Ante la notoria insuficiencia de las medidas tributarias para hacer frente a la crisis aprobadas por el Gobierno la semana pasada, distintos colectivos, entre los que se encuentran las principales asociaciones de fiscalistas de nuestro país, han reclamado con contundencia la adopción de medidas efectivas para alcanzar este objetivo.
El 18 de marzo, un día después de que de forma tan incomprensible como mezquina el Real Decreto 465/2020 excluyera a los plazos tributarios de la suspensión aprobada para los procedimientos administrativos, la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), reclamó al Gobierno mayor solidaridad con los contribuyentes. En la misma línea, esta asociación emitió el día 22 una nota en la que lamentaba “la falta de sensibilidad a la hora de entender el posible incumplimiento forzado de obligaciones tributarias como consecuencia de la situación tan extraordinaria en la que nos encontramos, sensibilidad que sí ha quedado demostrada al abordarse posibles situaciones de fuerza mayor en los ámbitos del derecho civil, administrativo o laboral”.
Después de recordar que el Eurogrupo ha recomendado la adopción de medidas tributarias orientadas a diferir impuestos para paliar los déficits de liquidez de las empresas, acompañó la nota de una propuesta de medidas fiscales que estimaba debían ser aprobadas con carácter urgente.
Una serie de propuestas fueron enviadas al Ministerio de Hacienda por las Asociaciones y Colegios Profesionales que integran el Foro Profesional Tributario que, ante la ausencia de medidas efectivas, remitieron a la ministra una carta el día 23 en la que nuevamente incidieron en “la petición de ampliación de plazos, especialmente los correspondientes al primer trimestre de 2020, ya no solo como profesionales colaboradores sociales y en pro de la cooperación que hemos venido demostrando con estas administraciones, si no por solidaridad con empresas y contribuyentes, para poder cumplir con las obligaciones tributarias”.
También el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), envió un escrito a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en el que pedía ampliar el plazo para la presentación de las autoliquidaciones, agilizar aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias para las empresas que no se consideren PYMES, el cese del envío de notificaciones y la modificación del plazo de presentación del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto sobre el Patrimonio, así como la declaración del Impuesto de Sociedades para ejercicios iniciados en 2019.
Los que esperaban que el Consejo de Ministros del martes 23 aprobara medidas en esta dirección han sufrido una gran decepción, ya que no se ha adoptado ninguna. Como muestra podemos remitirnos a la valoración del Consejo General de Economistas que considera que “la comparecencia de hoy de la ministra portavoz, que, a su vez, lo es del Ministerio de Hacienda, ha sido para nosotros un ‘jarro de agua fría’ y parece indicar falta de sensibilidad del Ministerio con empresas y profesionales, a quienes parece querer negar herramientas de fácil implementación y bajo coste que podrían ser de gran ayuda para garantizar su supervivencia facilitándoles algo de liquidez con una sencilla ampliación de plazos de las autoliquidaciones tributarias; lo que sería especialmente importante para aquellos que, a duras penas, están intentado mantener la actividad –máxime con la extensión del estado de alarma 15 días más–, y a los que parecen estar dejando en una situación de desamparo”.
Como si en nuestro país no estuviera pasando nada, la Agencia Tributaria ha puesto en marcha la web para la Declaración de la Renta de 2019, con los mismos plazos de siempre: declaraciones a presentar entre el 1 abril y el 30 de junio y una campaña presencial retrasada por el estado de alarma, para la que se podrá pedir cita a partir del 5 de mayo y que comenzará el día 7 de ese mes.
Se intenta justificar esta actuación afirmando que es especialmente importante preservar las fechas previstas para que los contribuyentes puedan empezar a recibir devoluciones cuanto antes. Este argumento es tan falaz como irresponsable. Podría mantenerse la campaña online para los contribuyentes que solamente necesitan confirmar los borradores de declaración, ampliándose los plazos para los demás.
En esta dirección, la Diputación Foral de Álava ha puesto en marcha la vía telemática para realizar la declaración y va a enviar las cartas con las propuestas de liquidación a los contribuyentes a lo largo del mes de abril. Los que no tengan que realizar ninguna modificación, podrán aceptarla por vía online o telefónicamente. La atención presencial se retrasa a septiembre y la campaña tendrá dos períodos: de abril a junio, el primero, y los meses de septiembre y octubre, el segundo. Los pagos se retrasan a noviembre, aunque se mantienen los plazos de devolución de 24/48 horas; nada que ver con lo que sufren muchos contribuyentes en territorio común, cuyas devoluciones se retrasan en función de las necesidades de tesorería del Gobierno, muchas veces hasta el mes de diciembre.
Muchas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos también están aprobando medidas para suspender los plazos en los impuestos que gestionan mientras dure el estado de alarma y para aliviar la presión fiscal de los contribuyentes que están perdiendo sus ingresos.
Por desgracia, el Ministerio de Hacienda rema en la dirección contraria. La solidaridad de ciudadanos y empresas se está demostrando sobradamente en medio de esta tragedia. Es lamentable que nos falte la solidaridad de los primeros que están obligados a ello.
