En cualquier democracia, es muy mal síntoma perder el respeto a la opinión pública. En España, la zafiedad con que el Gobierno fabrica trolas exculpatorias va más allá de lo insultante. En eso que sigue llamándose “rueda posterior al Consejo de ministros”, la ministra Saiz, ayer, tenía un papelón: justificar la última mordida de Junts. Setenta veces siete se había negado la transferencia “integral” de competencias sobre inmigración (Marlaska alguna más) y… voilà: el superministro sin cartera, con residencia en Waterloo, anuncia que, tras negociar a oscuras durante meses, PSOE y Junts han alcanzado un acuerdo; es decir, los socialistas vuelven a “mover el culo”.
Perdido el respeto a uno mismo, no se tarda en perdérselo a los demás; y este Gobierno lleva mucho tiempo mintiendo sin esforzarse, como quien habla para lerdos. Ahora, la bola de ayer es de las gordas. Tiene el tamaño de un hotel de lujo. Ese donde los socialistas suelen bunkerizarse cuando se les pilla con el culo al aire o moviéndolo a traición. Es la bola del Majestic. En su versión de ayer, reza así: Aznar traspasó a Cataluña el 30% del IRPF, la gestión directa de puertos y la ordenación del litoral: ¿por qué eso era bueno en 1996 y ahora se dice de nuestro arreglillo que rompe España y atenta contra el Estado?
Si hubiera que tomar en serio el “argumento” habría que examinar los términos de la ecuación. No se trata de distinguir entre el “fuero” y el “huevo”; aquí se hace pasar como idénticos un huevo y una castaña. Y no hay identidad, similitud ni remota afinidad en el cómo, ni en el qué, ni en el quién, ni en el cuándo ni en el porqué de una cosa y otra.
CÓMO: En 1996 Aznar negoció los términos del apoyo de CiU antes de su investidura, NO a plazos; de una vez, no permanentemente. La negociación se plasmó en un documento público y detallado. En un hotel de Barcelona, NO en Bélgica, NO en Suiza. Entre equipos de ambos partidos, NO con un mediador internacional experto en guerrillas tercermundistas. Los términos de ese acuerdo podrán ser objeto de crítica, pero no de tergiversación; al menos NO por quien critique la doctrina trumpista de los alternative facts. Por ejemplo, NO se encontrará una línea dedicada a transferencias de educación; sería imposible: se transfirió a Cataluña en 1980 en enseñanza primaria y secundaria, y en 1985 en enseñanza universitaria. Aznar NO comprometió en diferido cesiones inconstitucionales a ningún partido secesionista regalándole la estabilidad de la legislatura. NO rubricó ningún documento dando la razón al relato histórico del nacionalismo catalán. NO contempló –ni de lejos– delegar atributos soberanos para que un prófugo de la justicia se jacte de arrancar de un Gobierno claudicante estructuras de Estado.
QUÉ: El contenido fiscal de los acuerdos de 1996 son unas bases para la reforma del modelo de financiación autonómica que, poco después, sería aprobado por todas las Comunidades por unanimidad. Un acuerdo de contenido nacional, NO bilateral, junto a otros de igual naturaleza: reforma de la administración periférica, profesionalización de las Fuerzas Armadas, asunción de compromisos de gasto sanitario previamente comprometidos por el Ejecutivo anterior… Aznar NO pactó, para ser investido, deformar el Código Penal suprimiendo tipos delictivos, NO acordó indultos arbitrarios, NO tragó amnistías inconstitucionales, NO aceptó menús a la carta en la financiación autonómica ni mucho menos chantajes para intercambiar investidura por impunidad. Aznar pactó para poder gobernar. Pero con la Constitución y en interés de toda España. NO pactó contra la Constitución, para estar en el Gobierno en interés propio.
Mucho menos pactó entregar las fronteras del Estado a quienes declaran explícitamente su intención de alterarlas y han dado muestras sobradas de sinceridad en su empeño.
CON QUIÉN: Aznar pactó con una CiU que aceptaba el Estatuto de autonomía sin proponer su reforma, y negociaba sin rebasar en nada el perímetro constitucional. Nunca hubo controversia constitucional en lo suscrito. NO pactó con sediciosos ni malversadores contumaces. NO pactó al año siguiente de haber tenido lugar un golpe a la Constitución con los autores del mismo, conjurados para repetirlo; por eso pudo gobernar la nación sin pedir permiso a los enemigos de la nación.
