Anotaciones FAES 34
La designación de Isabel Perelló por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial como su nueva presidenta confirma el acierto negociador del Partido Popular para desencallar la renovación del órgano. En su día calificamos desde aquí el acuerdo como equilibrado[1]; la elección ahora, al margen de injerencias partidistas, de un perfil reconocidamente independiente abona ese acierto. También dijimos[2] –y toca reiterarlo–, que el PP había logrado, por un lado, frustrar la tentación de rebajar las mayorías para nombrar vocales, y por tanto el peligro de precipitar la captura partidista del Tribunal Supremo; y, por otro lado, al “europeizar” el diálogo sometiendo su resultado a la Comisión, se neutralizaba la alergia socialista al acuerdo; por pura necesidad: en Bruselas no hay espacio para despreciar de frente los “estándares europeos”; y menos, cuando el Estado de derecho es objeto de periódica fiscalización informada. En definitiva, aquí han sido el PP y la Unión los inductores de una “necesidad” que no dejó a los socialistas más opción que adoptar una pose “virtuosa”.
Pero libre de condicionantes externos, el talante político del Gobierno sigue fiel a la pauta sectaria y polarizadora a que viene ateniéndose. Se anuncia para hoy la designación del actual ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, como gobernador del Banco de España. Era demasiado para Sánchez celebrar un acuerdo relevante con la oposición en siete años; excesivo, dar continuidad al mínimo gesto de un Gobierno feroz en su apetito de colonización institucional, incapaz de concebir algún deslinde entre partido, Gobierno y Estado. Y es que la alcaldada es su forma natural de producirse; la política de tierra quemada con la oposición, su fórmula de fidelizar adhesiones; la arbitrariedad provocativa, su opción estratégica: de nuevo la vieja consigna zapaterista de “necesitamos tensión”. Al sanchismo le dura muy poco la “virtud”, incluso la impostada. Prefiere catapultar apoderados desde el Consejo de ministros a donde convenga: en el Gobierno uno puede, el mismo día, desayunar en el ministerio y cenar en la Fiscalía General, el Tribunal Constitucional o el Banco de España. A costa, naturalmente, del crédito del Estado. Ahórrensenos malabarismos de derecho comparado[3]. ¿En qué país de la Unión un exministro informa como gobernador del banco central los presupuestos que él mismo ha estado diseñando?
Una función trascendente, de supervisión y regulación, no puede estar al albur de cálculos de conveniencia ni ser fruto de ninguna arbitrariedad desafiante. La independencia aquí es algo más que un requisito legal. Es una percepción imperativa cuando hablamos, por ejemplo, de la elaboración y publicación de estadísticas y estudios a cargo de supervisores económicos en el marco de su mandato. Como prevé su Ley de Autonomía, el Gobierno no puede dar instrucciones al Banco de España, ni este puede recabarlas o aceptarlas. ¿Sería creíble ese predicado legal referido al todavía ministro Escrivá?
[1] https://fundacionfaes.org/un-acuerdo-equilibrado/
[2] https://fundacionfaes.org/nota-editorial-del-nuevo-numero-de-cuadernos-faes/
[3] Puestos a comparar, lo pertinente sería medirse con modelos de contrastada exigencia. Algunos países han introducido estándares de transparencia en el procedimiento de preselección de candidatos. El Banco de Inglaterra es uno de los ejemplos más llamativos, ya que el nombramiento del gobernador y de los subgobernadores incluye un proceso previo de preselección basado en un concurso público abierto. Asimismo, la figura del Comisionado de Nombramientos Públicos existente en el Reino Unido, que revisa los nombramientos de altos cargos de más de 300 organismos públicos, tiene que avalar el resto de los nombramientos del Comité de Dirección del banco central.
