoral en la cibernética es un riesgo más que evidente.
El juego internacional
La comunidad internacional, con escasas excepciones, ha estado alerta sobre la deriva autoritaria del gobierno de Maduro y en no pocas ocasiones ha llamado la atención sobre la necesidad de elecciones libres, comenzando por los gobiernos latinoamericanos, como los de Chile y Argentina. Incluso el presidente brasileño Lula da Silva, histórico amigo de Chávez y de la “revolución bolivariana”, pidió a Maduro que fijara una fecha electoral.
El gobierno de Chile expresó su “firme condena” ante la reciente detención de dos dirigentes del partido “Vente Venezuela” cercanos a Machado: Dignora Hernández y Henry Alviárez. Maduro reaccionó acusando al gobierno chileno de inmiscuirse en “asuntos internos” de Venezuela.
La Unión Europea expresó este lunes su preocupación por la oleada de “detenciones arbitrarias” en Venezuela. “La UE reitera su llamamiento para que se respete el debido proceso y se garantice la protección y la seguridad de los detenidos en todo momento. Reiteramos nuestro apoyo inquebrantable a la democracia en Venezuela”, dijo el portavoz de Exteriores, Peter Stano, en declaraciones a Europa Press.
Estados Unidos, principal socio comercial de Venezuela hasta antes de la “revolución” chavista, diseñó un paquete de sanciones orientadas a impedir el flujo de capitales de origen ilícito, proveniente de la casta burocrática “revolucionaria”, hacia el sistema financiero norteamericano. EE. UU. prometió endurecer de nuevo su postura si no se respetaban los acuerdos de Barbados firmados entre el gobierno y la oposición, cosa que no ha sucedido.
Joe Biden acaba de prorrogar por un año la Declaración de Emergencia Nacional sobre Venezuela, por la “amenaza” que representa para la seguridad y la política exterior de Estados Unidos, según informa la Casa Blanca. En 2015, Estados Unidos emitió un decreto que declaraba una emergencia con respecto al país sudamericano. Este decreto denuncia “la erosión de las garantías de derechos humanos”, “la persecución de opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia, y violaciones y abusos de derechos humanos en respuesta a protestas anti- gubernamentales”, “detenciones arbitrarias de manifestantes” y “la presencia cada vez más exacerbada de una importante corrupción gubernamental”.
En medio de todo este panorama, el gobierno español, enredado en el “Caso Koldo” y las denuncias de corrupción en el entorno cercano a Pedro Sánchez, no se pronuncia. Tampoco el expresidente Rodríguez Zapatero, asiduo visitante de Maduro. Debe considerar poco relevante el drama que se está desarrollando en Venezuela a la vista de todo el mundo.
[1] https://www.lapatilla.com/2024/03/25/cesar-perez-vivas-el-golpe-en-marcha/
