Finanzas sostenibles: apetito creciente, ambición elevada…
El desarrollo de la financiación a actividades medioambientales y socialmente sostenibles (finanzas sostenibles) está siendo acelerado. El apetito por el conjunto de activos ESG[1] es creciente: el total mundial de emisiones (bonos, créditos, bonos de titulización de activos o Asset-Backed Securities, ABS) alcanzó en los tres primeros trimestres de 2021 la cifra de 1 billón de dólares, superando holgadamente los 720.000 millones del conjunto de 2020, según el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés). En octubre, la Unión Europea emitió el primer bono sostenible para proyectos medioambientales del programa Next Generation EU (NGEU), que planea colocar en cinco años hasta 250.000 millones de euros en bonos verdes. 12.000 millones emitidos con una demanda que multiplicó por 11 la oferta. En noviembre, en la COP26 de Glasgow, se constató que la falta de ambición climática no es algo que se pueda achacar al sistema financiero, como mostró la llamada a la acción a los gobiernos del G20 por parte de la Alianza Financiera para el Cero Neto de Glasgow (GFANZ, por sus siglas en inglés). Los miembros de la alianza se comprometieron a establecer, publicar y evaluar rigurosamente sus estrategias de descarbonización, de modo que la persuasión de la sociedad impulse el cumplimiento de los compromisos establecidos.
…que no basta para financiar la inversión necesaria para la transición climática
De acuerdo con los escenarios de la Red para la Ecologización del Sistema Financiero (NGFS, por sus siglas en inglés)[2], alcanzar emisiones netas cero en 2050, objetivo consistente con la meta de temperatura del Acuerdo de París, requerirá inversiones adicionales que solo en la producción de energía serían de 960.000 millones de dólares en media anual en 2021-2030, cerca de un 0,8% del PIB mundial y, por tanto, superiores a los flujos financieros que se dirigen al conjunto de productos financieros con vocación de sostenibilidad medioambiental[3] o social[4]. Facilitar la movilización de financiación, tanto la canalizada a través de los mercados de capitales como la intermediada por el sistema financiero, es esencial para la transición hacia una economía con emisiones netas cero de gases de efecto invernadero (GEI). Además de aumentar los flujos financieros, hay que asegurar que estos se dirigen a proyectos que contribuyan lo más efectivamente posible a la descarbonización de la economía.
Fondos de inversión sostenible, sistema bancario y descarbonización
El total de activos bajo gestión de los fondos de inversión sostenible está creciendo rápidamente. Según el Informe de Estabilidad Financiera Mundial del IMF de octubre de 2021, entre 2010 y 2019 los flujos netos hacia este tipo de fondos se movieron al mismo ritmo que los dirigidos a los fondos convencionales, pero aumentaron notablemente en 2020. Aparte, el crecimiento de aquellos fondos con vocación climática es mucho mayor[5] y, sobre todo, parecen impulsar el proceso de descarbonización de las empresas en las que invierten.
El IMF muestra en su informe que los fondos centrados en el clima tienden a invertir más en empresas que reducirán sus niveles de emisiones de GEI que en aquellas compañías con niveles de emisiones ya relativamente bajos[6]. Sin embargo, este tipo de fondos son todavía demasiado pequeños para tener un impacto significativo. Su crecimiento se ve dificultado por la fragmentación de la información disponible y de las regulaciones sobre taxonomía y obligaciones de declaración de sostenibilidad a través de distintas jurisdicciones, tanto para vehículos de inversión como para las propias empresas. Lograr una gobernanza global de la información sobre sostenibilidad medioambiental que permita que la clasificación de un fondo de inversión como sostenible suponga una garantía real, sin riesgo de greenwashing[7], es clave para el desarrollo de este tipo de productos.
