El independentismo catalán, elevado por el Partido Socialista a la dirección del Estado que quiere destruir, ha reaccionado con su característico desprecio a la legalidad a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que, confirmando su doctrina anterior, establece la obligación de la administración educativa catalana de garantizar que al menos un 25% de la enseñanza en el modelo de inmersión se imparta en castellano. El Tribunal ha precisado que la enseñanza en castellano debe incluir alguna de las materias troncales y que a estos efectos no cuenta la propia enseñanza de lengua española.
No se trata, por tanto, de una obligación que la Generalidad debe cumplir bajo demanda de los padres y con efectos solo respecto a los alumnos que lo pidan. La presencia del castellano debe ser un elemento estructural también del modelo de inmersión que la sentencia no pone en cuestión. El Tribunal considera jurídicamente inadmisible que la presencia del castellano en el sistema educativo sea “residual”.
Sostiene el gobierno catalán que la entrada en vigor de la nueva ley de educación, la “ley Celaá”, les evitará el problema al no contemplar esta la condición de lengua vehicular para el castellano. Una vez más, se engañan e intentan engañar, porque la condición del castellano como lengua vehicular ni la inventa la “ley Wert” ni la puede suprimir la “ley Celaá”. Es una condición que se deriva directamente del bloque de la constitucionalidad a partir de la previsión constitucional sobre el español y la cooficialidad de las demás lenguas de España en sus respectivos territorios. El Tribunal Constitucional en su sentencia sobre el Estatuto de Autonomía para Cataluña estableció una doctrina meridianamente clara frente a la pretensión de excluir a la lengua común de la educación y la administración en esa comunidad.
A este respecto el Tribunal sentó una doctrina inequívoca: “Es doctrina de este Tribunal que «no puede ponerse en duda la legitimidad constitucional de una enseñanza en la que el vehículo de comunicación sea la lengua propia de la Comunidad Autónoma y lengua cooficial en su territorio, junto al castellano (STC 137/1986, fundamento jurídico 1), dado que esta consecuencia se deriva del art. 3 C.E. y de lo dispuesto en el respectivo Estatuto de Autonomía» (STC 337/1994, de 23 de diciembre, FJ 9). En este sentido, nada impide que el Estatuto reconozca el derecho a recibir la enseñanza en catalán y que ésta sea lengua vehicular y de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza. Pero nada permite, sin embargo, que el castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana, de la condición de lengua vehicular en la enseñanza” (STC 31/2010 de 28 de junio. La cursiva es nuestra).
De lo que se trata es de afirmar el bilingüismo que existe en la sociedad catalana, articular la coexistencia entre las lenguas de España –una, el castellano, lengua común y oficial del Estado que, según dispone la Constitución, todos tienen el deber de conocer y el derecho a usar– y la lengua cooficial en Cataluña –el catalán, cuyo régimen jurídico de protección y reconocimiento constitucional y estatutario es inequívoco pero no puede resultar excluyente–. Ayer, Miquel Porta se refería al estancamiento en el uso social del catalán. Frente a la pretensión de dar una nueva vuelta de tuerca en una ingeniería social lingüística, asociada a las obsesiones identitarias no satisfechas del nacionalismo, hay que hacer valer los derechos de todos los hablantes –que son los verdaderos dueños de las lenguas–, el pluralismo real que se manifiesta en las opciones que cada cual asume con su uso y la exigencia de que se respete la legalidad constitucional que ampara la libertad, el pluralismo y la convivencia entre las lenguas y quienes las hablan.
Excluir al castellano no solo es una ilegalidad, ya flagrante, que afecta al núcleo de la constitucionalidad; es un disparate pedagógico empobrecedor que perjudica a los alumnos y una de las peores formas de profundizar en la quiebra interna de la sociedad catalana, a la que no le faltan precisamente las líneas de fractura que marca la estrategia independentista.
