Rogelio Alonso es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos
Después de décadas sufriendo el terrorismo, de éxitos y sacrificios, de errores y lecciones aprendidas, sigue recurriéndose a la irresponsable instrumentalización política de tan decisivo ámbito para la sociedad y la seguridad. Y ese es un desafío urgente para el próximo Gobierno.
El breve análisis que a continuación se expone sobre la nueva Estrategia Nacional contra el Terrorismo se sustenta en una premisa determinante para la comprensión de su verdadera finalidad y contenidos: el documento ha sido aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional pocas semanas antes de que se haya anunciado una inminente convocatoria de elecciones de la que saldrá un nuevo gobierno que será el responsable de aplicar esta estrategia. Se evidencia así la instrumentalización de esta estrategia y del trabajo de los profesionales de la seguridad obligados a acomodar su planificación y actuación a los cambiantes intereses políticos. Así, aunque la estrategia reivindica en repetidas ocasiones el consenso político, el Gobierno ha renunciado a debatirla y consensuarla con otras formaciones políticas que quizás sean las que deban aplicar “el marco político estratégico en la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento” que dice ser. Un gobierno con la debilidad del actual, y que como resultado de esta se ha visto forzado a convocar elecciones, debería haber mantenido el documento como proyecto sin comprometer el periodo de cuatro años de vigencia que establece.
En segundo lugar, debe destacarse que se trata de un documento fundamentalmente descriptivo y declarativo, pero no operativo. En lugar de asumir esta limitación y su orientación informativa, la estrategia aprobada ahora por el Gobierno español se plantea aspiraciones más ambiciosas, llegando a afirmar que: “Su objetivo se dirige a neutralizar la amenaza que representa el terrorismo contra los ciudadanos y los intereses españoles dentro y fuera de las fronteras, reduciendo la vulnerabilidad de la sociedad y haciendo frente a los procesos de radicalización que llevan al extremismo violento”. Se confunde así la finalidad de un documento que no desarrolla un exhaustivo análisis técnico y operativo ni propuestas de este tipo y que, en consecuencia, debería más bien asumir como su cometido principal la contribución a la reflexión sobre los riesgos y amenazas que el terrorismo y el extremismo violento entrañan para España.
De ese modo, el documento recurre a genéricos lugares comunes más propios del discurso político que del estratégico, rehuyendo la concreción necesaria que enriquecería la estrategia si de verdad se deseara que esta fuera de utilidad práctica y operativa para quienes se enfrentan al terrorismo. Numerosos ejemplos lo evidencian, descubriendo otra de las deficiencias de un texto que se compromete a elaborar un “Informe Anual de Evaluación de la Estrategia donde figurará el grado de ejecución y cumplimiento de sus objetivos”. Políticos y burócratas estarán encantados de vender propagandísticamente supuestas metas cumplidas si llega el momento de evaluar objetivos genéricos deliberadamente inespecíficos para eludir su correcta medición; no así quienes se toman en serio la seguridad y ponen su vida en riesgo enfrentándose al terrorismo y para quienes las tácticas y las estrategias no son mera retórica.
Por un lado, se señala: “Por lo tanto, la potenciación de los recursos humanos, materiales y técnicos de los órganos nacionales de seguridad e inteligencia y de los procedimientos en que estos se basan, además de la coordinación y la explotación de la inteligencia obtenida, resultan fundamentales”. Sin embargo, nada se aclara ni detalla sobre cómo se va a dotar a los responsables y profesionales de nuestras agencias de seguridad de los instrumentos necesarios para conseguir esa potenciación, coordinación y explotación. En esa misma línea, se identifican otros amplios objetivos: “Robustecer los instrumentos legales tanto a nivel nacional e internacional, ante la evolución de las actividades relacionadas con el terrorismo y el extremismo violento, ofreciendo una respuesta acorde con penas proporcionales, eficaces y disuasorias”; y “Perfeccionar las capacidades legales que permitan la persecución de estos delitos en los espacios comunes globales». Sin embargo, nada se especifica sobre los nuevos instrumentos legales que desde policía, servicio de inteligencia, fiscalía y judicatura se reclaman a las autoridades políticas para llenar de contenido dichas genéricas aspiraciones y materializarlas eficazmente.