También empieza a haber evidencia empírica de en qué medida la financiación bancaria está empezando a contribuir al cumplimiento de objetivos climáticos, lo que permitirá extraer conclusiones sobre las políticas más apropiadas para este objetivo. Por ejemplo, parece que las empresas son efectivamente recompensadas por su compromiso medioambiental con un acceso más favorable a la financiación bancaria, al menos en préstamos sindicados otorgados por bancos también comprometidos medioambientalmente. Al analizar la información sobre el precio de los préstamos sindicados utilizando una amplia base de datos internacional para el período 2011-2019[8], se encontró un efecto estadísticamente significativo que desde 2015, tras la firma del Acuerdo de París, hace que los bancos “verdes” hayan ofrecido a empresas también “verdes” un descuento en el rango de 60-69 puntos básicos en relación con el coste de préstamos sindicados a empresas “marrones”[9].
Financiación climática para los países en desarrollo: los acreedores privados se quedan atrás
La transición hacia una economía libre de carbono requiere de esfuerzos coordinados, incluyendo el apoyo técnico y financiero a las economías en desarrollo, tanto por razones de eficiencia (un problema global para el que las economías en desarrollo tienen menor capacidad de respuesta) como de equidad (las economías desarrolladas son las principales responsables de los niveles de GEI acumulados en la atmósfera durante los dos últimos siglos). Este compromiso se ha destacado en el comunicado de la COP26 de Glasgow, con renovadas promesas de alcanzar tan pronto como sea posible el objetivo de 100.000 millones de dólares anuales de apoyo desde economías desarrolladas[10].
Desde 2015, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, por sus siglas en inglés) analiza el progreso hacia el compromiso[11], que incluye cuatro tipos de instrumentos de financiación con objetivos climáticos desde economías desarrolladas: pública bilateral, pública multilateral, créditos a la exportación y financiación privada movilizada por la financiación pública bilateral y multilateral. En 2019, último dato disponible, se alcanzó un volumen de financiación de 79,6 miles de millones de dólares, con aumentos significativos únicamente en el tramo multilateral, pero bien por debajo en todo caso del objetivo.
El capital privado movilizado se ha mantenido estable en niveles relativamente bajos, cerca de 14 miles de millones de dólares, especialmente llamativo si se tiene en cuenta el volumen de financiación pública disponible. Cabe señalar que las economías en desarrollo tienen, en general, un coste de capital más elevado que las desarrolladas[12], lo que dificulta lograr rentabilidad de proyectos de inversión, climáticos o no. En este contexto, la movilización de capital privado a largo plazo requiere medidas que aborden los obstáculos específicos de cada país, ligados al desarrollo de su mercado financiero, el proyecto de inversión y/o la tecnología climática considerada[13].
Camino por recorrer en financiación sostenible suficiente y también eficaz
Se necesita un conjunto completo de políticas climáticas, de alcance global, creíbles y sostenidas a largo plazo, construidas en torno a un precio de las emisiones CO2 suficiente para dar los incentivos de rentabilidad, y por tanto de financiación, apropiados a proyectos de inversión sostenible medioambientalmente. Además, más que establecer cuotas u objetivos generales, habría que empezar por una definición clara, lo más permanente y global posible (común a distintas jurisdicciones) de “lo que es verde». Pero para un primer paso tan esencial, aún queda mucho camino por recorrer, ya que hoy en día ni siquiera existe una taxonomía definitiva y completa en Europa ni una norma mundial para la divulgación de las exposiciones al riesgo medioambiental.
Referencias bibliográficas
– Darvas, Z. and G Wolff, “A green fiscal pact: climate investment in times of budget consolidation”, Policy Contribution Issue n ̊18/21, Bruegel, septiembre de 2021.
– Degryse, H; R. Goncharenko; C. Theunisz; T. Vadasz. “When green meets green” Working Paper Research 392, National Bank of Belgium, octubre de 2020.
– GFANZ, Act Now. Financial leaders urge more climate action from the G20, GFANZ, octubre de 2021.
– IIF, Sustainable Debt Monitor, octubre de 2021.
