Se repara poco en el acuerdo que PSOE y PNV suscribieron en noviembre del pasado año para que Sánchez pudiera contar con los cinco votos jeltzales del Congreso y poder ser investido. Y eso que está documentado, a diferencia del suscrito con Bildu-Batasuna, tan notorio en sus efectos como invisible en su literalidad: durante el proceso de paz se estrecharon tantos lazos que, desde entonces, los socialistas usan tinta simpática para convenir con los herederos políticos de ETA.
Es un documento interesante porque detalla el precio del apoyo nacionalista y conviene conocerlo, dado que lo pagamos todos. Sánchez dirá que “solo los necios confunden valor y precio”, y que su permanencia en Moncloa es tan valiosa que no tiene precio; además, ese alquiler se lo pagan otros.
Son diez páginas en las que los compromisos del PNV se ventilan en tres palabras: “votar a Sánchez” dando estabilidad a la legislatura si se cumple lo detallado en el resto del documento: todas las tareas asumidas por el PSOE. Un programa de gobierno sujeto a lo que el PNV llama “agenda vasca”; es decir, la subordinación del interés nacional a las demandas del nacionalismo vasco. Como de momento no aparece la exigencia de ninguna consulta soberanista inmediata, los optimistas dejan de leer. Es un error: la cosa coge velocidad enseguida. En una ocasión anterior ya dijimos que estaba activándose el cobro de esos compromisos. La semana pasada pudo comprobarse.
LA NUEVA COMISIÓN BILATERAL
Se acaba de constituir una comisión bilateral Administración central-autonómica (en el lenguaje nacionalista, Euskadi-España) para acelerar los traspasos a la carta que el PNV tiene listados desde su particular lectura de un Estatuto que impugna pero que, a la vez, quiere completar antes de superarlo. Además, se da a esa comisión una naturaleza bastante peculiar, ampliando sus competencias hasta convertirla en “foro previo a las disputas competenciales” y trampolín para “hacer efectiva la participación de Euskadi en los organismos internacionales”.
En suma, la Comunidad Autónoma Vasca contará con una nueva comisión bilateral, además de la que regula el Concierto Económico. No ha tenido la cosa mucha publicidad, pero está activada: ya cuenta con un reglamento para funcionar, calendario, composición y cometido: sacar lo que queda de institucionalidad española en el País Vasco y “cambiar de pantalla”, subir otro peldaño, en la larga marcha de la “construcción nacional” del pueblo vasco.
El acuerdo de investidura habla de “bilateralidad” en la acepción contemplada por el diccionario nacionalista para negociar con “Madrid”. Un idioma distinto al castellano en que está redactado el artículo 153 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público, que establece que “las Comisiones Bilaterales de Cooperación son órganos de cooperación de composición bilateral (…) que ejercen funciones de consulta y adopción de acuerdos que tengan por objeto la mejora de la coordinación entre las respectivas Administraciones en asuntos que afecten de forma singular a la Comunidad Autónoma”.
No parece que el legislador estuviera pensando en “singularidades” como las que recoge el último párrafo del punto 2 del acuerdo PSOE-PNV: “PSOE y EAJ-PNV acuerdan la creación de una comisión bilateral para el seguimiento e impulso de los hitos y acuerdos aquí comprometidos en materia de autogobierno futuro”.
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO: ¿DE QUÉ?
Ya tenemos creada una comisión bilateral para que el PNV vigile el cumplimiento de la promesa de avanzar hacia la auténtica “bilateralidad”. La que se detalla en ese mismo punto 2: negociar y aprobar, tanto en Euskadi como con el Estado, un nuevo estatus jurídico-político para el País Vasco leyendo en clave nacionalista la Disposición Adicional Primera de la Constitución y de la Disposición Adicional del Estatuto de Gernika. Y refrendar el resultado solo en el País Vasco.
Ese nuevo estatus necesariamente tiene que incluir: “el reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas” y “un sistema de garantías basado en la bilateralidad y la foralidad”. Y todo eso “en un plazo orientativo que no superará el año y medio desde el inicio de la nueva legislatura vasca”. Para controlar los avances por ese camino se acuerda la creación de esta comisión. No solo para acelerar transferencias o negociar la presencia internacional del País Vasco; y desde luego no para pilotar el avance de la Alta Velocidad, sino para ir a toda velocidad hacia la deconstrucción del Estado autonómico.
Porque, de hecho, se alude a que esta comisión debatirá sobre “disputas competenciales” de forma previa a su estudio por el Tribunal Constitucional. El germen de la actualización del “pase foral” (obedézcase, pero no se cumpla), sueño húmedo del nacionalismo vasco. El Acuerdo entre partidos dice en su punto 4: “Con respecto al respeto al autogobierno, y en consonancia con el punto anterior, el Gobierno se compromete a lo siguiente: 1. Todos los proyectos de ley que afecten a competencias de la CAV contarán, en su caso, con una cláusula foral que se acordará previamente con EAJ-PNV”. Lo que supone la creación de un órgano paritario extraconstitucional con derecho de veto sobre competencias exclusivas del Estado y, al fondo, la conversión material del País Vasco, sin reforma constitucional, por pequeños pasos, en una No-Go Area constitucional, territorio exento en sentido no solo fiscal sino político. Lo que el PNV llama “Concierto Político”.
