«¡Paren rotativas!», ironizaba la portavoz del PSOE, tras la última reunión de su Ejecutiva, valorando la noticia de las reuniones del empresario Barrabés con los Sánchez-Gómez en La Moncloa. Poca broma: el psicodrama sanchista de los cinco días de retiro se resolvió –recordamos– con la amenaza de usar el BOE contra la judicatura, la prensa y la oposición.
Los socios exigen pasar de las musas al teatro y Sánchez les ha regalado una función en pase matutino: compareciendo en el Congreso para anunciar un plan de regeneración democrática que preserve el pluralismo “en nombre de todas las izquierdas”; trasponga (componga) un Reglamento europeo, por definición de aplicación inmediata; deforme leyes para oscurecer lo que se dice querer aclarar y ahonde el proceso de degeneración democrática que empasta la coalición gobernante tanto como deshace el tejido institucional del Estado.
BULOS Y BULAS
El presidente del Gobierno inició su intervención confundiendo deliberadamente los bulos, las fake news, con opiniones discutibles o reprobables. En un debate tan delicado como lo es el que aborda los límites de la libertad de expresión, confundir mentiras deliberadas con opiniones desagradables es francamente peligroso.
En 2020el Gobierno ya anunció la creación de una suerte de “comisión para la verdad” pretextando normativa europea sobre lucha contra la desinformación. A este Gobierno le cuesta entender que, en democracia, fortalecer el pluralismo es justo lo contrario de vigilarlo. El pluralismo se fortalece respetando la independencia de los medios de comunicación. La lucha contra la desinformación, los bulos y la injerencia de potencias extranjeras en procesos electorales internos no da bula para extender el control gubernamental más allá de ese objeto. Pero Sánchez no combate la desinformación, sino la información que le disgusta. Por eso se plantea este debate ahora, haciendo coro a la impostada campaña monclovita sobre la “máquina del fango”, cuando salen a la luz informaciones que, más allá de su concreción penal, abochornan cualquier conciencia democrática. Al respecto, ninguna explicación; parecen bastar la difamación y la amenaza.
LOS AUTÉNTICOS CONSENSOS EUROPEOS
Sánchez demuestra muy poco respeto por las instituciones europeas cuando las usa, fraudulentamente, de parapeto. Mencionar el Plan Europeo de acción Democrática y el fenómeno –muy real– de las injerencias en la UE es, en el caso de este Gobierno, mentar la soga en casa del ahorcado. Porque ha sido Sánchez el valedor del archivo de causas abiertas en España acerca precisamente de las conexiones rusas con el secesionismo catalán y de la injerencia directa de la Rusia de Putin en el procés. Eso sí es un consenso europeo avalado por sendos informes del Parlamento y la Comisión.[1]
Como también se logró por amplio consenso la reforma del reglamento de la Orden Europea de Detención y Entrega (“euroorden”) para incorporar al listado de delitos que implican una entrega automática las agresiones al orden constitucional[2].
Ampliamente fue también consensuado en Europa el acuerdo para reforzar la sanción penal de la malversación de fondos comunitarios[3], o la estandarización de la participación directa de jueces y magistrados para elegir a sus pares en los Consejos judiciales.
Si Sánchez quiere trasladar consensos europeos a la vida nacional, enhorabuena, tiene una amplia tarea de rectificación por delante y así:
- Derogar una amnistía anticonstitucional y promover la entrega de prófugos de la justicia que atentaron gravemente contra la convivencia y las leyes, tal y como lo recomiendan pronunciamientos y disposiciones aprobados por una amplia mayoría en el Parlamento Europeo.
- Facilitar la reforma de la LOPJ para restablecer un procedimiento de elección conforme al diseño original de la Constitución y a los estándares europeos, tal y como recomiendan los informes sobre Estado de derecho de la Comisión relativos a España.
- Cesar al fiscal general del Estado y atenerse a criterios de despolitización de ese órgano en línea con las mismas disposiciones.
- Atender a las recomendaciones del Consejo de Europa que, a través de la Comisión de Venecia, atesora un importante acervo doctrinal sobre despolitización de tribunales constitucionales y criterios sobre composición de esos órganos que la objetivan.
- Restablecer en el Código Penal el delito de sedición y homologar con criterios europeos el de malversación.
- Y ya, de paso, normalizar el portal de transparencia y los usos en las ruedas de prensa tras los Consejos de ministros, antes de organizar en Vitoria cumbres mundiales sobre “Gobierno Abierto”.
LOS REGLAMENTOS SE APLICAN, NO SE TRASPONEN
En su réplica al presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo ha recordado, muy oportunamente, que los Reglamentos comunitarios no se trasponen, se aplican. Sánchez invoca el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, aprobado el pasado marzo y publicado en abril, como paraguas de medidas que anuncia, pero no concreta. Se las puede ahorrar, porque ese Reglamento, como todos, es plenamente vigente desde hace tiempo en todo el territorio de la Unión.
El Reglamento es un acto jurídico definido por el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Reviste un alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en todos los Estados miembros. Va dirigido a categorías abstractas de personas. A diferencia de las Directivas, se aplica de manera inmediata como norma en todos los Estados miembros de la UE, sin necesidad de ser transpuesto al Derecho nacional. Sus efectos jurídicos se imponen en el conjunto de las legislaciones nacionales de forma simultánea, automática y uniforme.
Lo que ocurre es que a Sánchez le interesa muy poco ese Reglamento. Lo usa como pretexto para anunciar un desarrollo legislativo que, si se materializa, ya puede asegurarse que caminará, de nuevo, en sentido contrario a la marcha europea.
