Tomás A. Arias Castillo es profesor de Derecho Público y de Filosofía del Derecho de la Universidad Central de Venezuela
Por primera vez en mucho tiempo, se presenta una coyuntura favorable para la causa de la libertad y la democracia en Venezuela. La lección es clara: sin instituciones creíbles, Estado de Derecho y límites efectivos al poder, es imposible tener libertad, democracia y crecimiento económico.
Por primera vez en mucho tiempo, se presenta una coyuntura favorable para la causa de la libertad y de la democracia en Venezuela. Luego de veinte años soportando una brutal dictadura socialista, responsable directa de la peor destrucción de riqueza de sus dos siglos de historia como nación independiente, así como de una crisis humanitaria y migratoria sin precedentes, hoy existen condiciones excepcionales para deponer al régimen chavista-madurista, dirigir una transición política y retornar a la senda del Estado democrático de Derecho.
Creyéndose inexpugnable, el régimen de Nicolás Maduro no midió las consecuencias que le traería su permanente y creciente provocación para desconocer a la Asamblea Nacional, elegida en diciembre de 2015 y conformada con abrumadora mayoría opositora. Primero fue el uso del dócil y parcializado aparato judicial, con el propósito de ir arrebatándole presupuesto, competencias y atribuciones. Luego vino la convocatoria, elección fraudulenta e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. A continuación, Maduro hizo que ésta –sin facultades para ello- adelantara las elecciones presidenciales (fraudulentas, otra vez, y sin reconocimiento de la comunidad internacional) con el fin de proclamarle dictador para el período 2019-2025. El círculo se cerró el pasado 10 de enero de 2019, cuando Maduro, dentro de su propia ópera bufa, fue juramentado por sus compadres del Tribunal Supremo de Justicia (y no por la Asamblea Nacional, a quien constitucionalmente le corresponde hacerlo).
Por su parte, la Asamblea Nacional –único poder legítimo reconocido por la comunidad internacional– inició sus sesiones el 5 de enero de 2019. En su primera sesión del año conformó una nueva Junta Directiva, presidida por el joven ingeniero Juan Guaidó, del partido Voluntad Popular (liderado desde su casa por cárcel, por Leopoldo López) y anunció que seguiría una ruta pacífica, pero claramente definida, hacia el desconocimiento de la usurpación cometida por Nicolás Maduro.
Luego de la írrita juramentación de Maduro, podemos señalar que empezó la ruta del aludido desconocimiento de su usurpado poder, lo cual significa una oportunidad de oro para deponer al régimen. Para el momento en el que escribimos estas líneas, dicha ruta tiene dos características, a saber:
• En primer lugar, se trata de un proceso que ha estado marcado por la decisiva acción internacional, más que por acciones a lo interno del territorio venezolano. Las declaraciones del Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, la resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (19 votos favorables, 6 en contra, 8 abstenciones y 1 ausencia), la posición de la Unión Europea (cuyos 28 estados miembros respaldaron por unanimidad las acciones de la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común, Federica Mogherini) son todas claras en un sentido: Maduro es desconocido como mandatario y el llamado es a iniciar una transición política, que conduzca hacia elecciones auténticas y, así, retornar a la democracia.
• Y, en segundo lugar, desde la perspectiva interna del país, el proceso ha estado signado por el debate constitucional, nunca aislado de la diferencia de posiciones existentes entre los partidos políticos que forman parte de la amalgama opositora. El punto álgido de dicho debate es si Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional, debe o no juramentarse también como Presidente Interino de la República hasta tanto se realicen elecciones auténticas. En un sentido, partidos como Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista, una parte de Primero Justicia y una parte de Voluntad Popular, estiman que, al no tener el poder fáctico para interrumpir o repeler la usurpación hecha a la Presidencia de la República, es preferible que la Asamblea Nacional, como cuerpo colegiado, asuma progresivamente las competencias de la rama ejecutiva. Así, de paso, alegan, no se generarían expectativas poco plausibles en la población. Esta postura es la que ha quedado plasmada en el Acuerdo sobre la Declaratoria de Usurpación de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro Moros y el Restablecimiento de la Vigencia de la Constitución, suscrito por la Asamblea Nacional el pasado 15 de enero de 2019. La posición alternativa es la compartida por Vente Venezuela, Alianza Bravo Pueblo, una parte de Primero Justicia y una parte de Voluntad Popular, según la cual Juan Guaidó debería ser juramentado Presidente Interino de la República, para acentuar la falta de legalidad y legitimidad de Maduro y, de esa manera, desencadenar los hechos que den al traste con la usurpación de Maduro y la extirpación de su oprobioso régimen. Ambas posiciones tienen argumentos constitucionales plausibles, aunque viéndolo desde un punto de vista jurídico sensato, las constituciones y los análisis de tipo legal no están hechos para una situación como ésta, con ausencia casi absoluta de juridicidad en el país.
En cualquier caso, insistimos, la situación es única y configura una oportunidad de oro; una que quizás pueda no volver a darse. Venezuela es un gran país de la comunidad hispanoamericana y todos –comenzando por sus nacionales– queremos volver a ver ese país próspero y pujante de otrora, con el aprendizaje añadido durante estos años oscuros y con una lección clara: sin instituciones creíbles, sin Estado de Derecho y límites efectivos al poder, es imposible tener libertad, democracia y crecimiento económico».