El punto 3b del Acuerdo detalla el programa de transferencias competenciales que exige el PNV y, en principio, asume el PSOE. Y también pide una comisión bilateral para hacer su seguimiento: esta misma constituida la semana pasada servirá, suponemos, porque ya está abordando el traspaso, en lo que queda de año, de seis competencias, incluida la de Meteorología: y ya se sabe que, en este punto, cuando se quiere algo, “solo hay que pedirlo”. La “gestión económica de la Seguridad Social” y la titularidad de los puertos de Bilbao y Pasaia son conditio sine qua non para que el PNV apoye a Sánchez más allá de 2025, aunque para esa fecha el presidente haga gorgoritos con una corrupción que le llega más arriba del cuello. Para el PNV, la corrupción que le aprovecha siempre será menos corrupción. Prefiere reservar su apoyo a mociones de censura cuando se pretextan corruptelas embutidas en menciones apócrifas que luego suprime el Tribunal Supremo.
En paralelo a lo anterior, también la semana pasada se formalizó entre ministerio y consejería la ampliación del Concierto Económico para ceder a las haciendas forales mayor capacidad normativa en una quincena de impuestos, captar recursos de contribuyentes no residentes y tener visibilidad en organismos internacionales como el Ecofin. Se modifican de una tacada veinte artículos del Concierto Económico sin que a nadie parezca importarle mucho y con el PSOE a punto de celebrar un Congreso del que su ponencia-marco avanza la propuesta de “un nuevo modelo de financiación autonómica más equitativo”. Mientras llega, se concede a las haciendas de uno de los territorios más ricos “del Estado español” un margen de maniobra inédito sobre el IVA, el Impuesto sobre depósitos en las entidades de crédito y el Impuesto sobre el valor de producción de la energía eléctrica. Porque ya se sabe, si los cenáculos capitalistas donde se fuma y se conspira votan a Sánchez, esa pátina progresista les pone a salvo del escudo social, que solo sirve para romperle la crisma al ahorro y la inversión poco afectos y residentes al sur del Ebro.
SUPUESTOS PARA UNA WEST LOTHIAN QUESTION A LA VASCA
Esta dinámica de cesión voluntaria a minorías extractivas nunca había llegado al punto que está alcanzando durante los mandatos de Sánchez. Ahora no se “gestionan” tensiones nacionalistas; esto va mucho más allá, se está penetrando en el peligroso campo de la cesión en cuestiones de relevancia constituyente. Zapatero negoció con formaciones nacionalistas no programas de Gobierno sino cuestiones de Estado; siguiendo esa pendiente, ahora se negocian, sin que se note mucho, cuestiones que solo podrían abordar unas Cortes constituyentes. ¿Por qué? Probablemente, porque cuando uno empieza por ese camino, se acaba acostumbrando.
Y además porque confluyen dos actitudes políticas necesariamente nefastas para la estabilidad constitucional de la nación. Por un lado, al nacionalismo, al PNV en este caso, le es necesario ‘no estar quieto’: es dinámico por naturaleza, su conformidad a un marco constitucional español suprimiría su razón de ser. El PNV ha manejado eso sabiendo que su éxito, y hasta su propia supervivencia política, dependen tanto de ser hegemónico en el País vasco como decisivo “en Madrid”. Para cualquier observador, enseguida se hace obvia la paradoja de la que vive: emanciparse de la “metrópoli” gobernándola, disfrutar del chollo de renegar de España consiguiendo ser español de primera, irse de casa con los gastos pagados.
Si a eso se une un Gobierno central en minoría, un socialismo jibarizado y oportunista, en perpetua rifa de apoyos parlamentarios, y en un momento en que, desde el País Vasco el PNV ya no tiene el monopolio de la “comisión de servicios” en el Congreso, uno se explica lo mencionado en el punto 6.1 del acuerdo de investidura con el PNV: “El PSOE se compromete a no impulsar ninguna modificación de la LOREG, y en caso de extraordinaria necesidad, lo hará con acuerdo previo con EAJ-PNV”. Es que el negocio, el tinglado antinacional que hemos descrito, solo se sostiene con una aritmética electoral que haga de los cinco o seis escaños jeltzales del Congreso la minoría dirimente mediante la que el Euskadi Buru Batzar remate mociones de censura, presupuestos, o legislación básica con clara afectación en el conjunto de España. Que nadie toque lo que nos permite mandar en el denostado Madrid mientras en casa alimentamos resentimientos de colonia expoliada.
