Cada vez que ha gobernado el Partido Popular, una legión de politólogos, sociólogos, juristas y periodistas se han activado para analizar la calidad democrática de España. El resultado de sus análisis, recogido en documentos con apariencia de seriedad, tenía poco misterio. Cuando el PP gobierna, la izquierda no pierde tiempo en denunciar la pérdida de calidad democrática en nuestro país porque en su imaginario no otra cosa puede ocurrir cuando gobierna el PP.
El activismo de estos pretendidos académicos es particularmente deleznable porque hace pasar por hallazgo científico lo que no es más que la expresión de su sectarismo. Por eso, a ninguno de ellos, ni a sus informes, se les oye decir una sola palabra ante el proceso de deterioro democrático e institucional sin precedentes que actualmente sufre España.
Hemos vivido bajo dos estados de alarma que, de manera inconstitucional, fueron utilizados por el Gobierno para decidir la suspensión –no la limitación– de derechos fundamentales y, de paso, cancelar el régimen de control parlamentario hasta los niveles especialmente escandalosos del segundo estado, con el que Gobierno se liberó del control parlamentario durante meses porque la renovación del estado de alarma le resultaba engorrosa e incómoda. Semejante desviación en el uso de los instrumentos constitucionales de excepción fue aderezada con las referencias a un ficticio comité de expertos, invenciones sobre rankings internacionales que solo existían en la imaginación gubernamental e inquietantes confesiones de monitorización de las redes sociales para que el Gobierno no tuviera que encontrarse con un clima adverso a su gestión.
La Justicia tampoco parece que viva su mejor momento. Fue gracias al rechazo de las instituciones europeas que el Gobierno tuvo que desistir de su propósito de controlar el Consejo General del Poder Judicial con su mayoría parlamentaria. No ha ocurrido lo mismo con la Fiscalía General del Estado, que sigue ocupada por una exministra del Gobierno de Sánchez y exdiputada del PSOE no precisamente caracterizada por su templanza y moderación. Esa misma fiscal a la que se quiere asegurar una “salida digna” con el ascenso a la condición de fiscal de Sala cuando abandone el cargo, según dispone una enmienda a la reforma de la Ley Concursal que los socialistas han intentado deslizar, ni que decir tiene que sin hablarlo con la oposición a pesar de que los autores de la iniciativa lo hayan planteado como un refuerzo de la independencia del fiscal general.
En cuanto al proceso legislativo, el abuso del decreto-ley ha convertido este procedimiento en la regla general en la producción normativa con ese rango. En 2021, de las 15 leyes ordinarias aprobadas solo 7 procedieron de proyectos de ley presentados por el Gobierno, una se correspondió con una proposición de ley y el resto fueron decretos-leyes convertidos.
El deterioro de la práctica democrática y parlamentaria aparece con una evidencia más que preocupante en el hecho de que el Gobierno haya recurrido cada vez más a las proposiciones de ley orgánica, promovidas con sus socios para eludir la participación en el proceso legislativo de los órganos consultivos que preceptivamente deben informar las iniciativas cuando estas proceden del Gobierno como proyectos de ley.
La degradación del control parlamentario y del propio procedimiento legislativo, siempre con la excusa de la excepcionalidad de la situación, está marcando mínimos de calidad democrática que el Gobierno, con su presidente a la cabeza, han metabolizado en comportamientos con los que Sánchez pretende acercarse a una condición presidencial que amenaza a la propia naturaleza del modelo parlamentario que establece la Constitución.
Porque era difícil, pero Sánchez ha conseguido superarse en desprecio a los procedimientos políticos propios de una democracia parlamentaria con su decisión de dar un vuelco a la política española en relación con el Sáhara, por sí y ante sí, con una iniciativa que solo cuenta con el apoyo de su partido y que, por tanto, es ostensiblemente minoritaria.
Ante todo ello, conviene llevar buena cuenta del desprecio autoritario que está sufriendo la calidad democrática de nuestro país por obra del Gobierno y de quienes le vienen apoyando, entre el silencio de los que se arrogan el papel de prescriptores de la democracia. Habrá tiempo de recordarlo.