En este sentido, también es reveladora otra de las genéricas pretensiones recogidas en la estrategia: “Es imperativo reforzar los sistemas de coordinación de la respuesta, asistencia a las víctimas, reparación del daño causado y recuperación de la normalidad institucional y social”. Y es que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, introduce el texto con esta afirmación: “También España está ahora más preparada que nunca para afrontar el terrorismo, con los mejores profesionales y la mejor experiencia exitosa tras haber acabado con el terrorismo de ETA que tanto sufrimiento causó durante años en nuestro país”. De esta forma prologa una estrategia en la que se ensalza la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo del año 2011, cuando ni el Gobierno de Pedro Sánchez ni los anteriores presididos por Mariano Rajoy la han aplicado con el fin de evitar los numerosos homenajes a terroristas que se celebran con total impunidad en el País Vasco y Navarra. Dicha Ley, en su Artículo 61, Defensa del honor y la dignidad de las víctimas, obliga a Estado y Administraciones públicas a prevenir e impedir actos “que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas”.
La Estrategia reclama repetidamente “la implicación de la sociedad” y por ello justifica el carácter público de un documento cuyo formato y contenidos dificultan su utilidad pedagógica para un amplio espectro de la ciudadanía. La preferencia por un enfoque predominantemente genérico e impreciso, como se ha señalado, constriñe el componente formativo de la estrategia y su eficacia. La siguiente declaración de intenciones lo ilustra, sumándose a los abundantes ejemplos de semejante estilo: “La prevención resulta clave para eliminar en su origen las futuras amenazas. Requiere, no obstante, un especial esfuerzo de concienciación y coordinación de todas las Administraciones y una amplia gama de medidas en todos los ámbitos de nuestra sociedad”. En la línea ya referida más arriba, no se aporta ninguna concreción ni consideraciones específicas sobre los mecanismos necesarios para lograr esa concienciación o una coordinación de los tres niveles de la administración –estatal, autonómica y local– imprescindible para desarrollar el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta. La auténtica y efectiva aplicación de este plan se ha visto condicionada desde su origen por la ausencia de voluntad política de los distintos gobiernos en un panorama político de considerable confrontación política y de competencia de recursos en los citados niveles de la Administración.
Por todo ello, desgraciadamente no sorprende que carezca de un presupuesto específico la Estrategia contra el Terrorismo ahora presentada, que posiblemente el Gobierno publicitará como un logro durante la campaña electoral a pesar de los déficits analizados. Recientemente el director del Centro Nacional de Inteligencia reclamaba un presupuesto específico que hoy no existe para el ámbito de ciberseguridad. También ha rechazado el Gobierno la petición de los profesionales de la seguridad de incluir un presupuesto específico para una Estrategia contra el Terrorismo que lógicamente este Gobierno no va a aplicar. De ahí que una de las conclusiones que se extrae tras la lectura de esta Estrategia sea que después de tantas décadas sufriendo el terrorismo, de tantos éxitos y sacrificios del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil y del CNI, de errores y lecciones aprendidas, hoy sigue recurriéndose a la irresponsable instrumentalización política de tan decisivo ámbito para nuestra sociedad y nuestra seguridad. Aquí radica otro desafío pendiente y urgente para el próximo Gobierno de España.
Orden PCI/179/2019, de 22 de febrero, por la que se publica la Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2019, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, Boletín Oficial del Estado, número 49, martes 26 de febrero de 2019, Sec. I, página 17942. Ibid., p. 17943. Ibid., p. 17964. Ibid., p. 17957. Ibid., p. 17959. Ibid., p. 17965. Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2019, Gobierno de España, Presidencia del Gobierno, p. 4. Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, Boletín Oficial del Estado, núm. 229, sec. I, p. 100588.
Orden PCI/179/2019, de 22 de febrero, por la que se publica la Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2019, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, Boletín Oficial del Estado, número 49, martes 26 de febrero de 2019, Sec. I, página 17964.
“El Director del CNI insta a una mayor inversión en ciberseguridad”, AB, 14/02/2019,
