Anotaciones 13
Con una desvergüenza que en otras circunstancias sorprendería, el Gobierno se quiere subir en marcha al Auto dictado por la Sala II del Tribunal Supremo en el que ratifica la condena a Oriol Junqueras y otros por malversación y confirma la inhabilitación impuesta.
El Gobierno proclama ahora que el Auto les da la razón y que –no hace falta decirlo– a quien se la quita es al Partido Popular. Y no. Puede intentar el Gobierno blanquear su frustrada estrategia legislativa para librar a los secesionistas con Junqueras a la cabeza de sus responsabilidades. Pero si Junqueras va a seguir inhabilitado unos cuantos años más no es por el Gobierno, sino a pesar del Gobierno y su manoseo del Código Penal en beneficio de los golpistas de octubre del 17.
Lo intentó el Gobierno; estaba negociado con los independentistas. Pero, una vez más, la incompetencia de la fontanería gubernamental, tan sobrevalorada, ha producido una reforma que no cumple sus objetivos políticos. Estos, hay que insistir, consistían en la impunidad, lisa y llana, de Junqueras y de los suyos para apuntalar la coalición con Esquerra Republicana de Cataluña. La derogación de la sedición ya ha creado un agujero grave en la protección del orden constitucional. La Justicia ha evitado que la rebaja de la malversación rematara el atropello. Ahora Moncloa y Ferraz deberían mantener la única respuesta decente: el silencio respetuoso en vez de la apropiación oportunista de una decisión judicial que el Gobierno nunca quiso y que ha hecho todo lo posible por evitar. Resulta increíble, incluso para la capacidad de fabulación de este Gobierno, decir ahora que los que han indultado a los sediciosos y derogado el propio delito de sedición no querían beneficiar a los condenados por atentar contra la Constitución y la convivencia.
