Anotaciones FAES 69
No se puede decir que al sanchismo le preocupe mucho velar su política de rendición del Estado. Porque, en esto, es transparente. Primero se comisiona a Zapatero o a Santos Cerdán para preguntar a los enemigos del Estado qué quieren y luego se manda a… Illa, por ejemplo, para dárselo. Ayer mismo, el secesionismo golpista mató dos pájaros de un tiro: el decoro institucional de la Generalidad y la credibilidad financiera del Estado. Mientras, Puigdemont va completando su álbum de fotos –le queda una– y Junqueras ya tiene cocinándose la quita negociada con ERC. ¿Riesgo moral? Moral, puede. Pero de ningún otro tipo por contraer deudas ni por incurrir en responsabilidades criminales. El despilfarro, la sedición y la malversación, en la España de Sánchez, salen a cuenta.
Ya no se disimula. La humillación de Illa no pide más glosa que este pie de foto: “el presidente de la Generalidad acude a Bruselas para poner su cargo a disposición de un delincuente”. Vamos con lo otro: también aquí al Gobierno, trilero mediocre, se le ve donde oculta la bolita. Ya en febrero Fedea publicaba un estudio poniendo negro sobre blanco, con cifras, el escándalo de una condonación calculada sin contar con la infrafinanciación de algunos territorios, acumulada durante años. Sin condicionalidad ninguna, y presentando la operación como un pase de magia en cuya virtud –“nada por aquí, nada por allá”– desapareciera, volatilizada, una deuda cuyo tenedor último –hay que recordarlo– no es el Estado sino el Banco Central Europeo; y eso quiere decir que, como en la Unión no cabe autorizar descubiertos a ninguna administración, el pretendido “alivio” volverá necesariamente en forma de gravamen fiscal; en perjuicio del contribuyente, es decir, de todos. La deuda no se disuelve, simplemente se mutualiza. Una quita expulsa del mercado financiero a quien “beneficia” – ¿quién prestaría al acogido a un impago? – dejándolo inerme y dependiente del Fondo de Liquidez Autonómica, esto es, del Gobierno. Además, la medida incrementará con toda seguridad el déficit y el coste del endeudamiento público nacional en su conjunto, haciendo que España, previsiblemente, descienda posiciones en su calificación crediticia y se desencadene una espiral que aboque al deterioro financiero del país.
Los cálculos del Gobierno, por lo demás, son puramente partidistas y en su elaboración se ha excluido deliberadamente al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Estamos ante un puro arbitrio ayuno de la más mínima objetividad. No está mal como cosecha de un día. Y todavía tenemos por delante la revelación de lo negociado entre Cerdán y Otegi, que empezamos a conocer y resultaba fácil de intuir.
Presidente, en la próxima entrevista con el Servicio Plurinacional de Prensa y Propaganda nos tiene que contar por qué para alcanzar acuerdos (“de Estado”) con su Gobierno, lo primero que se mira en el currículum del interlocutor es si se tienen unos antecedentes penales bien gordos y amplia experiencia en agresiones al Estado. Es una duda que debería despejar en la próxima entrevista, presidente. Incluso aunque para entonces tenga pensado, cuando le apetezca hablar con el pueblo, ir de chándal.
