El pasado 14 de enero, el presidente François Hollande declaró la intención de presentar en los próximos meses un proyecto de reforma de la Administración territorial, sobre todo en lo que afecta a las 22 regiones y los 101 departamentos en que se divide Francia. Ha sido un proyecto que ha pasado desapercibido para la prensa, por la falta de un texto que analizar profundamente y lo jugoso de las reformas presupuestarias presentadas al mismo tiempo.
«Eduardo Inclán es Maître en Histoire por la Universidad de Toulouse II-Le Mirail
El pasado 14 de enero, el presidente François Hollande declaró la intención de presentar en los próximos meses un proyecto de reforma de la Administración territorial, sobre todo en lo que afecta a las 22 regiones y los 101 departamentos en que se divide Francia. Ha sido un proyecto que ha pasado desapercibido para la prensa, por la falta de un texto que analizar profundamente y lo jugoso de las reformas presupuestarias presentadas al mismo tiempo.
La intención general de la reforma era acabar con el “milhojas” competencial en que se ha convertido la convivencia de diferentes niveles administrativos: ayuntamientos, cantones, departamentos, comunidades “de aglomeración” metropolitanas de las ciudades superiores a 450.000 habitantes, regiones, y gobierno central a través de las prefecturas departamentales. Estas Administraciones, si bien tienen marcadas sus competencias, desde los años 80 tienden a inmiscuirse en las competencias ajenas, es decir, generan duplicidades administrativas. Y siempre con el mismo discurso: la mejor atención a la población, creciendo sin parar y sin que los ministerios puedan intervenir, más allá de aumentar o reducir las transferencias y subvenciones económicas, que en 2010 alcanzaron cifras récord de 11.000 millones de euros para los gastos de ayuntamientos y mancomunidades, y de 7.000 millones de euros para las regiones.
A los pocos días y ante el clamor de los cargos regionales del Partido Socialista, el ministro de Presupuestos, Bernard Cazeneuve, detalló algunas medidas que se incluirán en el proyecto: el control de la deuda de los ayuntamientos franceses (actualmente más de 173.700 millones de euros), la intención de fusionar algunas regiones pequeñas (pasando de 22 a 15), la fusión voluntaria de departamentos mediante el mecanismo de dar más subvenciones a los nuevos departamentos y recortar el presupuesto a los reticentes a los cambios. Y, sobre todo, reducir los actuales 600.000 cargos electos de la Administración territorial, que cuestan un total de 1.170 millones anuales en dietas y salarios.
Pero muchas de estas medidas ya suenan muy conocidas a los franceses. Desde el año 2007, el Gobierno francés ha intentado poner límites al crecimiento descontrolado de las regiones. Primero fue el gabinete de Edouard Balladur el que propuso fusionar las regiones de menos de 4 millones de habitantes, suprimir los cantones y que los electos de cada departamento fuesen los representantes de los ciudadanos en los parlamentos regionales, suprimiendo las elecciones regionales, entre otras grandes reformas. Este proyecto fracasó debido a la situación política del momento: el Gobierno central francés era de derechas (UMP) mientras que la mayoría de las regiones estaban en manos socialistas. Tras las siguientes elecciones regionales, en 2010 el gabinete Fillon retomó la reforma de la Administración, que sí se realizó en ámbitos como la Justicia. Pero los socialistas franceses hicieron de esta reforma un campo de lucha y desgaste contra el presidente Sarkozy y cayó en el olvido cuando la derecha perdió la mayoría en el Senado, aunque el problema de la reforma territorial seguía pendiente de resolución.
Con la llegada de Hollande al palacio del Elíseo se creyó que estas reformas ya no eran necesarias, puesto que el nuevo Gobierno parecía partidario del “gran gobierno”, intervencionista y con gran capacidad de gasto. Pero la caída de la recaudación fiscal durante 2013 y la presión de la deuda nacional están obligando al abandono de estos principios de aumento del gasto, para comenzar una dura etapa de ajustes presupuestarios, por lo que se ha retomado el tema de la reforma territorial. Hasta ahora no parece que haya nuevos principios rectores en esta materia, sino el intento de fusionar las propuestas anteriores que pueda ser aceptada por los cargos públicos regionales socialistas, quienes tienen la llave de este proceso. El gabinete Ayrault se ve obligado a ahorrar en todos los departamentos y el Partido Socialista deberá hacer un gran trabajo interno y externo para que sus bases acepten estos proyectos de reducción del Estado, a los que siempre se han opuesto firmemente en las calles cuando el proponente era conservador. Y mientras, el resto de fuerzas de izquierda y los sindicatos de funcionarios se apresuran a acusar a los socialistas de traidores.
En resumen, a priori, y hasta que veamos el texto final de la propuesta, no parece que Hollande y sus consejeros tengan un plan cerrado de reformas, sino que probablemente irán proponiendo medidas de reducción de la Administración caso a caso, y siempre que puedan ponerse en marcha sin mucha oposición social, usando la persuasión y el Presupuesto Nacional para convencer a los cargos electos regionales de que hay que reducir el coste del Estado, a la vez que los ministerios se comprometen a hacer lo mismo, con el objetivo de reducir el enorme déficit anual del conjunto de las Administraciones públicas entre 2014 y 2016.
Es un gran reto para un presidente y un primer ministro en sus horas más bajas de valoración política y social, pero Francia necesita que alguien tome el timón y deje de estar sin rumbo en materia económica y política. Veremos si su propio partido se lo permite tras analizar los resultados de las elecciones locales y europeas de esta primavera de 2014.
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