– IMF, Global Financial Stability Report, octubre de 2021.
– NGFS, NGFS Climate Scenarios for central banks and supervisors, junio de 2021.
Scatigna, M.; D. Xia; A. Zabai; O. Zulaica, “Achievements and challenges in ESG markets”, BIS Quarterly Review, BIS, diciembre de 2021.
[1] Environmental, Social and Governance, es decir, activos financieros con objetivos de sostenibilidad medioambiental, social y de gobierno corporativo.
[2] Para detalles de los escenarios climáticos NGFS, véase NGFS Climate Scenarios for central banks and supervisors, junio de 2021.
[3] En lo que se refiere a Europa, los 250.000 millones de euros de financiación prevista dentro de NGEU para objetivos sostenibles medioambientalmente suponen cerca del 0,3% del PIB anual del área durante 5 años, lo que no cubriría unas necesidades de inversión que solo para transición climática se estiman entre el 0,5% y el 1% del PIB.
[4] Hay que señalar que existe una elevada incertidumbre sobre la estimación de las necesidades de inversiones adicionales que garanticen la transición hacia una economía mundial neutra en emisiones en 2050. Una revisión de las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés), la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés) y Bloomberg New Energy Finance (BNEF) realizada por Lenaerts, Tagliapietra y Wolff (2021) concluye que las inversiones adicionales en el sector energético son algo más del doble que las estimadas por el NGFS. Por el contrario, el IMF (por sus siglas en inglés, 2019) calcula que estas inversiones adicionales son menos de la mitad de las estimadas por el NGFS, aunque para limitar el aumento de temperaturas a 2º en lugar de alcanzar el objetivo de cero neto en 2050. Con todo, además de ser la referencia para bancos centrales y supervisores, los escenarios del NGFS tienen la ventaja de situarse cerca del promedio del rango de estimaciones existentes.
[5] En 2020 suponían 130.000 millones de dólares, el 4% del total de fondos de inversión sostenible, pero desde 2017 crecen más que los convencionales y el último año aumentaron casi el 50% su tamaño.
[6] Consistente con ello, el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) encuentra evidencia de que la deuda de empresas con mayores emisiones de carbono tiende a negociarse con rendimientos ajustados al riesgo ligeramente superiores (mayor en el caso de las empresas de los sectores intensivos en energía), lo que es consistente además con un menor coste real del capital para las compañías con menores emisiones. Véase “Achievements and challenges in ESG markets“, BIS Quarterly Review, BIS, diciembre de 2021.
[7] Marketing engañoso para persuadir de que el producto, los objetivos o las políticas de una organización son respetuosos con el medio ambiente.
[8] Degryse, H; R. Goncharenko; C. Theunisz; T. Vadasz. “When green meets green” Working Paper Research 392, National Bank of Belgium, octubre de 2020.
[9] Los autores clasifican a las empresas como “verdes” si informan voluntariamente al Proyecto de Divulgación de Carbono (CDP), mientras que los bancos se clasifican como “verdes” si son miembros de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI). Hay que tener en cuenta que la clasificación utilizada en el documento es bastante laxa, ya que formar parte de UNEP FI o CDP no garantiza la conciencia medioambiental. Así, aunque deben tratarse con cautela, es razonable pensar que los resultados deberían ser aún más favorables con una clasificación más estricta.
[10] El objetivo de movilizar 100.000 millones de dólares al año para 2020 para acción climática en países en desarrollo se formalizó en la COP16 de Cancún.
[11] Véase Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries Aggregate trends updated with 2019 data, OECD, 2021.
[12] El coste del capital es función del coste de financiación, que depende a su vez de la carga de deuda, la inflación, los márgenes de intermediación financiera y la prima de riesgo. Al coste de financiación se añadiría el efecto del precio relativo de los bienes de capital, su depreciación y los impuestos.
[13] Para un mayor detalle, véase “Demystifying Private Climate Finance” UNEP FI, diciembre de 2014.