CUÁNDO: En 1996 el PP NO había perdido las elecciones; las había ganado, pero sin mayoría suficiente para gobernar. Aquella Convergència i Unió no era Junts y podían acordarse los términos en que CiU apoyase al PP y el PP pudiese aceptar ese apoyo. En 1996 el catalanismo era catalanista, no secesionista. NO se hizo ninguna cesión tributaria singular a Cataluña; los firmantes se comprometían a «atribuir a las Comunidades Autónomas –a todas– una participación en el IRPF correspondiente a los residentes en sus respectivos territorios del 30% que se fijará en función de su nivel competencial y del volumen de recursos». En Sanidad, el PP aceptaba «los compromisos de la legislatura anterior respecto a la financiación sanitaria de 1994 de las Comunidades con competencia transferida» y se precisaba que al Gobierno de Cataluña le correspondía el 15,99%. Se acordó desarrollar el modelo policial «sobre la base de los acuerdos adoptados en la anterior legislatura en la Junta de seguridad», expresando «voluntad de avanzar en el estudio y la negociación» para que la Policía autonómica asumiera las competencias de tráfico, como así ocurrió. Se trataba, entonces, de una competencia que ya tenía la Policía foral en Navarra y la Ertzaintza en el País Vasco.
El pacto obtuvo el respaldo mayoritario de los españoles, abrumador en el caso de los catalanes y, lejos de fortalecer al nacionalismo, produjo su significativo retroceso político. Entre 1996 y 2003 la suma de CiU y ERC descendió en votos y en escaños en las elecciones autonómicas y en las elecciones generales. En las autonómicas, desde 1.625.000 hasta 1.568.000 votos, desde 73 hasta 69 escaños y desde el 50,4% del voto válido hasta el 47,3%. En las generales, desde 1.314.000 en 1996 hasta 1.160.000 en 2000, de 17 a 16 escaños y desde el 25,7% del voto sobre censo hasta el 21,9. Por otro lado, en los últimos treinta años, la menor intensidad de sentimiento nacionalista catalán excluyente se registró en 1996 (un 11%), 1998 (un 11,5%) y 2002 (un 12,1%). 1996 explica el año 2000, no 2017.
NO fueron Aznar ni el PP quienes, desde 2004, decidieron desentenderse de la Transición. NO fue Aznar quien buscó en los nacionalistas socios constituyentes para algo más que para compartir un programa –nacional– de gobierno. En 1996 se negociaban traspasos; ahora se negocia el Estado.
PORQUÉ: Aznar podía negociar el desarrollo autonómico en 1996 con formaciones que no impugnaban el modelo de Estado porque tenía muy claro que su socio “constituyente” era el otro partido de Estado, el pilar izquierdo del sistema constitucional. NO fueron Aznar ni el PP quienes decidieron, por puro cálculo, romper ese implícito que duró desde 1978 hasta 2004, hasta que los socialistas quisieron. Durante ese periodo, las reformas estatutarias –que afectan al bloque de constitucionalidad– se consensuaban entre PP y PSOE. Con los nacionalistas podían negociarse programas de gobierno, pero NO la arquitectura del Estado.
NO fue Aznar, ni el PP, ni siquiera el nacionalismo catalán, el que promovió la reforma del Estatuto. Ese camino culminó con la sentencia de 2010 del Tribunal Constitucional. Allí se acotan –y será difícil corregirlos sin desautorizarse– los límites infranqueables del modelo autonómico. Desbordar esos límites es situarse fuera de la Constitución sin dar lugar a otra versión del modelo autonómico, sino a otro modelo de Estado: no precisamente federal sino, más bien, confederal.
El TC en 2010 evitó el intento de ampliar competencias autonómicas afectando el núcleo de las reservadas al Estado por la Constitución (art. 149.1º). Después de esa Sentencia nadie puede pretender que “en la Constitución cabe todo” y que sólo es cuestión de “poner voluntad política”. El portillo del 150.2º no da para tanto: la interpretación entreguista del Gobierno despojaría al poder central del mínimum imprescindible para tener existencia política. Desde luego, lo que NO cabe es regalar la vigilancia de las fronteras y el control de los flujos migratorios a un partido cuya colaboración con agentes del Kremlin está acreditada y reconocida tanto por el Parlamento como por la Comisión Europea.
La generalización abusiva y la amalgama son típicas de la retórica sanchista, cada día más grosera. Son técnicas que suprimen los perfiles de las cosas; todo es lo mismo porque todo da lo mismo: al fin y al cabo, la ITV y el DNI son documentos y siglas; una expulsión del territorio nacional y una retirada de puntos del carnet de conducir, procedimientos administrativos semejantes; una frontera y una carretera comarcal, trazos similares en un mapa; un huevo y una castaña, comestibles igualmente nutritivos; un acuerdo de investidura y un chantaje de investidura, formas distintas de contar hasta 176. Los pactos del Majestic y este disparate… ¿son lo mismo? Un consejo para la siguiente trola en la próxima rueda de prensa: señor ministro, señora ministra, cuidado con pillarse los dedos con las analogías, no sea que algún militante despistado crea que están presentando al presidente Aznar como antecedente de progreso.
