Nicaragua, desde el año 2018, ha vivido una de las crisis sociopolíticas más profundas de los últimos años, como resultado de la permanencia del régimen dictatorial y dinástico Ortega-Murillo que se ha caracterizado por la corrupción y por el cierre de todos los espacios democráticos con el objetivo de retener el poder a cualquier costo provocando descontento en la población.
Este descontento desembocó en protestas pacíficas que fueron reprimidas de manera violenta por la Policía Nacional y fuerzas paramilitares, creadas por el régimen para socavar las marchas, utilizando recursos institucionales.
Los abusos acumulados del régimen condujeron a un detonante social que inició el 18 de abril de 2018 y que se ha extendido hasta la fecha.
Esta crisis ha dejado más de 300 personas asesinadas, un gran número de heridos, personas privadas de libertad y persecución a defensores de derechos humanos, periodistas y a la población civil en general, según el Informe País Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De igual manera, las instituciones estatales han estado al servicio del régimen, como la Policía Nacional que junto al Poder Judicial han abierto causas penales a ciudadanos sin ningún asidero legal.
La sociedad sigue exigiendo por la vía cívica la democratización de Nicaragua y elecciones libres y trasparentes, a lo que la dictadura responde con más violaciones de derechos individuales, cárcel, asedio, intimidación y asesinatos selectivos a la población, causando inseguridad ciudadana y un ambiente de incertidumbre en el país.
Asimismo, esta crisis ha provocado grandes pérdidas económicas en las empresas que son asediadas por grupos paramilitares del régimen y que han saqueado negocios y destruido la propiedad privada.
El régimen, a través del terrorismo de Estado, está promoviendo la invasión de la propiedad privada, saqueos y odio a través de sus medios oficiales y generando un mayor riesgo en el aumento del crimen organizado, deteriorando significativamente los indicadores de crecimiento económico.
Para este año 2021, aunque hay una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que evidencia que la naturaleza del régimen de los Ortega-Murillo es ilegal e ilegitimo por carecer de procesos reales y democráticos, esta había llegado a algunos acuerdos con el régimen para darle una solución a la crisis mediante la realización de elecciones.
Entre los acuerdos pactados con el régimen para generar condiciones para unos comicios justos, se estableció la modernización del Consejo Supremo Electoral (CSE); los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión; el registro abierto de los nuevos partidos políticos; actualización de los registros de votación; observación electoral internacional; distribución de cédulas de identidad; la publicación de los resultados en tiempos real y procedimientos adecuados para la presentación de quejas.
Sin embargo, el régimen incumplió estos acuerdos y reformó la ley electoral para bloquear a partidos políticos opositores, inhibir candidatos y elegir nuevos magistrados en el CSE abiertamente adeptos a la dictadura que les garantice un fraude electoral.
Asimismo, el 19 de octubre del año 2020 se publica la ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que tiene como principal objetivo establecer marcos regulatorios aplicados a personas naturales y jurídicas nacionales y/o extranjeras con el propósito de bloquear el financiamiento extranjero a las organizaciones de la sociedad civil que han sido abiertamente criticas al régimen.
De igual manera, se han criminalizado las protestas y se vive en un estado policiaco de facto, bajo el asedio constante a los grupos opositores por parte de bandas criminales en complicidad con la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, ambas instituciones son los únicos medios de sostenimiento del régimen a través de la violencia.
Es importante destacar que además de poner trabas a las organizaciones políticas, han despojado de la personería jurídica a varios partidos políticos opositores y han abierto investigaciones criminales en contra de los precandidatos presidenciales, tal es el caso de la señora Cristiana Chamorro, que se le ha imputado el supuesto delito de lavado de dinero y sin ningún asidero jurídico se le dictó casa por cárcel el día miércoles, 2 de junio de 2021. Es importante destacar que la señora Chamorro es uno de los liderazgos más visibles y creíbles en Nicaragua.
Asimismo, el día sábado, 5 de junio, fue arrestado el académico opositor Arturo Cruz bajo el pretexto de supuesto injerencismo y por infringir la supuesta ley de Defensa de los Derechos de los Pueblos, conocida popularmente como “ley guillotina”.
Ese mismo día fue citado a declarar, por la Fiscalía, el líder opositor y precandidato presidencial Félix Maradiaga en un proceso de causa desconocida. Es importante resaltar que el señor Maradiaga, al igual que otros líderes opositores, tiene prohibido salir de su casa y se encuentra retenido por la policía, aunque no haya ningún proceso abierto o sentencia que lo declare culpable a la fecha.
En este contexto, la dictadura ha recibido constantes sanciones económicas de parte de la comunidad internacional; sin embargo, ante estas medidas han endurecido sus posiciones y cerrado a la fecha las posibilidades de un diálogo franco que permita dar una salida política a la crisis.