Si todo lo contemplado en el Acuerdo PNV-PSOE lograra culminarse, se habría completado, para toda España, una mutación constitucional de lo más trascendente. Hasta el punto de que alguien podría plantearse algo similar a lo que el proceso de devolution hacia Escocia planteó para el Reino Unido. Lo que se conoció allí como West Lothian Question. Esta cuestión hace referencia a las distorsiones que provoca, en una organización territorial claramente asimétrica como es la del Reino Unido, que los diputados escoceses puedan votar e, incluso, determinar la decisión final en cuestiones que solamente afectan a Inglaterra, al tratarse de competencias devueltas a Escocia, mientras que los ingleses no pueden votar cuando se discuten las mismas materias en sede del Parlamento escocés.
Tam Dalyell, representante de la circunscripción de West Lothian, formulaba, en noviembre de 1977 y en sede parlamentaria, la siguiente pregunta: “Why can domestic matters affecting England be decided by non-English MPs when English MPs are not able to decide about these matters for Scotland?” (¿Por qué los parlamentarios no ingleses pueden decidir sobre asuntos internos que afectan a Inglaterra mientras que los parlamentarios ingleses no pueden decidir sobre asuntos de esta misma naturaleza que afecten a Escocia?).
Alguien podría argumentar que, si va a restaurarse el “pase foral” para que la legislación básica que apruebe el Congreso, con el voto frecuentemente decisivo de diputados vascos, no afecte al País Vasco, a lo mejor esos diputados tendrían que ausentarse o, incluso, no estar. Tal vez de ahí la curiosa mención del punto 6.1 del Acuerdo: se redacta para que ninguna eventual alcaldada socialista con la ley electoral se haga de espaldas al PNV; si eso ocurriese, quizá alguien acabase planteando una Aitor Esteban Question.
SIGNIFICADO CONSTITUCIONAL DE LA UNIDAD NACIONAL
En España se está produciendo, solapadamente, un descosido de suturas constitucionales; esas que permiten mantener un Estado integrado y poder hablar de “unidad nacional”.
El concepto de unidad nacional será un valor político al que se esté más apegado o no. Incluso es impugnable en España. Pero tiene expresión constitucional y supone unas vinculaciones concretas que no pueden eludirse sin consumar un fraude intolerable.
El principio de unidad consagrado en el art. 2 de la Constitución, en conexión con el 1.2, apareja las siguientes implicaciones políticas que lo hacen efectivo:
• Unidad constituyente. El pueblo español es el sujeto que ejerce la soberanía nacional, a cuyos representantes se atribuye la aprobación de las reformas de la Constitución; y se reserva, en último término, un poder de ratificación y aprobación de la reforma constitucional.
• Unidad en el plano internacional. España en el orden internacional y externo se constituye como una sola personalidad que se actualiza en la representación del Rey (art. 63) y se formaliza mediante tratados que en su caso autorizan las Cortes y ratifica el Rey (art. 94).
• Unidad del ordenamiento jurídico. Todos los españoles están sujetos al mismo régimen jurídico que corona la Constitución (art. 9, 1). Y son iguales ante la Ley (art. 14). Tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado (art. 139, 1). Y están sujetos a las mismas condiciones básicas en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (art. 149, 1, 1ª).
La autonomía entraña un principio de división territorial del poder, pero no en todas sus facetas. Hay competencias en que el poder del Estado se reafirma en todo el territorio nacional (el artículo 123 atribuye jurisdicción en todo el territorio español al Tribunal Supremo, que solo se limita por la competencia del Tribunal Constitucional para asegurar la unidad del ordenamiento jurídico, protegiendo la primacía de la Constitución).
El artículo 139 afirma que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Y consagra la libertad de circulación, la de establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio nacional. Este precepto está reforzado por el artículo 157, 2: en ningún caso una Comunidad Autónoma puede adoptar medidas tributarias que supongan obstáculos para la libre circulación de mercancías o servicios.
Ninguna reordenación del marco competencial al que se ha llegado tras décadas de desarrollo autonómico podrá alterar las anteriores expresiones del principio de unidad sin destruirlo. Resulta hilarante que eso quiera hacerse pretextando un insuficiente reconocimiento de la pluralidad constitutiva de España. Cuando no hay modelos en el Derecho comparado que hayan llegado tan lejos en tal reconocimiento.
Los españoles hemos asumido, en aras de una mejor integración y convivencia, un Estado muy caro y muy complejo; a cambio, solo habíamos pedido lealtad y respeto a la unidad nacional. Los españoles que además somos vascos hemos sido testigos de primera fila de hasta qué punto –los milagros son improbables– el nacionalismo herbívoro ha sido minuciosamente desleal a un sistema que le ha permitido cómodamente gobernar durante medio siglo ignorándonos y mirando hacia otro lado cuando el nacionalismo carnívoro procuraba liquidarnos. Lo nuevo, lo apabullante, lo insoportable, es que sea un Gobierno español el que esté vendiendo la nación, vendiéndonos, por unas pocas y sucias lentejas.
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