Para empezar, el Reglamento, en su art. 3, proclama el derecho de los ciudadanos europeos “a tener acceso a una pluralidad de contenido de medios de comunicación editorialmente independiente”. Pensando en las injerencias extranjeras, y en concreto en la política rusa de desinformación a través de la cooptación de medios, su letra y espíritu están muy lejos, en las antípodas de la intención de Sánchez.
Es un Reglamento pensado para proteger a periodistas y editores, no para proteger a dirigentes políticos en apuros de la fiscalización de la prensa libre. En su artículo 21 previene: “las medidas legislativas, normativas o administrativas tomadas por un Estado miembro que puedan afectar al pluralismo de los medios de comunicación o a la independencia editorial de los prestadores de servicios de medios de comunicación que operan en el mercado interior estarán debidamente justificadas y proporcionadas”. Pone así límites a la actuación gubernativa en defensa de la libertad de prensa, e incluso tiene vocación de impedir que redes sociales como Facebook, X o Instagram, “restrinjan o eliminen arbitrariamente” contenidos de medios independientes, en aras de una conformación pluralista de la opinión pública.
EL RESTO DEL “PAQUETE”
La regeneración degenerada que nos anuncia el sanchismo va más allá de una alusión a la normativa europea. Se nos habla de reforzar el “derecho al honor” en el tratamiento informativo de las noticias. Como si no existieran disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales al respecto. Como si estuviera en España inerme y sin legitimación activa para accionar ante un tribunal cualquier víctima de una difamación publicada en prensa. Gestos y propaganda; denuncias, ninguna.
Responsabilidad, solvencia económica y moral, procedimiento rápido y severidad en las sanciones cuando se incurre en responsabilidad penal, son prendas para el buen empleo de la libertad de información. Pero ¿a dónde se quiere ir a buscarlas? ¿Es que no están ya en los Códigos y en la práctica cotidiana de los tribunales? ¿O es que se piensa en una suerte de censura por la vía indirecta de la asfixia y la amenaza? En un país libre, el régimen de la prensa se orienta por dos principios simultáneos: máxima libertad, máxima responsabilidad. Pero las responsabilidades en la ley común, con garantía judicial. Porque sería intolerable cualquier intromisión del poder gubernativo para sancionar infracciones cuya definición debe serle ajena.
En el mismo paquete se anuncia lo que para Sumar es una derogación y para el PSOE una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. No acaban de aclararse unos socios que, en materia jurídica, siempre coinciden en su devoción por la Ley del Embudo. Tampoco desarrolló el presidente en la tribuna el anuncio del día anterior de su vicepresidenta acerca de la derogación –sumamente regeneradora– del delito de injurias a la Corona. Esperamos que la señora Díaz advierta a la mayor brevedad que en los Estados civilizados los delitos se ubican en repertorios llamados Código Penal, y alcance a distinguir cuanto antes el ius puniendi del Estado de la potestad sancionadora de la Administración. Por el bien de todos.
Por si fuera poco, el paquete incluye una vieja aspiración de muchos juristas: la reforma de los reglamentos del Congreso y Senado. ¿Para mejorar la calidad del proceso legislativo? No, eso son minucias. Se trata de “endurecer” las sanciones relativas a irregularidades en la declaración de bienes de diputados y senadores. O más bien de tener la oportunidad de hacer una alusión de mala fe. En todo caso, los reglamentos de las Cámaras importan mucho menos que la posibilidad de animar el debate en las redes sociales; son tan aburridas las academias…
Lo de reformar la ley electoral para obligar a publicar microdatos de las encuestas demoscópicas es, en boca de los dueños del CIS–Tezanos, otra muestra de humor bizarro. Pedro Sánchez le declaró una guerra relámpago al pudor, victoriosa hace mucho. Lo de ahora es ya puro ensañamiento.
Nada de lo que anuncia el presidente, en fin, obedece a una genuina necesidad regeneradora. Para defender los valores a los que apela, para satisfacer las necesidades que menciona, hay resortes jurídicos disponibles de sobra. Pero no es ahí hacia donde apuntan sus intenciones. Lo que hay, de momento, es un discurso que intenta, por un lado, zafarse del clima mefítico que envuelve el entorno del presidente del Gobierno; y por otro, un anuncio que intenta atornillar el ‘frente amplio’ con que Sánchez disimula la jibarización de su partido y su entrega a una amalgama radical deseosa de convertir el Parlamento en Convención y el Gobierno en Comité de Salvación Pública.
Dependerá de una judicatura independiente, de una prensa libre y de una oposición responsable evitar que las palabras de ese discurso aterricen en el Boletín Oficial del Estado y pueda llevárselas el viento. Porque quienes calumnian la seguridad ciudadana motejándola de mordaza confunden la regeneración con un bozal. En esto, Sánchez disiente por completo de Jefferson, que prefería vivir en un país que no tuviera gobierno y tuviese periódicos, antes que en país que no tuviera periódicos y tuviese gobierno. Es como el sacristán de aquella zarzuela de Fernández Caballero, La Marsellesa, cantando lo de:
El pensamiento libre proclamo en alta voz,
y muera quien no piense igual que pienso yo
¿Paren rotativas? Nunca sin antes haber denunciado tantas mentiras y enfrentado tantas amenazas.
[1] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0079_ES.html
[2] https://www.abc.es/espana/abci-parlamento-europeo-aprueba-tramite-reforma-euroorden-202101192134_noticia.html?vca=swg-entitlement-login
[3] https://fundacionfaes.org/otra-mascara-que-cae-la-supuesta-homologacion-europea-de-la-malversacion/
